La procuradora general de la nación, Margarita Cabello, se refirió a la importancia del control ciudadanos sobre los órganos de control y mostró preocupación por un “excesivo presidencialismo”.>>>Caso Centros Poblados: procuradora anuncia tutela para recuperar $70.000 millones perdidos“Hay un control más importante y es el que necesitamos desde la Procuraduría para que cada vez sea más fuerte y contundente y es, precisamente, el control social. La corrupción, la inestabilidad, el avance del excesivo presidencialismo y la incertidumbre no van a cesar, si no se ejerce un control de la ciudadanía sobre los órganos”, aseguró.Margarita Cabello resaltó la función clave de la ciudadanía y órganos de controlEn ese sentido, de acuerdo con Margarita Cabello, la ciudadanía es justamente el poder que facilitaría la existencia de equilibrios en una democracia que “necesita de la función pública” y su control sobre los órganos de control es clave para que estos sean soporte y balanza en momentos de incertidumbre.Además, la jefa del Ministerio Público mostró preocupación por ese excesivo presidencialismo que conllevaría escenarios de abuso de poder.“Requerimos a las instituciones del Gobierno, haciéndoles caer en cuenta de los errores, de las debilidades y de las falencias que tienen para ayudarlos, que es nuestra labor de armonía entre órganos de gobierno y órganos de control a que asuman las funciones de frente y con fuerza”, expresó Margarita Cabello.Así las cosas, la procuradora general de la nación remarcó que los órganos de control, como es el caso del Ministerio Público, garantizan el equilibrio de poderes, al igual que la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos de la ciudadanía en Colombia.>>>Procuradora Cabello cuestiona al Ministerio de Igualdad: "Dos años y no veo nada"
Luego de que la Procuraduría General de la Nación decidiera archivar la investigación contra Karen Abudinen, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) durante el gobierno del presidente Iván Duque, en el caso Centros Poblados, la jefa del Ministerio Público, Margarita Cabello, anunció una tutela para seguir con la recuperación de 70.000 millones perdidos.>>>Archivan investigación a Karen Abudinen, exministra de las TIC, por caso Centros Poblados“La Procuraduría General de la Nación fue quien inmediatamente propuso, presentó una acción popular con medidas cautelares de embargos de bienes de todos los involucrados en Centros Poblados para efectos de recuperar los dineros. Acción popular que todavía en nuestro pensar fue dada por terminada abruptamente. Contra eso interpusimos recurso, nos fueron negados y estamos listos para presentar una acción de tutela a efectos de que esa acción popular siga su recorrido. Es decir, se han recuperado dineros y tenemos tres líneas de acción en donde es la Procuraduría la que más ha trabajado en esos temas”, aseguró Cabello.En ese sentido, la procuradora fue vehemente en decir que el Ministerio Público “es la única entidad que hasta ahora ya tiene sentencias sancionatorias contra los funcionarios del Ministerio de las TIC que trabajaron en la elaboración y en licitación correspondiente” al caso de Centros Poblados.“Con sanciones altas porque nosotros sí actuamos”, enfatizó Margarita Cabello en relación a las sentencias de la Procuraduría.¿Qué dijo la procuradora sobre la investigación de Karen Adudinen?Frente a la investigación a la exministra de las TIC Karen Abudinen que fue archivada, la jefa del Ministerio Público aseguró que “la sala correspondiente determinó que no había pruebas ni elementos suficientes que demostraran que ella fue la que participó en el proceso licitatorio” y “eso le correspondió a la Secretaría General”.Además, precisó que Karen Abudinen “fue la que ordenó parar la licitación, anunció de los problemas en las pólizas y también fue la que ordenó la investigación, por lo que está observando que no era correcto en ese proceso licitatorio que se cayó”.El escándalo de Centros PobladosEl caso de Centros Poblados comprende una cadena de irregularidades en un escandaloso contrato para llevar internet a colegios de zonas rurales de Colombia. Se trató de un acuerdo entre el Ministerio de las TIC y la Unión temporal Centros Poblados, que recibió un anticipo de 70.000 millones de pesos, aunque se presentaron garantías falsas.El 9 de septiembre de 2021, cuando Karen Abudinen renunció a su cargo en el Ministerio de las TIC, en medio del escándalo por la pérdida de $70.000 millones, afirmó lo siguiente: “Procedí con honradez y transparencia. Los que hoy se satisfacen lanzando humillaciones en mi contra, algún día, cuando se imponga la verdad en todo su esplendor, reconocerán su error”.>>>Karen Abudinen lanza libro sobre los $70 mil millones de Centros Poblados y la llaman "descarada"
