Procuradora Margarita Cabello habla en Noticias Caracol sobre conflictos con presidente Petro
La saliente procuradora Margarita Cabello reconoció que los ataques del presidente Gustavo Petro “fue una de las situaciones más difíciles” que enfrentó como funcionaria.
Margarita Cabello, saliente procuradora general de la Nación, habló con el director de Noticias Caracol sobre su gestión. Reconoció que los ataques del presidente Gustavo Petro “fue una de las situaciones más difíciles” que afrontó al estar en el cargo. “Sus primeras manifestaciones públicas fueron que él pensaba que era necesario eliminar la Procuraduría General de la Nación”, dijo la funcionaria, que deja el despacho esta semana, después de cuatro años.
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¿La Procuraduría tiene la facultad de investigar, destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente?
"La seguimos teniendo. Se le mantiene, se mantiene con la adición que ya venía en la ley 2094, que fue aprobada por el Congreso, de que las decisiones contra electos popularmente, cuando sean sanciones, pasan a una revisión automática ante la justicia contencioso-administrativa. La diferencia es que la sentencia de la Corte Interamericana dice y ordena que debe ser un juez penal, pero en Colombia, por la propia estructura orgánica de nuestro país, es perfectamente posible que la revisión de las decisiones de sanción que pone que impone la Procuraduría se revise no por un juez penal, sino por un juez de lo contencioso administrativo. No es una situación solo de Colombia. La mayoría de países de Latinoamérica tienen las mismas normas nuestras en el sentido de que pueden una autoridad administrativa sancionar e investigar, juzgar y sancionar electos popularmente, e incluso lo puede hacer autoridades jurisdiccionales distintas a un juez penal", explicó Cabello.
Con el Gobierno Petro usted denuncia que prácticamente le han secado el presupuesto, no ha tenido una relación armónica la presidencia. ¿En qué ha derivado en las funciones del Ministerio Público?
"Eso afecta. De todos modos, ha afectado el trabajo nuestro, y yo no puedo negar que es evidente que existe entre el Gobierno y la procuradora diferencias de perspectivas sobre el papel que desempeña la Procuraduría General de la Nación en una democracia. Yo soy del criterio que los entes de control son indispensables para hacer peso y contrapeso en cualquier democracia y que es indispensable para garantizar que los poderes funcionen en un Estado de derecho", reconoció Margarita Cabello.
"El quitarnos, o demorarnos o negarnos los giros que nos corresponden como Procuraduría General de la Nación como órgano autónomo independiente, de alguna manera afectan la función de vigilante que tenemos e incide en que tengamos que estar requiriendo. Es una manera muy sutil de molestar a la Procuraduría en el trabajo que tiene que hacer frente a muchos funcionarios y entidades del Gobierno", acotó.
Incluso, dio a conocer que "el PAC del mes de diciembre, que eran 33 mil millones, no se giró. El PAC de octubre y de noviembre se nos giró en diciembre, dejándonos caer en mora, lo cual implica unos pagos adicionales. Muchas vigencias futuras no se aprobaron que podían aprobarse, muchas autorizaciones presupuestales nos giraban la mitad y nos decían ‘eso se lo mandamos para que paguen tal cosa y no tal otra’. Y eso no es permitido en una Procuraduría".
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Recalcó que "lo último que deberían tocar cuando hay un problema de caja deben ser los órganos de control. De otro lado, las cifras de los PAC son cifras muy pequeñas que se podían pagar perfectamente frente a todas las otras obligaciones".
Usted venía de ser ministra de Justicia del entonces presidente Iván Duque. El día de la posesión suya dijo “hay que apoyar a nuestro gobierno” y se le vino el mundo encima. ¿Amerita cambiar la forma como se elige al procurador?
"Que a mí me haya postulado el presidente de la República no es nada extraño. El procurador anterior, el doctor Fernando Carrillo, fue ministro, fue embajador y nunca le han criticado que si venía de la política o no. Todo depende con el lente que te miren", dijo al respecto Margarita Cabello.
Sobre la supuesta persecución al Gobierno Petro, señaló que "si nosotros hemos sancionado a 550 electos popularmente ¿es que hay sesgos con el Gobierno? ¿Si tenemos 4 mil investigaciones contra electos popularmente es que nosotros estamos haciéndole persecución al gobierno actual?".
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"No me vas a decir que el Gobierno y el partido político del Gobierno tiene 574 electos sancionados y que yo los perseguí; se sancionó al que debía sancionarse de todas las corrientes. ¿Qué es lo que pasa? Que una Procuraduría General de la Nación obligatoriamente tiene que investigar a los miembros del Gobierno y este Gobierno estamos investigando porque es lo que nos toca. Al Gobierno pasado también se investigó. Hay investigaciones clarísimas y hay conceptos ante la Corte Constitucional en contra de proyectos del anterior gobierno. Lo que pasa es que cuando los absolvemos a los de este gobierno no dicen nada. Y cuando hay sanción, que no son muchas contra ellos, entonces sí hacemos persecución política", añadió.
