Desde inicios de julio, las vías del departamento del Cesar han sido escenario de bloqueos por parte de la comunidad campesina de la región, que denuncia un presunto incumplimiento por parte del Gobierno nacional en la entrega de tierras. Noticias Caracol conoció las denuncias realizadas por líderes, que siguen a la espera de la legalización de estas entregas y del pronunciamiento de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) acerca de estas protestas, tras un diálogo que sostuvo con los voceros de los manifestantes. La comunidad campesina estaría preocupada porque se les entregó el terreno, pero no el documento que oficializa la propiedad. El reloj corre para el ahora Gobierno saliente, y ellos temen que después del 7 de agosto nadie les responda y el proceso se quede en nada.
Las movilizaciones no solo se tomaron vías del departamento, sino que también llegaron hasta la ciudad de Valledupar, donde campesinos del Cesar, La Guajira y Magdalena fueron hasta la sede de la Agencia Nacional de Tierras para exigir respuestas, según registraron medios locales. Los participantes de la protesta exigen la entrega oficial de los títulos que acrediten la entrega de tierras, pues esta acción, según ellos, no ha sido formalizada jurídicamente. Varios señalan que estuvieron presentes en los actos oficiales de la entrega de tierras y algunos habrían recibido resoluciones de adjudicación. Pero lo que falta y ellos reclaman son las escrituras que dejan constancia de la propiedad de dichos terrenos. Esta situación ha sido motivo de incertidumbre entre las familias beneficiadas de esta iniciativa, liderada por la ANT.
Una lideresa de Chimichagua hizo una denuncia pública contra Felipe Hartman, actual director de la ANT, y las representantes a la Cámara Alexandra Pineda y Nadia Umaña, “por hacer entrega de tierras simbólica e irregularmente a asociaciones campesinas del municipio y casi todo el país, generando falsas expectativas en las comunidades”. La mujer, que protege su identidad, señala que las tierras no habrían sido adquiridas legalmente por la ANT.
Sobre el tema también se refirió el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, quien conoció los testimonios recogidos el día en que las comunidades se instalaron frente al edificio de la Caja Agraria, cuando se activó el protocolo de diálogo en el marco de la protesta. Y es que los manifestantes expresaron temor, teniendo en cuenta que el gobierno actual se irá en cuestión de días “y no hay quien les solucione a ellos la titularidad” de las tierras entregadas en el acto. El mandatario relata que desde la administración estuvieron intentando comunicarse con la ANT, pero en Valledupar “no había nadie responsable que les diera la cara”. Las horas avanzaron y la exigencia de la presencia de un funcionario de la entidad no surtió efecto, por lo que la protesta procedió a cerrar una de las entradas principales de la ciudad.
En el marco del empalme con el nuevo gobierno, un funcionario de la ANT dijo que una comisión de campesinos viajara hasta Bogotá, ya que no se podía enviar a nadie, esto en palabras de Orozco. Y así fue. Desde la administración municipal, Orozco le hace un llamado al Gobierno nacional para que tome cartas en el asunto y no sea ajeno a las protestas que hay en el corazón del Cesar.
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¿Qué responde la Agencia Nacional de Tierras?
Noticias Caracol consultó con la ANT sobre estas protestas y en qué fase del proceso se encuentra esta entrega de tierras y su respectivo título. La entidad señala que el director, Felipe Hartman, habló con las comunidades campesinas del Cesar y del país, que se encuentran intranquilas al todavía no recibir los títulos legales. Sobre los avances que dejaron las reuniones, la ANT manifestó que entre esta y la próxima semana de julio se hará la entrega de algunas titulaciones.
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Parte de estas tierras hacen parte de las tierras recuperadas de la SAE en el marco de la reforma agraria. Según el balance del sector agricultura del Gobierno nacional, se recuperaron más de 550 predios en varios departamentos de Colombia, como el Cesar. Y es que las tierras otorgadas a ellos fueron otrora propiedades administradas por la SAE que la Agencia adquirió por un billón de pesos. En total, fueron 250 predios comprados en un convenio y cuyo proceso de titulación puede demorar hasta siete meses, pero siguen en firme y llegarán de manera paulatina a los nuevos propietarios, los campesinos. En el eventual caso de que haya un revés jurídico por algún proceso de extinción de dominio, no se devolverá el predio —que ya es del campesino beneficiado—, sino que se dará el valor correspondiente a lo que vale el predio al antiguo dueño o señalado testaferro.
María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
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