El senador Iván Cepeda anunció que interpondrá una queja ante la Corte Suprema de Justicia y solicitará a la Corte Constitucional “que inadmita la solicitud de revisión presentada por (Margarita) Cabello, con la que pretende favorecer al abogado Diego Cadena”.>> “Pronto el expresidente Uribe afrontará las consecuencias de su actuación”: Iván CepedaA través de un comunicado, el congresista del Pacto Histórico recordó que “la semana pasada, diversos medios de comunicación dieron a conocer que la Procuraduría General de la Nación, en abierta defensa del abogado Diego Cadena Ramírez, le pidió a la Corte Constitucional revisar la tutela que éste presentó en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ocasión de la decisión de incorporar las interceptaciones de sus comunicaciones con el expresidente Uribe Vélez en el juicio que se sigue en su contra”.Iván Cepeda recordó que el 13 de abril de 2023, “la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en sede de apelación, determinó la validez probatoria de las referidas comunicaciones y ordenó que fueran incorporadas en el juicio que se sigue contra el abogado Cadena. Contra esta decisión el abogado Cadena interpuso tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por presunta vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”.La Corte Suprema negó en primera y segunda instancia el amparo invocado.“Apelada esta decisión, la propia defensa (de Cadena) desistió del recurso. Sin embargo, la Sala de Selección de tutelas de la Corte Constitucional, por insistencia de la Procuraduría General de la Nación, seleccionó la tutela para someterla a revisión y, mediante sentencia de unificación SU 388 de 21 de noviembre de 2021, confirmó la decisión del Juzgado 4 Penal del Circuito de Bogotá D.C.”, que había declarado “improcedente” la tutela, explicó Iván Cepeda.¿Procuraduría quiere beneficiar a Uribe?Para el senador, “la Procuraduría General de Nación ha asumido el rol de defensora en las actuaciones que se siguen contra Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena y ha desconocido abiertamente las funciones de intervención en el proceso penal que cumple constitucional y legalmente el Ministerio Público”.>> Álvaro Uribe, molesto: radicará tutela porque le negaron recusación contra fiscal Villareal“Por ello, interpondremos queja ante la Corte Suprema de Justicia contra la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y le pediremos a la Corte Constitucional que inadmita la solicitud de revisión que ésta presentó en relación a la tutela que le fue negada al abogado Diego Cadena”, explicó.
La Procuraduría alertó sobre la desnutrición infantil en Colombia. En lo que va del año ya van más de 10 muertes de niños menores de 5 años por esta situación, por lo que el ente de control pidió a los mandatarios locales acciones urgentes.Mapa del hambre en Bogotá: 4 mil niños sufren desnutrición aguda en la ciudadLa procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, mostró su preocupación ante las cifras de desnutrición infantil que presenta a la fecha el país.“Grave situación de desnutrición infantil que se está presentando en el país y que ya ha ocasionado la muerte de 12 niños o niñas menores de 5 años de edad en lo que va corrido del año”, aseguró.Los departamentos más afectados son Chocó, con 4 casos; Guajira, con 2, y Risaralda, con 2. En el año 2023 se presentaron 244 fallecimientos por desnutrición y La Guajira lideró la lista con 74 decesos, seguida por Chocó (46), Cesar (27), Antioquia (22) y Magdalena (20).En ese sentido, la Procuraduría pidió tomar acciones urgentes.