El senador Iván Cepeda anunció que interpondrá una queja ante la Corte Suprema de Justicia y solicitará a la Corte Constitucional “que inadmita la solicitud de revisión presentada por (Margarita) Cabello, con la que pretende favorecer al abogado Diego Cadena”.>> “Pronto el expresidente Uribe afrontará las consecuencias de su actuación”: Iván CepedaA través de un comunicado, el congresista del Pacto Histórico recordó que “la semana pasada, diversos medios de comunicación dieron a conocer que la Procuraduría General de la Nación, en abierta defensa del abogado Diego Cadena Ramírez, le pidió a la Corte Constitucional revisar la tutela que éste presentó en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ocasión de la decisión de incorporar las interceptaciones de sus comunicaciones con el expresidente Uribe Vélez en el juicio que se sigue en su contra”.Iván Cepeda recordó que el 13 de abril de 2023, “la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en sede de apelación, determinó la validez probatoria de las referidas comunicaciones y ordenó que fueran incorporadas en el juicio que se sigue contra el abogado Cadena. Contra esta decisión el abogado Cadena interpuso tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por presunta vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”.La Corte Suprema negó en primera y segunda instancia el amparo invocado.“Apelada esta decisión, la propia defensa (de Cadena) desistió del recurso. Sin embargo, la Sala de Selección de tutelas de la Corte Constitucional, por insistencia de la Procuraduría General de la Nación, seleccionó la tutela para someterla a revisión y, mediante sentencia de unificación SU 388 de 21 de noviembre de 2021, confirmó la decisión del Juzgado 4 Penal del Circuito de Bogotá D.C.”, que había declarado “improcedente” la tutela, explicó Iván Cepeda.¿Procuraduría quiere beneficiar a Uribe?Para el senador, “la Procuraduría General de Nación ha asumido el rol de defensora en las actuaciones que se siguen contra Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena y ha desconocido abiertamente las funciones de intervención en el proceso penal que cumple constitucional y legalmente el Ministerio Público”.>> Álvaro Uribe, molesto: radicará tutela porque le negaron recusación contra fiscal Villareal“Por ello, interpondremos queja ante la Corte Suprema de Justicia contra la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y le pediremos a la Corte Constitucional que inadmita la solicitud de revisión que ésta presentó en relación a la tutela que le fue negada al abogado Diego Cadena”, explicó.
La Procuraduría alertó sobre la desnutrición infantil en Colombia. En lo que va del año ya van más de 10 muertes de niños menores de 5 años por esta situación, por lo que el ente de control pidió a los mandatarios locales acciones urgentes.Mapa del hambre en Bogotá: 4 mil niños sufren desnutrición aguda en la ciudadLa procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, mostró su preocupación ante las cifras de desnutrición infantil que presenta a la fecha el país.“Grave situación de desnutrición infantil que se está presentando en el país y que ya ha ocasionado la muerte de 12 niños o niñas menores de 5 años de edad en lo que va corrido del año”, aseguró.Los departamentos más afectados son Chocó, con 4 casos; Guajira, con 2, y Risaralda, con 2. En el año 2023 se presentaron 244 fallecimientos por desnutrición y La Guajira lideró la lista con 74 decesos, seguida por Chocó (46), Cesar (27), Antioquia (22) y Magdalena (20).En ese sentido, la Procuraduría pidió tomar acciones urgentes.“Me obliga como procuradora general de la Nación a recordarles, de manera urgente, a los mandatarios territoriales que deben tomar medidas necesarias para lograr detener esos altos índices de mortalidad por esta causa. Ya en este instante vamos a ordenar que se hagan los requerimientos respectivos a todas las autoridades”, sostuvo Margarita Cabello.Por su parte, la Secretaría de Salud de Risaralda anunció acciones para combatir la problemática en el departamento, ante la alerta de la Procuraduría.“En este momento, ya estamos trabajando en unas mesas intersectoriales en el municipio de Pueblo Rico y también las vamos a hacer en el municipio de Mistrató, para articularnos con el ICBF, con el municipio, con las Empresas Sociales del Estado de cada uno de los municipios”, afirmó Édgar Navarro, secretario de Salud de Risaralda.En lo corrido de 2024, el Instituto Nacional de Salud ha reportado un total de 1.746 casos por morbilidad asociados a desnutrición. La mayoría de los registros se presentan en Bogotá, con 250; La Guajira, con 185; Antioquia, 169; Cundinamarca, 90, y Chocó, 68.El Ministerio Público solicitó a los gobiernos locales estrategias integradas para la atención y seguimiento prioritario a los casos de morbilidad asociados a la desnutrición.Así mismo, hará las exigencias en el seguimiento a las acciones que realicen mandatarios locales para la seguridad alimentaria y nutricional, teniendo en cuenta el plan de desarrollo.Alarmantes cifras de desnutrición de menores en Colombia
