En medio del furor por la movilidad sostenible, Colombia enfrenta un preocupante panorama de seguridad vial donde vehículos que alcanzan velocidades de hasta 100 km/h circulan sin placas ni seguros, amparadas por un vacío legal. Séptimo Día investigó.
Un ejemplo de ello, es el caso de Dagoberto García, quien suele movilizarse en bicicleta hacia su lugar de trabajo. El 18 de febrero de 2025, su rutina se interrumpió de manera violenta en el norte de Bogotá. El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:00 de la mañana sobre la avenida NQS, frente a la estación de Transmilenio de la Universidad Nacional, en el sentido norte-sur.
Según los testimonios recolectados, un factor externo en la vía provocó la caída que lo dejó vulnerable ante el tráfico eléctrico. García relata que un árbol con una rama caída sobre la ciclorruta habría causado su desestabilización. Al caer al asfalto, fue arrollado por un vehículo tipo ciclomotor que transitaba por el sector.
El impacto fue de tal magnitud que el casco del ciclista se rompió por completo, perdiendo el conocimiento de manera inmediata en el lugar de los hechos. “Pasó una moto estas eléctricas y me atropelló. Desperté en la clínica los 4 días en cuidados intensivos”, recordó el afectado al reconstruir los pocos fragmentos que conserva del suceso.
La gravedad del choque fue evidente para los testigos y las autoridades de tránsito que atendieron la emergencia. Las imágenes del siniestro muestran a García tendido en el suelo con un sangrado abundante antes de ser auxiliado por paramédicos. Al respecto, el hombre señaló: “Vino un policía que era el que me conocía, que me cuenta que no, que fue grave, que eso prácticamente fue un milagro porque si usted ve las fotos, el sangrado es bastante”.
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Diagnóstico médico: una conmoción cerebral
Tras ser trasladado de urgencia, el equipo médico de la clínica donde fue atendido emitió un diagnóstico que confirmó la severidad del golpe en su cabeza. El resultado principal fue una conmoción cerebral, una lesión traumática que afecta las funciones cerebrales y que, en su caso, derivó en una pérdida total de la conciencia durante casi una semana.
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A pesar de haber recibido el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos, las secuelas neurológicas persistieron. Un año después del accidente, García continúa asistiendo a consultas con especialistas en diversas áreas para tratar de mitigar los daños a largo plazo. “Inclusive todavía estoy en tratamiento por neurocirugía... estoy todavía en tratamientos por neuropsicología, neurología”, explicó sobre su actual proceso de rehabilitación.
La fragilidad de la memoria tras el choque
Una de las consecuencias más notorias y complejas del traumatismo craneoencefálico ha sido la afectación de su memoria. Durante la investigación periodística, se hizo evidente que el ciclista presenta dificultades para precisar fechas y detalles cronológicos de su propia vida tras el impacto. En medio de la entrevista, el afectado confundió el año del siniestro, situándolo erróneamente en 2018, cuando en realidad ocurrió en 2025.
Sus declaraciones reflejan una lucha constante por recuperar la normalidad en sus funciones cognitivas básicas. “El tema de la memoria es un año después... estoy en citados en tratamiento médico, todavía estoy con ese tema porque se me olvidan las cosas”, confesó con evidente preocupación. Esta condición no solo afecta su vida personal, sino también su desempeño profesional como abogado, quien ahora debe lidiar con las secuelas de un evento que no logra recordar por sí mismo.
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Respecto al momento exacto del choque, García es enfático en su amnesia: “Y ahí es lo que me cuentan, porque ya no me acuerdo de nada”.
El vacío del SOAT y la falta de responsabilidad
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El caso de Dagoberto García expone una de las mayores críticas a la regulación actual de los vehículos eléctricos livianos en Colombia: la exoneración de requisitos legales básicos.
Al ser impactado por un ciclomotor, se descubrió que dicho vehículo no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), debido a que la Ley 2486 de 2025 exime de este requisito a los aparatos que no superen ciertos límites de potencia y peso.
Esta situación dejó la carga financiera de la atención médica exclusivamente en el sistema de salud convencional del afectado. “No tiene SOAT. No tienen SOAT. Afortunadamente tengo EPS, que fue lo que me atendieron todo por la EPS. Por eso ha sido un accidente que tenía que atenderse por un SOAT”, denunció García.
Además del vacío legal, la conducta de la persona que conducía el vehículo eléctrico ha generado indignación en la víctima. Aunque la conductora no se fugó en el instante inicial, como ha ocurrido en otros casos reportados, posteriormente se desvinculó de cualquier proceso de reparación o auxilio.
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Según García, los intentos de mediación han sido nulos: “Supuestamente tenía que ir a la Fiscalía para conciliar con ella, pero nunca nos llamó. Y aunque no se voló, después no apareció... nunca nos ofrecieron nada”.
Para este abogado, el hecho de que personas sin capacitación certificada operen máquinas de tal potencia en espacios compartidos es una falla del sistema. “No todo el mundo es apto para manejar un tipo de esos vehículos y soy abogado y eso pues ha sido tenaz para mí por el tema de las normas, el tema ha sido difícil”, puntualizó al reflexionar sobre la falta de exigencia de licencias y exámenes médicos para estos conductores.
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*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
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