“Me obliga como procuradora general de la Nación a recordarles, de manera urgente, a los mandatarios territoriales que deben tomar medidas necesarias para lograr detener esos altos índices de mortalidad por esta causa. Ya en este instante vamos a ordenar que se hagan los requerimientos respectivos a todas las autoridades”, sostuvo Margarita Cabello.Por su parte, la Secretaría de Salud de Risaralda anunció acciones para combatir la problemática en el departamento, ante la alerta de la Procuraduría.“En este momento, ya estamos trabajando en unas mesas intersectoriales en el municipio de Pueblo Rico y también las vamos a hacer en el municipio de Mistrató, para articularnos con el ICBF, con el municipio, con las Empresas Sociales del Estado de cada uno de los municipios”, afirmó Édgar Navarro, secretario de Salud de Risaralda.En lo corrido de 2024, el Instituto Nacional de Salud ha reportado un total de 1.746 casos por morbilidad asociados a desnutrición. La mayoría de los registros se presentan en Bogotá, con 250; La Guajira, con 185; Antioquia, 169; Cundinamarca, 90, y Chocó, 68.El Ministerio Público solicitó a los gobiernos locales estrategias integradas para la atención y seguimiento prioritario a los casos de morbilidad asociados a la desnutrición.Así mismo, hará las exigencias en el seguimiento a las acciones que realicen mandatarios locales para la seguridad alimentaria y nutricional, teniendo en cuenta el plan de desarrollo.Alarmantes cifras de desnutrición de menores en Colombia
Luego de que la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, rechazara los hechos ocurridos este jueves, 8 de febrero de 2024, en inmediaciones al Palacio de Justicia, bloqueando la salida de los magistrados, y que ella dijera que estarían "secuestrados" por los manifestantes, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X y le envió una contundente respuesta a la alta funcionaria.Procuradora Margarita Cabello dice que magistrados de Corte Suprema estarían “secuestrados”El mandatario expresó su molestia por las palabras de la procuradora y le dijo que "las órdenes a la Policía las da el presidente de la República así que le solicito a la procuradora mesura".El presidente Petro también le pidió a Margarita Cabello que "no abuse de sus funciones".La polémica se generó luego de que Margarita Cabello asegurara que siente “una preocupación muy grande” y dijera que “en estos momentos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos funcionarios se encuentran dentro del Palacio, podríamos decir entre comillas secuestrados por un grupo de manifestantes”.La procuradora advirtió que es necesario un llamado a la solidaridad a ese orden autónomo del Gobierno, como lo es la rama judicial.Además, hizo una petición a la fuerza pública para proteger el bienestar de los magistrados. “Hoy más que nadie exigimos a la fuerza pública y al general Salamanca que actúen con contundencia para garantizar la vida de los magistrados y los funcionarios y la institucionalidad en el país”, expresó.Tensión en la Corte Suprema de JusticiaEste jueves, 8 de febrero de 2024, después de conocerse que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no eligieron a la nueva fiscal general de la Nación, un grupo de protestantes se tomaron las salidas del Palacio de Justicia para presionar que los funcionarios votaran para reemplazar a Francisco Barbosa.Como los magistrados no eligieron a la nueva fiscal, de la terna que envió el presidente Gustavo Petro, conformada por Ángela María Buitrago Ruiz, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra, alguien deberá tomar las riendas de la Fiscalía, ya que Barbosa sale de su cargo el próximo 12 de febrero.La persona que reemplazaría temporalmente el puesto de fiscal general de la Nación sería la actual vicefiscal Martha Mancera.Ministro de Justicia: “El Gobierno respeta el derecho a la protesta, pero no las vías de hecho”La Policía Nacional, en cabeza del general William Salamanca, director de la institución, actuó por directriz del presidente Petro, para que los manifestantes fueran dispersados de las afueras de Palacio de Justicia.