Luego de que la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, rechazara los hechos ocurridos este jueves, 8 de febrero de 2024, en inmediaciones al Palacio de Justicia, bloqueando la salida de los magistrados, y que ella dijera que estarían "secuestrados" por los manifestantes, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X y le envió una contundente respuesta a la alta funcionaria.Procuradora Margarita Cabello dice que magistrados de Corte Suprema estarían “secuestrados”El mandatario expresó su molestia por las palabras de la procuradora y le dijo que "las órdenes a la Policía las da el presidente de la República así que le solicito a la procuradora mesura".El presidente Petro también le pidió a Margarita Cabello que "no abuse de sus funciones".La polémica se generó luego de que Margarita Cabello asegurara que siente “una preocupación muy grande” y dijera que “en estos momentos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos funcionarios se encuentran dentro del Palacio, podríamos decir entre comillas secuestrados por un grupo de manifestantes”.La procuradora advirtió que es necesario un llamado a la solidaridad a ese orden autónomo del Gobierno, como lo es la rama judicial.Además, hizo una petición a la fuerza pública para proteger el bienestar de los magistrados. “Hoy más que nadie exigimos a la fuerza pública y al general Salamanca que actúen con contundencia para garantizar la vida de los magistrados y los funcionarios y la institucionalidad en el país”, expresó.Tensión en la Corte Suprema de JusticiaEste jueves, 8 de febrero de 2024, después de conocerse que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no eligieron a la nueva fiscal general de la Nación, un grupo de protestantes se tomaron las salidas del Palacio de Justicia para presionar que los funcionarios votaran para reemplazar a Francisco Barbosa.Como los magistrados no eligieron a la nueva fiscal, de la terna que envió el presidente Gustavo Petro, conformada por Ángela María Buitrago Ruiz, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra, alguien deberá tomar las riendas de la Fiscalía, ya que Barbosa sale de su cargo el próximo 12 de febrero.La persona que reemplazaría temporalmente el puesto de fiscal general de la Nación sería la actual vicefiscal Martha Mancera.Ministro de Justicia: “El Gobierno respeta el derecho a la protesta, pero no las vías de hecho”La Policía Nacional, en cabeza del general William Salamanca, director de la institución, actuó por directriz del presidente Petro, para que los manifestantes fueran dispersados de las afueras de Palacio de Justicia.
La procuradora Margarita Cabello, en diálogo con Noticias Caracol, lanzó duras advertencias al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la situación de orden público en Colombia. Además, cuestionó la paz total con el ELN y las disidencias de las FARC por cuenta de los secuestros.Clara Luz Roldán respondió a orden de arresto de la JEP en su contra: “Interpondré un recurso”“En Cauca venimos avisando desde hace tiempo que observamos y nos manifiesta la población del Cauca, las autoridades y los gremios que se ha perdido el control institucional en el Cauca y que eso les preocupa mucho. Por esa razón, a raíz de los últimos acontecimientos y de la gravedad de la situación de asesinatos, masacres, asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, le hicimos un requerimiento duro al ministro de Defensa, diciéndole que, por favor, nos informe cuál es la estrategia y la política de seguridad específicamente en el departamento”, comentó la procuradora Margarita Cabello.De acuerdo con la funcionaria, el llamado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, se he hecho en dos ocasiones, pero no han tenido respuesta del jefe de esta cartera.“Nos respondió ayer con una carta no firmada por el ministro, no firmada por un viceministro que maneje los temas de seguridad, sino firmada por una viceministra que tiene que ver mucho más con las personas que están ya en jubilación, que ya están alejadas de la rama. No importa, nos respondió, lo vamos a mirar muy bien. No vimos grosso modo que nos hayan dado una respuesta clara sobre ese plan estratégico y de política clara de seguridad, estamos esperando”, afirmó.¿Cuál es la responsabilidad del ministro de la Defensa? ¿Se llegará al punto de una investigación?Asesinato de Elmer Abonía, alcalde de Guachené, fue durante un robo: así lo narró la fiscal del caso“El ministro, junto con la fuerza pública, que dependen mucho del ministro, es el responsable de la seguridad del país. El presidente es el jefe de la seguridad en el país y, por lo tanto, en cabeza de ellos está la necesidad de garantizar la tranquilidad y la seguridad a todos los ciudadanos. Vamos a analizar el traslado disciplinario y vamos a mirar con detenimiento si lo podemos mirar desde la visión de omisión de actuación, de falta de actuación, o sea, omisión en sus actuaciones, o por algunas actuaciones correspondientes que no han dado las garantías suficientes en el país, pero eso está en curso y creemos que ya es hora de seguir siendo mucho más contundentes”, puntualizó la procuradora Margarita Cabello.
