Una íntima relación con la tierra, el agua y el sol compone la cosmogonía del pueblo arhuaco. El equilibrio con la madre tierra, el respeto a sus recursos, es su religión, y la Sierra Nevada de Santa Marta su templo. La llegada de los colonizadores españoles partió en dos su historia. Ellos hablan de cinco procesos de evangelización y la historia reciente cuenta el arribo de los Capuchinos en 1916, en medio de la hegemonía conservadora. Para ellos fue una experiencia que pocos quieren recordar porque más que salvar almas, los religiosos impusieron la fe católica con mano fuerte, se adueñaron de sus tierras y por poco acaban con sus costumbres ancestrales. Permanecieron en Nabusímake, la capital del pueblo arhuaco, por más de sesenta años y en 1982 fueron expulsados por el consejo arhuaco. Pero no es la única batalla que han librado los indígenas en nombre del evangelio.Divide y reinarás: cómo la elección de un gobernador afectó a los arhuacosLas iglesias evangélicas vienen horadando la cultura de los arhuacos desde hace más de cuarenta años y hoy, según sus representantes, tienen más de 5 mil creyentes dentro de las comunidades indígenas de la sierra. En las afueras de Pueblo Bello está Saúl Torres, un ferviente seguidor de su iglesia. Noticias Caracol lo acompañó a uno de los cultos que realizan una o dos veces por semana. Allí, con sus trajes ancestrales, se dieron cita hombres y mujeres que dicen sentirse salvados por el llamado de Dios y ya no hacen pagamentos a la madre tierra porque sencillamente la Biblia y el Evangelio no se los permiten.Hermes Izquierdo, un dirigente arhuaco que hizo parte de una iglesia evangélica pero que al cabo de un tiempo se apartó de ella, ofrece un mejor panorama de este complejo problema."Me ofrecieron estudiar, yo quería ser odontólogo, pero cuando yo estaba allá el tema es que podía estudiar, pero tenía que ser evangélico", cuenta.Hermes llegó de la mano de James Carreño, un carismático pastor que reconoce las necesidades de los indígenas y sabe que son campo fértil para llevarlos al culto. "Parece ser que aquí hay una desigualdad, una injusticia entre ellos mismos y eso permite que nosotros, los que venimos de afuera, podemos ayudarlos si desean y ellos se acercan", dice.El pastor es franco al decir que es consciente del daño que causa a la cultura de los aborígenes, pero asegura que la intención es ayudarlos. "Todo lo que hemos hecho ha sido con base a lo que dicen las sagradas escrituras y tratando al máximo de respetar su cosmovisión, cosa que realmente es difícil, uno busca la manera de no dañarles, de impedir que esto nos enfrente porque definitivamente hay enfrentamientos", señala.La realidad es que generan profundas divisiones en el pueblo que se suman al complejo panorama político y gubernamental que viven estas comunidades.El conflicto llegó a las altas cortes, que fijaron su posición frente al tema. El alto tribunal decidió que no eran procedentes las iglesias evangélicas dentro de la demarcación de la línea negra, zona reconocida por el gobierno como lugares sagrados de los indígenas que deben ser protegidos, y prohíbe levantar iglesias en sus territorios, aunque en la práctica se ve la proliferación de templos.Además, hay un trasfondo en el avance de las iglesias y es el concepto de la propiedad privada, cuenta el abogado y doctor en sociología jurídica Rosembert Ariza: "Todos esos territorios son propiedad colectiva. Las iglesias evangélicas ponen la discusión sobre la propiedad privada de la tierra y esa propiedad en función de la producción económica capitalista, entonces eso es un hecho evidente".El sociólogo también expresa que ese factor rompe el tejido integral cultural de una manera muy fuerte y es una de las afectaciones más graves del territorio porque les está quitando su identidad y su soporte estructural.Dolorosa imagen de la deforestación en Colombia: así convierten grandes troncos en finas láminas¿Qué dicen los mamos?Para los mamos, el avance de estas iglesias es un motivo de alarma y una presión más con la que deben lidiar en defensa de su cultura aborigen. Juan José Garavito, comisario de la comunidad, desearía que "esto no se acrecentara y más bien se