"Existe entre el Gobierno y la procuradora diferencias de perspectivas sobre el papel que desempeña la Procuraduría", dijo Margarita Cabello -
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¿Qué opina de la forma como se ha manejado la relación con Venezuela?
La funcionaria manifestó que "la Procuraduría General de la Nación es una entidad que se encarga de garantizar la sociedad democrática y la democracia del Estado derecho de nuestro país, por lo tanto, nuestra visión o mi visión como procuradora general de la Nación es que la democracia debe ser esencial en todos los países de Latinoamérica, y evidentemente en Venezuela, reconocido por nuestro propio canciller, la sociedad determinó que el presidente de la República de Venezuela era el señor Edmundo y no el señor Maduro. Por lo tanto, ya ahí hay un punto de quiebre que implica tomar medidas especiales frente a Colombia, que es lo que nos interesa. Todos sabemos que la Procuraduría General de la Nación ha luchado mucho por los problemas de migración y ha luchado frente a los órganos de gobierno para que le pongan mayor atención a los problemas de migración en Colombia, que son gravísimos. En Cúcuta, por ejemplo, el tema de migración, 2,8 millones de venezolanos están actualmente en Colombia, de esos, alrededor de 430 mil no están con su documentación y con su legalidad adecuada. Esta situación va a originar, con toda seguridad, una migración mucho más grande que va a afectar nuestras fronteras. No tenemos las capacidades y en eso hemos insistido que debemos tenerlas, para manejar ese flujo de migración con todas las problemáticas que trae. Eso va a generar problemas para nuestro país con los conflictos sociales que eso genera".
¿La postura del Gobierno Petro frente a Venezuela ha sido adecuada?
"Un tema es los canales de comunicación y otro tema es que se respete la democracia y la decisión democrática del país. En ese sentido, uno podría decir que se puede ser duro cuando se han agotado las medidas amigables. Todas las relaciones, cuando son difíciles, generalmente hay que manejarlas a través de conversaciones y de conciliación, pero hay puntos en que toca también tener mano dura en algunos momentos", señaló Margarita Cabello.
Por eso, "en este caso nosotros diríamos que hay que poner mano dura y mirar cómo, con la mano dura, se puede lograr mejoramiento de alguna forma para el país", agregó.
Precisó que en el Gobierno de Gustavo Petro "no han dicho ‘no reconocemos el Gobierno Maduro’, pero han dicho que no se han entregado las actas que justifican que la elección popular se respetó, la democracia se respetó, y eso es un punto claro que tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Saber mirar hasta qué punto se manejan esas relaciones y cómo se pueden medir".
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Para Cabello, el Gobierno de Petro no debe "ser tan laxo, porque a veces la laxitud genera falta de mejor manejo de las conversaciones". Agregó que el presidente Petro “ha sido ambivalente y eso genera una concepción para el pueblo colombiano de incertidumbre y de inseguridad, porque hay ambivalencia en la toma de decisiones".
¿Qué opina de una intervención militar internacional como propone Álvaro Uribe?
"Me parece importante que estos organismos internacionales actúen con más contundencia, porque hasta ahora hemos visto que las manifestaciones y todas las expresiones en donde todos indican que no se respetó el voto popular, concepto esencial de una democracia de un país como Venezuela; falta que sigan avanzando con muchísima más fuerza hacia una decisión final. Que sea la militar o no sea la militar, no podría decírtelo y decir que es lo definitivo, pero sí que cada día deben ir más contundentes, de acuerdo a las opiniones que tenga el presidente, sin descartar ninguna posibilidad. Soy de la tesis de que lo militar debe ser la última decisión que se tome. Pero si no se logran, y con las medidas contundentes hacer respetar la democracia en un país latinoamericano, toca ir hasta las últimas consecuencias, incluyendo la militar, porque si no, ¿qué va a pasar con los otros países? Es un problema de un efecto que tiene que ser de mucho cuidado, porque lo que ocurre en Venezuela puede ser un modelo que hay que tener cuidado, que pueda seguir en otros países de Latinoamérica", dijo al respecto.
¿Cuál es el mayor problema que hoy tiene Colombia?
Según la funcionaria, a la Procuraduría la critican "porque lo que hacemos nosotros es investigar a los funcionarios del Gobierno y, en ese sentido, a todos los funcionarios del Ejecutivo. El tema de corrupción sigue siendo muy grave, muy peligroso, y el tema de ineficiencia administrativa. Y en estos cuatro años yo podría decir que si bien hubo múltiples sanciones frente a muchísimos servidores públicos, más de 550 sanciones contra servidores públicos de elección popular, 4 mil procesos disciplinarios en camino ya muy avanzados contra servidores públicos de elección popular, más la cantidad de decisiones contra otros servidores públicos, nos hacen ver que por mucho que sancionemos y que trabajemos en lo preventivo, que fue nuestra línea de trabajo fundamental, solos los órganos de control no pueden. Si no se refuerza el control social, que el ciudadano empiece a entender que es parte de la democracia y parte viva de la democracia y que esté como veedor público actuando, no solo sino en grupos y vigilantes de la corrupción en el país. No vamos a poder salir de esto".