Un choque de trenes se desató entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora general, Margarita Cabello, ante la negativa del jefe de Estado de nombrar el remplazo del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes. Para la jefa del Ministerio Público, el mandatario está promoviendo “la impunidad” y “el desacato”. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habló de las sanciones a las que se expone Petro.Procuradora Margarita Cabello a presidente Petro: "La democracia se respeta, gústenos o no”Y es que el presidente de la República, en un nuevo trino, afirmó que “cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución, no es un caos. Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia”.Para la procuradora Margarita Cabello, con estos mensajes “es claro que en la medida en que el presidente insiste en su negativa de nombrar remplazo de los alcaldes suspendidos, continuará promoviéndose el caos. Pero hay que dejar algo claro: eso no invalidará cualquier decisión de suspensión que tome la Procuraduría General de la Nación, que fue quien suspendió al alcalde de Riohacha por una investigación que se está haciendo en una medida provisional. Y la decisión de la Procuraduría es de cumplimiento inmediato. Al presidente le corresponde es designar a un alcalde encargado, un reemplazo. Al no hacerlo, indudablemente está promoviendo una crisis de gobernabilidad en el distrito de Riohacha, pero para nada invalida cualquier decisión de suspensión que adoptemos nosotros en este o en cualquier otro caso”.“Con esa línea de mensajes que está presentando el presidente, está desconociendo completamente la institucionalidad democrática y se promueve el desacato, que es más grave”, insistió la funcionaria, quien recalcó que “la Corte Constitucional, en febrero de este año, ya ratificó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y juzgar servidores públicos en elección popular”.“El presidente de la República no puede, porque no le gusta una decisión que ha proferido la Corte Constitucional, decir que no la va a cumplir, porque está desbaratando la armonía institucional y el respeto por la rama judicial que es autónoma e independiente de sus decisiones”, agregó.¿Los convenios internacionales hay que cumplirlos?Margarita Cabello: Claro. Y la forma de cumplirlos es que entren y hagan parte del ordenamiento jurídico colombiano a través de un estudio que hace la Corte Constitucional para determinar hasta qué punto las decisiones internacionales no afectan el ordenamiento jurídico interno y eso ya lo hizo la Corte Constitucional, y decidió que en una aplicación armónica de la sentencia de la Corte Interamericana con la Constitución colombiana, la Procuraduría podía seguir investigando y sancionando a los funcionarios electos popularmente.La decisión que se respeta y que hay que acatar, todos los ciudadanos de Colombia, es de la Corte Constitucional, y ese es el órgano máximo que da la orientación de la obediencia que deben tener los ciudadanos frente a las leyes colombianas.¿Por qué no sale entonces el alcalde de Cartagena, William Dau?Margarita Cabello: El alcalde Dau fue suspendido en primera instancia y acatando nosotros la sentencia de la Corte Interamericana, en lo que fue avalado por la Corte Constitucional, en la Procuraduría hay doble instancia y luego tiene que ir la decisión definitiva sancionatoria al Consejo de Estado para que la avale, la verifique y luego de ahí es que quedaría suspendido.William Dau, alcalde de Cartagena, dice que no dejará su cargo pese a fallo de la ProcuraduríaEn Riohacha lo que hay es una medida provisional que se hizo cautelar para evitar que el alcalde incida o reitere las conductas que son objeto de investigación, y estas medidas son provisionales que no fueron tocadas en la Corte Interamericana porque la sentencia se refiere a sanciones, condenas, y aquí estamos apenas en una medida provisional que se da para proteger el patrimonio público de Riohacha, para proteger a la ciudad y la comunidad de Riohacha, por cuanto se presume que podría haber reincidencia en la conducta por parte de ese alcalde.