retrocediera y buscara su sitio donde le corresponde estar y tal vez eso sea fuera de la línea negra y dentro de la línea negra estaría nuestra práctica, nuestra realidad, nuestro rol. Pero esa intromisión foránea le va a hacer competencia y no lo podemos permitir".Los mamos son claros en su posición: "Las iglesias evangélicas deben estar afuera de la línea negra, alejadas de los territorios sagrados".Hermes Izquierdo, quien se mueve con facilidad en los dos espacios, dice que es algo que deben discutir "a pesar de que es nuestra gente, nuestra familia, nuestra sangre, como decimos aquí; hay que generar unos espacios, darle una porción territorial, unos espacios donde se desarrollen, que se organicen, que se vuelvan pueblo, pero que tengan control de orden social, público, político".Para atenuar el avance de estas iglesias, los mayores trabajan en estrategias para blindar a los jóvenes de las religiones foráneas y fortalecer sus prácticas culturales y espirituales.Según la coordinadora de educación Cecilia Salabata, ella tiene clara la incidencia de la religión en su pueblo. "Nosotros por la experiencia que hay en las comunidades sabemos que los resultados de esa incidencia no ha sido lo mejor y que yo creo más bien es una manera de acabar con la cultura, yo creo que es definitivo cuando se pasa a una religión de esa clase, la cultura de base se empieza a exterminar", considera.Ellos no quieren que se repita la historia de los Capuchinos, que los sometieron por más de sesenta años al adoctrinamiento de una religión que no es la suya, de un Dios impuesto a la fuerza. Hoy libran una nueva batalla, pero les preocupa que de las presiones que reciben a diario, minería legal e ilegal, macroproyectos de infraestructura, grupos armados, esta sea una de las peores. Entretanto, siguen resistiendo los embates foráneos y luchando por no desaparecer.Minería ilegal, un cáncer que carcome el medio ambiente en Colombia
Caminando por el predio La Marsella, en las afueras de Pueblo Bello, Cesar, un grupo de mamos -autoridades indígenas de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta- nos muestra un lugar que desde tiempos ancestrales ha sido sagrado para ellos. Un sitio donde los cuatro pueblos de la sierra, arhuacos, wiwas, koguis y kankuamos, vienen a hacer sus pagamentos, ofrendas a la madre tierra por los favores recibidos.Mamos de la Sierra Nevada al Gobierno: “Entre más se le exige parece que más nos quiere lastimar”El problema es que ya no es de ellos porque la Alcaldía de Pueblo Bello adquirió el predio y, según los mamos, piensa parcelar el terreno, desconociendo las peticiones de los indígenas, que alegan el respeto a sus sitios sagrados reconocidos por el Gobierno mediante el decreto 1500 de 2018. Este habla de la línea negra, un límite que traza los territorios que deben ser protegidos de explotaciones mineras y proyectos de infraestructura.El tema minero es uno de los más complejos en el relacionamiento del Estado con los pueblos indígenas, afirma Gelver Zapata, miembro del pueblo arhuaco.“Llevamos cerca de 25 años de diálogo con el Gobierno, 25 años conversando para concertar las formas de intervención en el territorio tradicional de la línea negra, pero ha sido imposible lograr los acuerdos para salvaguardar no los sitios sagrados, que se miran desde afuera, sino la cultura y el desarrollo del pueblo arhuaco”, dice.Al tema de la minería, tanto legal como ilegal, se unen los gigantescos proyectos de infraestructura, vías, represas que el Gobierno ya realiza y en otros casos proyecta. Por ejemplo, la ruta de sol en su paso por Bosconia se llevó por delante varios lugares sagrados que los indígenas intentaron proteger pero al final se perdieron en nombre del progreso.Polémica por resolución de Minambiente que facilitaría exploración minera en reservas forestalesAsí lo cuenta el mamo Rogelio Torres, de la comunidad arhuaca: “El tema minero ha sido difícil; eso no lo entienden y como no son indígenas pues no lo entenderán, pero yo pienso que ya es el momento de que se pueda decir: ¡pues ya no más!".Arhuacos no creen en la consulta previaPara Gelver Zapata, el tema de la consulta previa no ha sido una herramienta eficaz para proteger sus derechos porque las negociaciones, dice, terminan en figuras jurídicas que desconocen las pretensiones de los indígenas y las obras avanzan sin inconvenientes. Por eso no quieren insistir en esta figura.