¿Entre ineficientes y corruptos están carcomiendo del Estado?
"Totalmente, y en estos últimos años lo hemos visto de una manera muchísimo más descarada y repito, ante la mirada inerme de la sociedad, se normalizó. Y yo sí insisto por mi experiencia estos cuatro años y mi experiencia anterior en temas judiciales, que es muy importante recuperar el control social. Que el ciudadano no siga pensando egoístamente en un yo, en mí, sino que empiece a pensar en nosotros", enfatizó.
¿Qué deja la Procuraduría y que viene en el caso de la UNGRD?
Recordó que ya hay una decisión final sancionatoria contra los altos directivos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y quedan abiertas otras líneas de investigación que se generaron. Sobre los ministros y exministros vinculados “iniciamos averiguación para efectos de determinar claramente quiénes son las personas frente a lo que se debe abrir la investigación. Y ahí está el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, Ricardo Bonilla”.
Reforma a la salud, ¿en qué ha derivado en la Procuraduría?
"El tema de la situación de salud en Colombia, lógicamente, no es que se haya presentado en este gobierno. El tema venía desde dos o tres gobiernos antes, pero antes los gobiernos hacían esfuerzos presupuestales para cubrir los faltantes. Eso hay que irnos un poquito hacia atrás y recordar que en el año 2010 hubo un problema constitucional, de Estado social que había que apoyar los problemas de salud. Luego, en 2013, 2014, se igualaron las asistencias en salud para los dos regímenes y eso generó un problema fiscal y se habló en esa época de la ley del punto final. Y eso sí fue acumulándose. Pero todos los gobiernos siempre trataron de hacer los esfuerzos para hacer los cubrimientos de los faltantes y poder seguir avanzando. ¿Qué pasó del 22 para acá? Esos esfuerzos no se presentaron, dejaron de pagarse con la frecuencia con que se hacían antes los presupuestos máximos, que son los dineros que se acordó con el Estado y con el Gobierno, que no están en el plan obligatorio de salud, pero que se les pidió a las a las EPS que los pagaran y que inmediatamente se le restituya los dineros. Esos presupuestos máximos no se han pagado bien, no se han pagado a tiempo. Los gobiernos anteriores cumplían las órdenes de las sentencias de la Corte Constitucional. Aquí ahora no se están cumpliendo. De hecho, hay desacato en algunas órdenes y siguen sin cumplirse. Entonces eso, sumado a la problemática que se ha presentado en estos dos últimos años con la escasez de medicamentos y sumado también a que el presupuesto para la EPS alguno se desvió y se orientó para hospitales, compra de equipos, atención y preparación de nuevas personas", explicó.
Margarita Cabello afirmó que "el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud, que es un derecho fundamental a los colombianos. Y eso fue evolucionando desde la Carta Política del 91 hasta ahora, con los problemas que al ordenarle más apoyo del Estado a los pacientes se fue generando el problema fiscal. Es el Gobierno el que es el responsable del derecho fundamental a la salud de los colombianos, y está entonces el problema de la UPC, que se fue disminuyendo el monto de lo que se tenía que entregar. Y ustedes saben que la UPC es la que se encarga de los pagos de los médicos, de los pagos de los profesionales de la salud de la compra de los medicamentos, de la atención al usuario. Es decir, lo que hacen las EPS. Y eso se fue disminuyendo el monto y fue creciendo la problemática. Más envejecimiento, el contagio de COVID, más reclamación de asistencia por todas las problemáticas que venían, más reclamación de medicamentos. Y eso originó que obligatoriamente se volvió insuficiente la UPC, pero sumado a la UPC, que sí se está pagando a tiempo, pero está en un valor que no es. Entonces ahí viene un déficit sumado al no pago los presupuestos máximos. De hecho, hay un dinero, unos 800 mil de ajustes de presupuestos máximos del año 2022 que aún no se han pagado. 850 mil algo así de millones de pesos. Los presupuestos máximos debilitan la capacidad financiera a las EPS, porque eso es un dinero que ellos pagan de intermediación, que deberían entregárselos con anticipación y eso descuadra. De hecho, tengo entendido que en diciembre les pagaron los presupuestos máximos de septiembre y no hemos mirado el tema de las de los ajustes porque no están muy bien calculados. Como usted dice, más la desviación por unos dineros, todo eso va sumando y estamos hoy, no en una crisis del sistema de salud, sino en una crisis humanitaria de gravedad porque el paciente es el afectado".
La lupa está sobre el “Ministerio de Salud, sobre la Superintendencia de Salud. También tenemos algunas investigaciones por quejas sobre algunas EPS que han denunciado por mal manejo”, señaló la saliente funcionaria, a quien remplazara Gregorio Eljach.
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