¿Por qué habla de caos institucional frente a las elecciones?Margarita Cabello: Es muy delicado que un presidente de la República desconozca una decisión de la Procuraduría que está siendo avalada por una sentencia de la Corte Constitucional. Se rompe el principio de colaboración armónica entre los poderes, es un tema en que el presidente de la República está promoviendo la impunidad, debilitando la lucha contra la corrupción, y más en estos momentos cercanos de elecciones regionales y peor todavía, está enviando un mensaje de que no hay ley, que no hay que cumplir las sanciones frente a los electos popularmente y por eso la Procuraduría no puede permitir eso. Es un caos. El presidente está en su postura promoviendo la impunidad e incitando a todos los funcionarios públicos que desacaten decisiones de la Procuraduría avaladas por el Consejo de Estado en su momento.Eso es lo grave y por eso hablo del caos y de la ruptura de la democracia en Colombia con el desconocimiento de la autonomía e independencia de una rama judicial, de un ente de control y el irrespeto o el desacato porque no le gustó que ya fijó una línea de la Corte Constitucional colombiana. Eso es muy grave, porque yo no puedo como presidente de la República decir que como no me gusta una decisión del órgano judicial la desacato. Entonces mañana desacata la de la Fiscalía, mañana desacata una decisión del Consejo de Estado, mañana desacata cualquier decisión y eso sería una ruptura de la democracia en Colombia y lo que es peor, generando una incitación a que el resto de los funcionarios sigan ese mal ejemplo y desacaten las decisiones de las instituciones legítimas en nuestro país.¿Pedirá alguna investigación contra el presidente Gustavo Petro?Margarita Cabello: "No creo conveniente seguir generando más controversias y más confrontaciones que le van a generar a la ciudadanía angustias, temores e incertidumbres.Ya el mal ejemplo está empezando a cundir. El alcalde de Riohacha dijo ayer que no iba a acatar la orden de suspensión. Que no se equivoque el alcalde de Riohacha al querer reintegrarse al cargo, él continúa suspendido y se expone seriamente a una responsabilidad penal y disciplinaria. La carta del presidente, que está generando esa incertidumbre y caos para nada afecta la orden de suspensión que dio la Procuraduría General de la Nación".Margarita Cabello recalcó que “funcionario electo que esté destituido o inhabilitado o suspendido por la Procuraduría General de la Nación no puede inscribirse” para las elecciones regionales.¿Podría Gustavo Petro enfrentar sanciones por no acatar fallo de la Procuraduría General?“Este era un choque anunciado”, dijo Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, al hablar de las competencias del Ministerio Público y por qué el presidente Petro debe acatar el fallo.“Reformamos la Procuraduría asignándole unas competencias de primera instancia para este tipo de medidas y de sanciones. Con segunda instancia en el Consejo de Estado. Es lo que este momento avaló la Corte Constitucional y la razón acompaña a la procuradora”, recalcó.Explicó que “la sanción la aplica la Procuraduría y el alcalde de Riohacha está sancionado. Lo que le compete al presidente es no dejar el vacío administrativo y nombrar en interinidad en el cargo a alguien. Si él no quiere hacerlo se expone a graves sanciones, no solamente penales sino también de orden administrativo”.“Él lo que tiene que hacer es respetar el sistema jurídico colombiano, nos guste o no nos guste. El presidente de la República, un jerarca administrativo, no puede so pretexto de que no le gusta cómo quedó la reforma entrar a decir que no la va a cumplir” porque “implica un desacato a las normas”, precisó.Arrubla subrayó que el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos cuando él fue alcalde de Bogotá “era con una legislación anterior a la que hay ahora”.Así mismo, reconoció que no le gustó la reforma de la Corte Constitucional sobre las competencias de la Procuraduría, “yo fui uno de sus críticos. Sin embargo, en este momento hace parte del sistema jurídico colombiano y el presidente, que juró cumplir la Constitución y las leyes no está siendo fiel a ese juramento”.Añadió que el presidente Petro “tiene una competencia asignada por la ley, que es que cuando la Procuraduría, en una medida cautelar como está haciendo, aparte a un alcalde a él le toca llenar el vacío. Si no lo hace está faltando a sus competencias funcionales y puede verse él mismo incurso en un proceso disciplinario, que obviamente es el Congreso el que lo tiene que hacer porque él tiene un fuero especial. Pero incluso puede haber la comisión de un delito porque como funcionario administrativo él tiene que garantizar el cumplimiento de la ley y si no lo hace puede ser un prevaricato”.“O sea que el presidente se está exponiendo sin necesidad a una serie de investigaciones únicamente por llevarse un choque ideológico. Cuando uno ya está gobernando tiene que quitarse todo ese bagaje político, del discurso y de las actitudes y cumplir la Constitución en la ley, que es lo que a él le corresponde. Si no le gusta la norma, que proponga una reforma, que es lo que él puede hacer. Pero la que hay actualmente, avalada por la Corte Constitucional y que a mí tampoco me gusta, habría que acatarla”, concluyó.