La procuradora Margarita Cabello, en diálogo con Noticias Caracol, lanzó duras advertencias al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la situación de orden público en Colombia. Además, cuestionó la paz total con el ELN y las disidencias de las FARC por cuenta de los secuestros.Clara Luz Roldán respondió a orden de arresto de la JEP en su contra: “Interpondré un recurso”“En Cauca venimos avisando desde hace tiempo que observamos y nos manifiesta la población del Cauca, las autoridades y los gremios que se ha perdido el control institucional en el Cauca y que eso les preocupa mucho. Por esa razón, a raíz de los últimos acontecimientos y de la gravedad de la situación de asesinatos, masacres, asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, le hicimos un requerimiento duro al ministro de Defensa, diciéndole que, por favor, nos informe cuál es la estrategia y la política de seguridad específicamente en el departamento”, comentó la procuradora Margarita Cabello.De acuerdo con la funcionaria, el llamado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, se he hecho en dos ocasiones, pero no han tenido respuesta del jefe de esta cartera.“Nos respondió ayer con una carta no firmada por el ministro, no firmada por un viceministro que maneje los temas de seguridad, sino firmada por una viceministra que tiene que ver mucho más con las personas que están ya en jubilación, que ya están alejadas de la rama. No importa, nos respondió, lo vamos a mirar muy bien. No vimos grosso modo que nos hayan dado una respuesta clara sobre ese plan estratégico y de política clara de seguridad, estamos esperando”, afirmó.¿Cuál es la responsabilidad del ministro de la Defensa? ¿Se llegará al punto de una investigación?Asesinato de Elmer Abonía, alcalde de Guachené, fue durante un robo: así lo narró la fiscal del caso“El ministro, junto con la fuerza pública, que dependen mucho del ministro, es el responsable de la seguridad del país. El presidente es el jefe de la seguridad en el país y, por lo tanto, en cabeza de ellos está la necesidad de garantizar la tranquilidad y la seguridad a todos los ciudadanos. Vamos a analizar el traslado disciplinario y vamos a mirar con detenimiento si lo podemos mirar desde la visión de omisión de actuación, de falta de actuación, o sea, omisión en sus actuaciones, o por algunas actuaciones correspondientes que no han dado las garantías suficientes en el país, pero eso está en curso y creemos que ya es hora de seguir siendo mucho más contundentes”, puntualizó la procuradora Margarita Cabello.
Un choque de trenes se desató entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora general, Margarita Cabello, ante la negativa del jefe de Estado de nombrar el remplazo del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes. Para la jefa del Ministerio Público, el mandatario está promoviendo “la impunidad” y “el desacato”. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habló de las sanciones a las que se expone Petro.Procuradora Margarita Cabello a presidente Petro: "La democracia se respeta, gústenos o no”Y es que el presidente de la República, en un nuevo trino, afirmó que “cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución, no es un caos. Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia”.Para la procuradora Margarita Cabello, con estos mensajes “es claro que en la medida en que el presidente insiste en su negativa de nombrar remplazo de los alcaldes suspendidos, continuará promoviéndose el caos. Pero hay que dejar algo claro: eso no invalidará cualquier decisión de suspensión que tome la Procuraduría General de la Nación, que fue quien suspendió al alcalde de Riohacha por una investigación que se está haciendo en una medida provisional. Y la decisión de la Procuraduría es de cumplimiento inmediato. Al presidente le corresponde es designar a un alcalde encargado, un reemplazo. Al no hacerlo, indudablemente está promoviendo una crisis de gobernabilidad en el distrito de Riohacha, pero para nada invalida cualquier decisión de suspensión que adoptemos nosotros en este o en cualquier otro caso”.“Con esa línea de mensajes que está presentando el presidente, está desconociendo completamente la institucionalidad democrática y se promueve el desacato, que es más grave”, insistió la funcionaria, quien recalcó que “la Corte Constitucional, en febrero de este año, ya ratificó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y juzgar servidores públicos en elección popular”.“El presidente de la República no puede, porque no le gusta una decisión que ha proferido la Corte Constitucional, decir que no la va a cumplir, porque está desbaratando la armonía institucional y el respeto por la rama judicial que es autónoma e independiente de sus decisiones”, agregó.