“Nosotros hemos dicho que no queremos ir a las consultas de minería porque no hay forma de proteger los derechos de los pueblos y especialmente ese acervo que son los espacios sagrados que no se ha podido salvaguardar por la presión que han generado las mineras”, explica Zapata.El avance de la minería en la región viene siendo analizado por investigadores del Cinep. Jenny Ortiz lidera un equipo de trabajo que ha levantado una serie de mapas con información oficial de los últimos veinte años, que revelan el aumento de las solicitudes de los títulos mineros en la región.“Lo que está ocurriendo es una estrategia de abarcamientos. Si uno mira los mapas el Cesar y buena parte de La Guajira están o en procesos de solicitudes mineras o de hidrocarburos, proyectos de infraestructura o procesos de titulación", indica la investigadora.Mamos suben al cerro de Monserrate para hacer una petición: “Protejan realmente la sierra”El arhuaco Gelver Zapata denuncia otro problema que, según él, va de la mano con el avance de la minería legal e ilegal: los grupos armados.“Nosotros conocemos las zonas claves de intervención y tenemos claro que cuando llega un grupo armado es porque hay un tipo de intervención. En el caso de la comunidad arhuaca en la zona de Jimaín hay explotación minera y hay grupos armados. Ha habido muertos, personas asesinadas, pero no hay una atención de parte del Estado”, dice el representante de esta comunidad.Respecto al tema, los mapas de Cinep también dejan en evidencia que en las zonas donde florece la minería hay presencia de grupos armados. Así lo cuenta la investigadora Jenny Ortiz: “En el 2002 se encuentra que donde hubo alta presencia de actores armados inmediatamente después esos territorios fueron ofertados para procesos de solicitudes mineras. ¿Qué tenemos hoy?, que buena parte del Cesar y la Guajira es un escenario por disputa de control de grupos armados, paramilitares sobre todo y de nuevo viene a ser un centro de solicitudes mineras".Para el profesor e investigador de la Universidad Nacional Rosembert Ariza hay otros dos problemas que generan fuertes presiones a las comunidades indígenas de la sierra, el narcotráfico y los megaproyectos hoteleros en el departamento del Magdalena. Frente al narcotráfico señala que no es un tema nuevo y que viene desde la década del 70 y 80.Tres pescados para 68 niños: así son las precariedades del PAE en Leticia“Allí empezó la bonanza marimbera y no ha habido una intervención del Estado de manera externa que garantice la protección del territorio; es decir, el Estado no ha cumplido sus responsabilidades y mandatos internacionales en esta materia. El narcotráfico se ha asociado con otros actores para mantener sus rutas”, explica Ariza.El otro problema son los megaproyectos hoteleros y agroindustriales que avanzan por el lado del departamento del Magdalena. Para el investigador de la Universidad Nacional, un claro ejemplo de intereses particulares agenciados por el Gobierno en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas.“Estos proyectos hoteleros son una buena muestra de conflictos políticos que también entran a jugar en el escenario; si uno ve la demanda que hay contra la línea negra que esta presentada en el Consejo de Estado y uno mira quienes son los accionantes de esta demanda y se da cuenta que son los grandes conglomerados económicos de las familias más importantes de la costa Caribe que están protegiendo sus intereses hoteleros y económicos”, agrega el experto.De no creer: por criticar a Francia, periodista deportivo terminó ‘destrozado’ en redesSon muchas las presiones que los cuatro pueblos de la sierra enfrentan en la actualidad, los mamos han dicho que la supervivencia de sus comunidades está comprometida y hablan de cincuenta años para que su cultura se extinga. Los proyectos mineros y agroindustriales afectan el recurso del agua y la biofauna y los investigadores están de acuerdo en que podríamos asistir a un etnocidio de los pueblos indígenas.