La procuradora General, Margarita Cabello, le respondió al presidente Gustavo Petro, luego de que este, en una carta dirigida a la funcionaria, le manifestara que no suspenderá al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes. “La democracia se respeta, gústenos o no”, le dijo la jefa del Ministerio Público.William Dau, alcalde de Cartagena, dice que no dejará su cargo pese a fallo de la ProcuraduríaCabello reaccionó así luego de que el jefe de Estado dijera en la misiva que le envió que de suspender al alcalde “estaría desconociendo, vulnerando o incumpliendo el derecho humano reconocido para el sujeto disciplinado en el artículo 23 de la Convención ADH y comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado”.Tras lo expresado por el presidente Petro, la procuradora general manifestó que “ojalá no se rompa la democracia con algunas instituciones, como el presidente de la República, que desconociendo al Estado social de derecho quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente determinó que, en Colombia, la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, si no la ejercen múltiples autoridades”.La decisión del Ministerio Público fue dictar medidas cautelares contra el alcalde de Riohacha y suspenderlo por tres meses en medio del proceso disciplinario que se le abrió por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.“La investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación con la ratificación propia del Consejo de Estado. Y esa decisión fue ratificada por una sentencia de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional”, manifestó la procuradora.“Todas las autoridades, incluyendo al presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de derecho de nuestro país”, puntualizó la funcionaria.Margarita Cabello dijo además que le preocupa “que en este momento de elecciones y de proceso electoral se esté dando vía libre a incumplir el Estado de derecho y la democracia, y a darles a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados por la Procuraduría durante estos tres años, puedan aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse y afectar la legitimidad del ciudadano para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país”.Para la procuradora “no es posible que en momentos electorales en nuestro país se genere un caos institucional y se les entregue a todos estos sancionados la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción y su inhabilitación”.“La democracia se respeta, gústenos o no nos guste”, ratificó Margarita Cabello.Petro volvió a referirse al metro de Bogotá: "Incumplieron este acuerdo con la Nación”
“Ojalá esto no sea un mal precedente y un mal ejemplo para nuestro país”, dijo la procuradora Margarita Cabello en respuesta al presidente Gustavo Petro, luego de que este en una carta dirigida a la funcionaria le manifestara que no suspenderá al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes.Petro volvió a referirse al metro de Bogotá: "Incumplieron este acuerdo con la Nación”“Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones, como el presidente de la República, que desconociendo al Estado social de derecho quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente determinó que en Colombia, la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, si no la ejercen múltiples autoridades”, dijo Cabello.La decisión del Ministerio Público fue de dictar medidas cautelares contra el alcalde y suspenderlo por tres meses en medio del proceso disciplinario que se le abrió.La Procuraduría investiga al alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de Riohacha.“La investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación con la ratificación propia del Consejo de Estado. Y esa decisión fue ratificada por una sentencia de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional”, manifestó la procuradora.“Todas las autoridades, incluyendo al presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de derecho de nuestro país”, puntualizó la funcionaria.Para la paz total “hagan bien las cosas”, pide el fiscal Francisco Barbosa al Gobierno nacionalLa procuradora dijo además que le preocupa “que en este momento de elecciones y de proceso electoral, se esté dando vía libre a incumplir el Estado de derecho y la democracia, y a darles a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados por la Procuraduría durante estos tres años, puedan aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse y afectar la legitimidad del ciudadano para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país”.Para Cabello, “no es posible que en momentos electorales en nuestro país se genere un caos institucional y se les entregue a todos estos sancionados la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción y su inhabilitación”.“La democracia se respeta, gústenos o no nos guste”, ratificó la procuradora Margarita Cabello.
Este miércoles, 15 de marzo de 2023, el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República la ley de sometimiento. Sin embargo, desde algunos sectores políticos y hasta la procuradora cuestionaron la iniciativa.En relación: Ley de sometimiento: ¿qué beneficios ofrece a las bandas criminales?Uno de los puntos que establece la ley de sometimiento es cerrarle la puerta al estatus político a las estructuras criminales de alto impacto. Asimismo, mantiene la cárcel efectiva de 6 a 8 años, más 4 años adicionales de justicia restaurativa en libertad condicional.Si se encuentran colados, es decir, criminales que no pertenezcan a estas estructuras, perderán los beneficios del sometimiento y se iniciarán investigaciones penales. El proyecto no modifica los tratados de extradición.“El régimen de extradición se sigue sometiendo a las reglas ordinarias, esas reglas ordinarias, como todos los sabemos, tienen un momento de discrecionalidad del presidente de la República para conceder o negar, caso por caso, las extradiciones negadas y aprobadas por el poder judicial", declaró el ministro de Justicia, Néstor Osuna.Quienes se sometan podrían conservar hasta el 6% del valor de los bienes entregados, siempre y cuando no excedan los 10.000 salarios mínimos, cerca de 11. 500 millones de pesos. En caso de que los bienes hayan sido blanco de extinción de dominio y estén en poder del Estado, estos ya no serán contabilizados.También lea: Ley de sometimiento recibió concepto favorable del Consejo Superior de Política CriminalSin embargo, a la ley de sometimiento no le faltaron las críticas.Para el exvicepresidente de Colombia y líder del Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, este proyecto le abre la puerta a un “descomunal proceso de impunidad".