¿Los convenios internacionales hay que cumplirlos?Margarita Cabello: Claro. Y la forma de cumplirlos es que entren y hagan parte del ordenamiento jurídico colombiano a través de un estudio que hace la Corte Constitucional para determinar hasta qué punto las decisiones internacionales no afectan el ordenamiento jurídico interno y eso ya lo hizo la Corte Constitucional, y decidió que en una aplicación armónica de la sentencia de la Corte Interamericana con la Constitución colombiana, la Procuraduría podía seguir investigando y sancionando a los funcionarios electos popularmente.La decisión que se respeta y que hay que acatar, todos los ciudadanos de Colombia, es de la Corte Constitucional, y ese es el órgano máximo que da la orientación de la obediencia que deben tener los ciudadanos frente a las leyes colombianas.¿Por qué no sale entonces el alcalde de Cartagena, William Dau?Margarita Cabello: El alcalde Dau fue suspendido en primera instancia y acatando nosotros la sentencia de la Corte Interamericana, en lo que fue avalado por la Corte Constitucional, en la Procuraduría hay doble instancia y luego tiene que ir la decisión definitiva sancionatoria al Consejo de Estado para que la avale, la verifique y luego de ahí es que quedaría suspendido.William Dau, alcalde de Cartagena, dice que no dejará su cargo pese a fallo de la ProcuraduríaEn Riohacha lo que hay es una medida provisional que se hizo cautelar para evitar que el alcalde incida o reitere las conductas que son objeto de investigación, y estas medidas son provisionales que no fueron tocadas en la Corte Interamericana porque la sentencia se refiere a sanciones, condenas, y aquí estamos apenas en una medida provisional que se da para proteger el patrimonio público de Riohacha, para proteger a la ciudad y la comunidad de Riohacha, por cuanto se presume que podría haber reincidencia en la conducta por parte de ese alcalde.¿Por qué habla de caos institucional frente a las elecciones?Margarita Cabello: Es muy delicado que un presidente de la República desconozca una decisión de la Procuraduría que está siendo avalada por una sentencia de la Corte Constitucional. Se rompe el principio de colaboración armónica entre los poderes, es un tema en que el presidente de la República está promoviendo la impunidad, debilitando la lucha contra la corrupción, y más en estos momentos cercanos de elecciones regionales y peor todavía, está enviando un mensaje de que no hay ley, que no hay que cumplir las sanciones frente a los electos popularmente y por eso la Procuraduría no puede permitir eso. Es un caos. El presidente está en su postura promoviendo la impunidad e incitando a todos los funcionarios públicos que desacaten decisiones de la Procuraduría avaladas por el Consejo de Estado en su momento.Eso es lo grave y por eso hablo del caos y de la ruptura de la democracia en Colombia con el desconocimiento de la autonomía e independencia de una rama judicial, de un ente de control y el irrespeto o el desacato porque no le gustó que ya fijó una línea de la Corte Constitucional colombiana. Eso es muy grave, porque yo no puedo como presidente de la República decir que como no me gusta una decisión del órgano judicial la desacato. Entonces mañana desacata la de la Fiscalía, mañana desacata una decisión del Consejo de Estado, mañana desacata cualquier decisión y eso sería una ruptura de la democracia en Colombia y lo que es peor, generando una incitación a que el resto de los funcionarios sigan ese mal ejemplo y desacaten las decisiones de las instituciones legítimas en nuestro país.¿Pedirá alguna investigación contra el presidente Gustavo Petro?Margarita Cabello: "No creo conveniente seguir generando más controversias y más confrontaciones que le van a generar a la ciudadanía angustias, temores e incertidumbres.Ya el mal ejemplo está empezando a cundir. El alcalde de Riohacha dijo ayer que no iba a acatar la orden de suspensión. Que no se equivoque el alcalde de Riohacha al querer reintegrarse al cargo, él continúa suspendido y se expone seriamente a una responsabilidad penal y disciplinaria. La carta del presidente, que está generando esa incertidumbre y caos para nada afecta la orden de suspensión que dio la Procuraduría General de la Nación".Margarita Cabello recalcó que “funcionario electo que esté destituido o inhabilitado o suspendido por la Procuraduría General de la Nación no puede inscribirse” para las elecciones regionales.¿Podría Gustavo Petro enfrentar sanciones por no acatar fallo de la Procuraduría General?“Este era un choque anunciado”, dijo Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, al hablar de las competencias del Ministerio Público y por qué el presidente Petro debe acatar el fallo.“Reformamos la Procuraduría asignándole unas competencias de primera instancia para este tipo de medidas y de sanciones. Con segunda instancia en el Consejo de Estado. Es lo que este momento avaló la Corte Constitucional y la razón acompaña a la procuradora”, recalcó.Explicó que “la sanción la aplica la Procuraduría y el alcalde de Riohacha está sancionado. Lo que le compete al presidente es no dejar el vacío administrativo y nombrar en interinidad en el cargo a alguien. Si él no quiere hacerlo se expone a graves sanciones, no solamente penales sino también de orden administrativo”.