“Cuando hablamos de principio de oportunidad, hablamos de cero penas y, sin embargo, ¿a quiénes se le dan cero penas? A quienes ejerzan actividades delictivas como concierto para delinquir con fines de masacres, asesinos de líderes sociales, y nos preocupa que este principio de oportunidad sea tan laxo, tan débil, diría yo”, aseveró la procuradora, Margarita Cabello.Por su parte, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, también reaccionó ante la ley de sometimiento.“Yo quiero decirlo con mucha claridad, yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma. Cómo así que la Oficina del Alto Comisionado para La Paz, o el alto comisionado para la Paz, tiene o se obliga dentro del proyecto a la Fiscalía a entregarle toda la información judicial, expedientes, indagaciones, todo en el marco del acercamiento que él está haciendo, ¿dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al Gobierno nacional que el fiscal general hace parte de la rama judicial del poder público, subalterno del Ejecutivo no soy”, afirmó el fiscal Barbosa.La ley de sometimiento tiene mensaje de urgencia, otro de los puntos que fue criticado desde varios sectores.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Alfonso Prada, ministro del Interior, por lo sucedido en zona rural de San Vicente del Caguán. En ese sector del país murieron un uniformado de la Policía y un civil. Además, 78 policías fueron secuestrados.Intendente Juan Ávila narró cómo vivió su secuestro: “La vida nuestra estuvo siempre en riesgo"Margarita Cabello, procuradora, anunció esta decisión desde Barranquilla: “Nosotros aperturamos para determinar qué fue lo que ocurrió allí. Aperturamos, también, para mirar qué tanta responsabilidad tiene el ministerio del Interior, el ministro, o la viceministra de diálogo social frente a las advertencias que desde el mes de febrero hizo la Procuraduría para evitar que ocurriera lo que ocurrió en el Caguán”.Conforme a la procuradora, la situación se pudo haber manejado de manera distinta: “En nuestra manera de mirar las cosas se hubiera podido evitar mucho de esta tragedia”.¿Qué dijo Alfonso Prada sobre esta situación?El ministro de Interior, Alfonso Prada, es quien lidera la representación del Gobierno nacional en San Vicente del Caguán, Caquetá, luego de los desmanes que se registraron en la vereda Los Pozos, donde se presentaron enfrentamientos entre campesinos y la fuerza pública que dejaron un policía y un civil muertos. Asimismo, casi 80 uniformados de la Policía fueron secuestrados durante varias horas.En medio de las conversaciones con los manifestantes, el ministro Alfonso Prada dijo que lo sucedido con los policías en el sector no fue un secuestro, sino un "cerco humanitario".“Yo quisiera defender ante el país y ante la opinión pública que aquí hubo efectivamente, como ocurre en muchas partes del país, una movilización social de campesinos. Esa movilización social de campesinos, esa movilización de campesinos hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa. Y nosotros le damos mucho valor a la palabra que se expresa en ese documento, es que ustedes intentaron, claramente, evitar confrontación y proteger incluso la vida de quienes estaban en ese momento”, declaró el ministro Prada.Estas palabras han generado diferentes reacciones en varios sectores que rechazan esa calificación. Por lo tanto, piden la rectificación de sus palabras y respeto por la fuerza pública.“Primero, fue la privación de la libertad de estos policías, lo cual, sin pretender uno reemplazar la justicia, se acerca mucho más a un secuestro que aún cerco humanitario, que es una figura que no conocíamos. En segundo lugar, la muerte del policía y también la muerte del campesino, luego todo esto fue en un entorno de violencia”, afirmó el senador Humberto de la Calle.Policías secuestrados en San Vicente del Caguán: ¿cuáles fueron los acuerdos para su liberación?
Desde Tolouse, Francia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer detalles de la conversación que sostuvo con el fiscal general, Francisco Barbosa, sobre la solicitud de suspensión de órdenes de captura de integrantes de grupos armados, en el marco de la llamada paz total. Este tema causó discordia pues tanto el fiscal general como la procuradora general mostraron sus reparos.“Yo no soy subalterno del presidente Petro”: fiscal Francisco BarbosaEl presidente Gustavo Petro señaló este viernes en un trino que sostuvo una conversación con Francisco Barbosa y que este “tiene razón en algunos temas”.También agregó que el próximo 30 de enero se reunirá con el fiscal general para hablar sobre el tema de la suspensión de órdenes de captura y la paz total.“Yo estaba un poco sorprendido porque era por prensa que estaba viendo el tenor de las fricciones, traté de preguntarle de qué se trataba. Más o menos me comentó, creo que son cosas que se pueden solucionar, por eso quedamos de hablar el 30 de manera personal”, afirmó el mandatario desde Francia.El presidente dio a conocer que una de las sugerencias que le hizo el fiscal general es que debían tener una mayor evaluación de las personas que tendrán la conversación y negociación con el Ejecutivo.“Es en la selección de las personas que estas diferentes organizaciones ilegales hacen de acuerdo a la ley, pero que el Gobierno tiene que estudiar a profundidad y creo que en eso el fiscal general tiene mucha razón”, afirmó Gustavo Petro.Las críticas de la procuradora generalPero el fiscal general, Francisco Barbosa, no ha sido el único alto funcionario que ha mostrado su desacuerdo con la solicitud del presidente de levantar las órdenes de captura a algunos miembros de grupos armados para que participen en el proceso de paz total.“Extraditables no tendrían beneficio de levantamiento de órdenes de captura”: ministro Alfonso PradaEn entrevista con Noticias Caracol, la procuradora Margarita Cabello se refirió a la controversia que se ha suscitado en el país por la solicitud del presidente Gustavo Petro de levantar órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo y de Los Pachenca, dos organizaciones delictivas de alto impacto y de vínculos con el narcotráfico.Con la propuesta, el gobierno Petro busca avanzar en unos diálogos de paz y de sometimiento a la justicia en el marco de la paz total.La procuradora Margarita Cabello manifestó: “La Constitución es básica en decir que hay que buscar la paz y el Gobierno quiere fundamentarse en busca de la paz, a través de su ley 2272 sobre paz total, pero hay unos límites constitucionales. También que hay que tener en cuenta que el poder judicial es el llamado a determinar, en sentido del nombramiento de los representantes o los voceros, si les da la libertad o levanta las órdenes de captura o no con fundamento en algunas características o determinaciones especiales que no fueron entregadas con claridad en la solicitud ante la Fiscalía. Ahí es donde está la diferencia”.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, registró este viernes, 26 de julio de 2024, menos del 1% de incidencias en la instalación de las mesas de votación para los comicios presidenciales del próximo domingo, por lo que pidió a los ciudadanos no alarmarse porque -dijo- la voluntad del pueblo se podrá expresar en las elecciones.>>> También puede leer: Régimen de Venezuela cerró los pasos fronterizos: este es el panorama en Cúcuta"Hubo menos del 1% de incidencias en estas mesas. ¿Esto qué implica? Reitero, que no ocurrió nada más porque nuestros testigos estaban ahí y porque saben defender sus derechos, que son los derechos políticos de todos los venezolanos y es lo mismo que van a hacer el domingo", dijo la opositora Delsa Solórzano en una rueda de prensa.Ante este registro, la exdiputada pidió a la población no alarmarse y "votar masivamente" el domingo, porque la "voluntad del pueblo" será expresada en las urnas.Solórzano dijo que, si bien no justifican estos eventos, insistió en que el porcentaje es "bastante bajo", gracias a la labor de los testigos de votación acreditados."El tipo de incidencia fue el mismo, pero para que podamos hablar de patrón tiene que haber un porcentaje muy elevado de incidencias para poder decir que fue un patrón que afectó de manera importante el número de mesas instaladas", sostuvo.Instalación de mesas de votación en VenezuelaEste viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha instalado las mesas de votación que serán usadas en los comicios presidenciales, mientras circularon en las redes sociales denuncias de testigos y operadores acreditados que -aseguraron- fueron impedidos de participar en el acto de configuración de las máquinas.La presidenta de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, Aime Nogal, indicó en X que cerca de las 12:00 hora local se había registrado la instalación del 90,25% de las 30.026 mesas electorales de todo el país.La rectora no hizo comentarios sobre las denuncias que circularon en redes sociales, algunas con videos y fotografías, que muestran centros de votación custodiados por militares -como corresponde según la ley-, que no permitieron el ingreso de testigos, una red de voluntarios acreditados ante el CNE y que representan a los partidos políticos en el proceso.Según se puede ver en los videos, estos vetos son contra personas que aseguran ser representantes de la PUD, que antes ya había denunciado "trabas" del CNE para acreditar a sus testigos, algo que fue subsanado luego.>>> También puede leer: Angélica Lozano denuncia que fue deportada de Venezuela: "Nos quitaron el pasaporte"
Un recorrido llevado a cabo por la Personería de Cali evidenció que se estarían haciendo sacrificios de caballos en el río Cauca. Se hallaron restos entre las comunas 6 y 7, cerca del barrio Petecuy, nororiente de la capital del Valle del Cauca.>>> Vea más: Caballo murió mientras era utilizado como transporte, en Caquetá: doloroso video"En medio de la contaminación del río, encontramos dos sitios con osamenta equina. De mi parte, como personero de Cali, me generó escozor al ver el sacrificio de tanto animal", aseguró Gerardo Mendoza Castrillón, personero de Cali.El sacrificio de caballos "es inaceptable"Añadió que esta situación "es inaceptable desde cualquier punto de vista, porque atenta contra la salubridad pública y exige inmediata intervención por parte de las autoridades judiciales, policivas y ambientales”.“Es importante que las autoridades realicen una inspección a estos lugares para verificar este hecho a fin de encontrar los autores que hay detrás del repudiable acto que compromete la vida y la integridad física de los animales”, subrayó.Otra denuncia de la Personería de CaliPor otra parte, la Personería de Cali denunció el incremento de escombreras sobre la franja protectora del río Cauca y descargas de aguas residuales industriales que afectaron las condiciones fisicoquímicas del hilo hídrico.Esta situación hace que se tiña el cauce a la altura de la planta de tratamiento de aguas residuales Cañaveralejo y que se presente espuma en inmediaciones a la estación de bombeo Paso del Comercio.>>> Le puede interesar: La conmovedora reacción de un caballo maltratado al llegar a un refugio
Se revelaron nuevos detalles de lo que fue la celebración nupcial de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes, pese a tener una ceremonia privada, festejaron por todo lo alto su boda. >>> Le recomendamos: Ángela Aguilar habría comprado su vestido de novia en página china: ¿cuánto le costó?Por medio de sus redes sociales, la creadora de contenido Lylo Fa compartió imágenes mostrando los detalles de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar. En estas se le ve a ella junto a su esposo, el deportista Rommel Pacheco, acompañando a los recién casados.En las imágenes se ve a Nodal con un sombrero blanco y disfrutando de un trago con sus amigos. Ángela no se quedó atrás y se mostró sonriente con un nuevo vestido, tipo lencero antiguo, zapatos negros y con el pelo alborotado.>>> Puede interesarle: Las teorías que envuelven al matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿fue falsa?Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaronDespués de un par de meses de hacer público su noviazgo, Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron dar el siguiente paso en su relación y casarse.Las primeras fotos de recién casados que publicaron en redes los muestran riendo y dándose un beso, acompañado del mensaje "24.7.24", lo cual confirmaría la fecha de su boda."¡En estas fotos ahora sí se te nota tu felicidad! Dios bendiga su matrimonio y más que nada disfruten de su amor" y "Qué bellos se ven, hacen una bonita pareja" fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.