“Él lo que tiene que hacer es respetar el sistema jurídico colombiano, nos guste o no nos guste. El presidente de la República, un jerarca administrativo, no puede so pretexto de que no le gusta cómo quedó la reforma entrar a decir que no la va a cumplir” porque “implica un desacato a las normas”, precisó.Arrubla subrayó que el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos cuando él fue alcalde de Bogotá “era con una legislación anterior a la que hay ahora”.Así mismo, reconoció que no le gustó la reforma de la Corte Constitucional sobre las competencias de la Procuraduría, “yo fui uno de sus críticos. Sin embargo, en este momento hace parte del sistema jurídico colombiano y el presidente, que juró cumplir la Constitución y las leyes no está siendo fiel a ese juramento”.Añadió que el presidente Petro “tiene una competencia asignada por la ley, que es que cuando la Procuraduría, en una medida cautelar como está haciendo, aparte a un alcalde a él le toca llenar el vacío. Si no lo hace está faltando a sus competencias funcionales y puede verse él mismo incurso en un proceso disciplinario, que obviamente es el Congreso el que lo tiene que hacer porque él tiene un fuero especial. Pero incluso puede haber la comisión de un delito porque como funcionario administrativo él tiene que garantizar el cumplimiento de la ley y si no lo hace puede ser un prevaricato”.“O sea que el presidente se está exponiendo sin necesidad a una serie de investigaciones únicamente por llevarse un choque ideológico. Cuando uno ya está gobernando tiene que quitarse todo ese bagaje político, del discurso y de las actitudes y cumplir la Constitución en la ley, que es lo que a él le corresponde. Si no le gusta la norma, que proponga una reforma, que es lo que él puede hacer. Pero la que hay actualmente, avalada por la Corte Constitucional y que a mí tampoco me gusta, habría que acatarla”, concluyó.
La procuradora General, Margarita Cabello, le respondió al presidente Gustavo Petro, luego de que este, en una carta dirigida a la funcionaria, le manifestara que no suspenderá al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes. “La democracia se respeta, gústenos o no”, le dijo la jefa del Ministerio Público.William Dau, alcalde de Cartagena, dice que no dejará su cargo pese a fallo de la ProcuraduríaCabello reaccionó así luego de que el jefe de Estado dijera en la misiva que le envió que de suspender al alcalde “estaría desconociendo, vulnerando o incumpliendo el derecho humano reconocido para el sujeto disciplinado en el artículo 23 de la Convención ADH y comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado”.Tras lo expresado por el presidente Petro, la procuradora general manifestó que “ojalá no se rompa la democracia con algunas instituciones, como el presidente de la República, que desconociendo al Estado social de derecho quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente determinó que, en Colombia, la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, si no la ejercen múltiples autoridades”.La decisión del Ministerio Público fue dictar medidas cautelares contra el alcalde de Riohacha y suspenderlo por tres meses en medio del proceso disciplinario que se le abrió por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.“La investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación con la ratificación propia del Consejo de Estado. Y esa decisión fue ratificada por una sentencia de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional”, manifestó la procuradora.“Todas las autoridades, incluyendo al presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de derecho de nuestro país”, puntualizó la funcionaria.Margarita Cabello dijo además que le preocupa “que en este momento de elecciones y de proceso electoral se esté dando vía libre a incumplir el Estado de derecho y la democracia, y a darles a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados por la Procuraduría durante estos tres años, puedan aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse y afectar la legitimidad del ciudadano para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país”.Para la procuradora “no es posible que en momentos electorales en nuestro país se genere un caos institucional y se les entregue a todos estos sancionados la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción y su inhabilitación”.“La democracia se respeta, gústenos o no nos guste”, ratificó Margarita Cabello.Petro volvió a referirse al metro de Bogotá: "Incumplieron este acuerdo con la Nación”