Una disputa vecinal en Chubut, Argentina, terminó con un hombre apuñalado en el rostro. La víctima, de 55 años y sargento retirado de la Policía de dicha localidad, solicitó a sus vecinos que disminuyeran el volumen de la música para poder dormir y esto desencadenó una violenta confrontación.> > > Le puede interesar: No le gustó como le quedaron las uñas y agredió a la manicurista: todo quedó en videoEl hecho ocurrió en la madrugada del pasado miércoles, 24 de julio de 2024, cuando el sargento retirado, molesto por el ruido de una fiesta al lado de su casa, se dirigió a donde sus vecinos para pedirles que bajaran la música, puesto que él no podía conciliar el sueño. Sin embargo, en lugar de recibir una respuesta positiva, fue agredido verbalmente y la situación se tornó violenta rápidamente, según informaron medios locales.Lo apuñalaron en medio de la confrontación con los vecinosLos jóvenes en la vivienda ignoraron su solicitud y, tras una acalorada discusión, comenzaron a golpearlo. Durante la pelea, el policía retirado recibió múltiples puños en el rostro y en el cuerpo. La violencia escaló cuando uno de los atacantes utilizó un cuchillo para apuñalarlo en la cara.Vecinos del área, alertados por los disturbios, acudieron al lugar y encontraron al hombre herido. Inmediatamente lo socorrieron y contactaron a la Policía. Al llegar, las autoridades encontraron al hombre con el rostro cubierto de sangre y lo trasladaron de inmediato a un hospital para atender sus heridas.La víctima recibió atención médica y, aunque las heridas no resultaron ser graves, el policía retirado sorprendió al negarse a presentar una denuncia contra los agresores, argumentando que eran conocidos del barrio.> > > Puede leer: Murió influencer conocida como 'la motera más guapa de Rusia'
Una joven llamada Camila desató una ola de indignación en redes sociales tras compartir su mala experiencia con un centro de pilates ubicado en Palermo, Argentina . A través de su cuenta de X, explicó cómo fue tratada de manera despectiva al solicitar información sobre los precios para inscribirse.> > > Intentó programar el aire acondicionado y resultó prendiendo el televisor: ¿cómo pasó?La joven contactó al centro mediante WhatsApp para conocer los horarios y costos de las clases de pilates. Inicialmente, recibió una respuesta con los horarios disponibles, pero sin mencionar los precios. Insistiendo en conocer los costos antes de programar una clase de prueba, el centro le informó que debía pagar $12.500 pesos argentinos por la clase inicial.Dispuesta a pagar la clase de prueba, Camila pidió información sobre el costo mensual de ocho clases. En respuesta, solicitó un folleto con detalles, pero el centro le respondió que no trabajaban de esa manera y le sugirieron buscar "un lugar acorde a sus necesidades". Este comentario fue percibido por Camila como despectivo y fuera de lugar."Me trataron de pobre", fue lo que pensó la joven que preguntó por las clases de pilatesConfundida, preguntó a qué necesidades se referían, reiterando que solo deseaba conocer los precios. Sin embargo, el centro insistió en su política de tomar una clase de prueba antes de proporcionar más detalles. Camila argumentó que necesitaba conocer los precios mensuales de antemano para decidir si continuaría después de la clase de prueba.La situación escaló cuando el centro mencionó que solicitaban a todos los clientes tomar una clase de prueba para determinar si podían ofrecer un servicio de calidad. Este procedimiento fue visto por ella como un proceso de selección inapropiado para unas simples clases de pilates. Además, al pedir hablar con otra persona, notó evasión por parte del establecimiento.Luego, compartió su descontento en su cuenta de X. "Nunca hago esto, pero quiero escrachar a este lugar de pilates que básicamente me trató de pobre por preguntar el precio de una clase", escribió indignada.La publicación rápidamente se viralizó, recibiendo un gran apoyo de otros usuarios que expresaron su solidaridad con Camila, al punto de escribir referencias y opiniones en el sitio web. > > > Causa polémica al decir que sus papás deben mantenerlo porque “me obligaron a nacer”