“Ojalá esto no sea un mal precedente y un mal ejemplo para nuestro país”, dijo la procuradora Margarita Cabello en respuesta al presidente Gustavo Petro, luego de que este en una carta dirigida a la funcionaria le manifestara que no suspenderá al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes.Petro volvió a referirse al metro de Bogotá: "Incumplieron este acuerdo con la Nación”“Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones, como el presidente de la República, que desconociendo al Estado social de derecho quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente determinó que en Colombia, la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, si no la ejercen múltiples autoridades”, dijo Cabello.La decisión del Ministerio Público fue de dictar medidas cautelares contra el alcalde y suspenderlo por tres meses en medio del proceso disciplinario que se le abrió.La Procuraduría investiga al alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de Riohacha.“La investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación con la ratificación propia del Consejo de Estado. Y esa decisión fue ratificada por una sentencia de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional”, manifestó la procuradora.“Todas las autoridades, incluyendo al presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de derecho de nuestro país”, puntualizó la funcionaria.Para la paz total “hagan bien las cosas”, pide el fiscal Francisco Barbosa al Gobierno nacionalLa procuradora dijo además que le preocupa “que en este momento de elecciones y de proceso electoral, se esté dando vía libre a incumplir el Estado de derecho y la democracia, y a darles a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados por la Procuraduría durante estos tres años, puedan aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse y afectar la legitimidad del ciudadano para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país”.Para Cabello, “no es posible que en momentos electorales en nuestro país se genere un caos institucional y se les entregue a todos estos sancionados la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción y su inhabilitación”.“La democracia se respeta, gústenos o no nos guste”, ratificó la procuradora Margarita Cabello.
Este miércoles, 15 de marzo de 2023, el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República la ley de sometimiento. Sin embargo, desde algunos sectores políticos y hasta la procuradora cuestionaron la iniciativa.En relación: Ley de sometimiento: ¿qué beneficios ofrece a las bandas criminales?Uno de los puntos que establece la ley de sometimiento es cerrarle la puerta al estatus político a las estructuras criminales de alto impacto. Asimismo, mantiene la cárcel efectiva de 6 a 8 años, más 4 años adicionales de justicia restaurativa en libertad condicional.Si se encuentran colados, es decir, criminales que no pertenezcan a estas estructuras, perderán los beneficios del sometimiento y se iniciarán investigaciones penales. El proyecto no modifica los tratados de extradición.“El régimen de extradición se sigue sometiendo a las reglas ordinarias, esas reglas ordinarias, como todos los sabemos, tienen un momento de discrecionalidad del presidente de la República para conceder o negar, caso por caso, las extradiciones negadas y aprobadas por el poder judicial", declaró el ministro de Justicia, Néstor Osuna.Quienes se sometan podrían conservar hasta el 6% del valor de los bienes entregados, siempre y cuando no excedan los 10.000 salarios mínimos, cerca de 11. 500 millones de pesos. En caso de que los bienes hayan sido blanco de extinción de dominio y estén en poder del Estado, estos ya no serán contabilizados.También lea: Ley de sometimiento recibió concepto favorable del Consejo Superior de Política CriminalSin embargo, a la ley de sometimiento no le faltaron las críticas.Para el exvicepresidente de Colombia y líder del Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, este proyecto le abre la puerta a un “descomunal proceso de impunidad".“Cuando hablamos de principio de oportunidad, hablamos de cero penas y, sin embargo, ¿a quiénes se le dan cero penas? A quienes ejerzan actividades delictivas como concierto para delinquir con fines de masacres, asesinos de líderes sociales, y nos preocupa que este principio de oportunidad sea tan laxo, tan débil, diría yo”, aseveró la procuradora, Margarita Cabello.Por su parte, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, también reaccionó ante la ley de sometimiento.“Yo quiero decirlo con mucha claridad, yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma. Cómo así que la Oficina del Alto Comisionado para La Paz, o el alto comisionado para la Paz, tiene o se obliga dentro del proyecto a la Fiscalía a entregarle toda la información judicial, expedientes, indagaciones, todo en el marco del acercamiento que él está haciendo, ¿dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al Gobierno nacional que el fiscal general hace parte de la rama judicial del poder público, subalterno del Ejecutivo no soy”, afirmó el fiscal Barbosa.La ley de sometimiento tiene mensaje de urgencia, otro de los puntos que fue criticado desde varios sectores.
