Este mes se cumplen cinco años del crimen del estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, asesinados en su casa de La Calera en noviembre de 2021. Por estos hechos, Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, fue condenado a 55 años de prisión tras comprobarse que el movil del asesinato fue económico.Sobre la forma en que intentó apoderarse de la herencia, Elmer Montaña, abogado de las víctimas, explicó en el programa Expediente Final de Caracol Televisión: “Jhonier le infligió unas heridas en el abdomen antes de causarle las heridas que le produjeron la muerte con el propósito de que Mauricio firmara un documento en donde dejaba como herederos a su hermano y a sus sobrinos”.Situación de los bienes administrados por la SAETodo el patrimonio del estilista fue objeto de medidas cautelares de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación, debido a indagaciones sobre el origen de los recursos. Según los reportes presentados en la investigación de Expediente Final, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra los siguientes bienes:Una casa en un conjunto residencial en La CaleraUn apartamento en el norte de BogotáDos vehículos de alta gama marca Mercedes-Benz y una motocicletaUna cuenta bancaria con un saldo superior a 1.620 millones de pesosDos sociedades comerciales vinculadas a su peluquería y a su proyecto musicalEl deterioro de las propiedades de Mauricio LealEl informe de Expediente Final evidenció que la prolongada administración del Estado y el desuso han generado pérdidas económicas y desgaste en los inmuebles. La vivienda de La Calera ha permanecido desocupada durante este periodo, lo que ha provocado afectaciones en su estructura. Asimismo, la propiedad acumula deudas por concepto de cuotas de administración que superan los $100 millones de pesos. Además, el reporte indicó que existen saldos pendientes por pagar en los lotes del cementerio donde descansan los restos de las víctimas.Los reclamos familiares sobre los bienesDe acuerdo con ley colombiana, se inhabilita a quien haya sido condenado por el homicidio de un familiar para recibir su herencia. Con base en esta norma, Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio y quien se encuentra recluido en la cárcel de Jamundí por otro proceso judicial, inició trámites legales para ser declarado el único heredero legítimo. Sobre la relación familiar tras el crimen de su madre y hermano, García señaló en entrevista para Expediente Final que para él no existe la palabra perdón: "Así como él mató a mi familia, él para mí se murió como hermano”.Por su parte, la abogada Erika Sanguinetti, apoderada de Carlos Andrés García, declaró ante los micrófonos de Expediente Final: “Nosotros a través de una solicitud les solicitamos nos informaran qué ha pasado con estos bienes, nos han negado la información”. Actualmente, el trámite permanece suspendido a la espera de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resuelva la apelación de segunda instancia sobre la condena penal contra Jhonier Leal.
El programa Los Informantes de Caracol Televisión fue distinguido en la más reciente entrega de los Premios de Periodismo Simón Bolívar. La directora del informativo dominical María Elvira Arango y la productora Silvia Santamaría recibieron el prestigioso galardón en la categoría de Mejor Entrevista en Televisión por la historia titulada 'Una jueza valiente'.Al recibir el reconocimiento, María Elvira Arango señaló: "El premio Simón Bolívar es un honor, un gran reconocimiento y una responsabilidad enorme. Lo recibo a nombre de todo el equipo de Los Informantes, son los mejores: gracias por el apoyo, el cariño y el trabajo serio".La investigación judicial que expuso el paramilitarismo en ColombiaEl informe premiado cuenta la labor de Martha Lucía González, quien a sus 29 años asumió como Jueza Segunda de Orden Público durante el mandato del presidente Virgilio Barco. A los tres días de su posesión, debió investigar la masacre de 42 personas en las fincas Honduras y La Negra, en Turbo, Antioquia, y posteriormente la masacre de Mejor Esquina, en Córdoba.Sobre su motivación para asumir los despachos en esa época de violencia, González relató: "No, no tuve miedo. Tenía ganas de hacer algo. Yo escuchaba que los jueces no hacen nada, que los jueces no trabajan. Yo decía: 'Yo voy a trabajar y voy a mostrar, voy a hacerlo bien'". A partir de interrogatorios, la funcionaria vinculó a miembros del Batallón Voltígeros y descubrió la red de adiestramiento paramilitar en el Magdalena Medio, financiada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.Amenazas, atentados y el impacto del exilioTras expedir órdenes de captura contra los capos del narcotráfico, jefes paramilitares y oficiales implicados, la jueza recibió constantes amenazas. Ante el riesgo contra su vida, el Gobierno dispuso su traslado al exterior como cónsul en Indonesia. Como represalia, la red criminal perpetró un atentado en Bogotá en el que fue asesinado su padre, el abogado Álvaro González Santana.Al recordar el hecho, González manifestó: "A mí no me pudieron matar porque me sacaron al exilio como cónsul de Colombia en Indonesia. Entonces como no pudieron atentar contra mí se desquitaron con mi papá. Me mataron en vida". Tras cuatro décadas de exilio, durante una breve visita a Colombia para un homenaje la jueza dio esta entrevista a Los Informantes.Todos los Premios Simón Bolívar ganados por Caracol TelevisiónEsta distinción formó parte de un total de cuatro Premios de Periodismo Simón Bolívar entregados a Caracol Televisión. La lista completa de galardones obtenidos por esta casa periodística:1. Mejor Entrevista en Televisión: Otorgado a Los Informantes (María Elvira Arango y Silvia Santamaría) por el reportaje 'Una jueza valiente'.2. Mejor Investigación en Video: Obtenido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol (Ricardo Calderón y Johanna Álvarez) por el trabajo 'Los archivos secretos de Calarcá'.3. Mejor Noticia en Video: Concedido a la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por 'Los espías colombianos de Putin'.4. Mejor Noticia en Audio: Ganado por Blu Radio (liderado por Ricardo Ospina y un equipo de 16 periodistas) por el cubrimiento de la captura de Nicolás Maduro en Caracas.
Hay alerta por la seguridad vial en las carreteras colombianas debido a la manipulación celulares mientras se conduce. De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el porcentaje de conductores distraídos por el uso de celulares en vehículos livianos aumentó, pasando de representar un 11 % en el año 2022 a un 25,03 % en 2026. Esta creciente imprudencia estaría siendo una de las causas más recurrentes de siniestralidad y fallecimientos en el país. Séptimo Día investigó.Los especialistas consultados por el programa de Caracol Televisión señalaron que el uso del teléfono al manejar desencadena cuatro clases de distracción: visual, motora, auditiva y cognitiva. Al desviar la atención hacia la pantalla o atender una llamada, la capacidad de reacción del conductor disminuye drásticamente ante cualquier eventualidad sobre la vía. Si bien las normas de tránsito en Colombia sancionan esta conducta con comparendos y multas económicas, las autoridades de tránsito reconocen la complejidad técnica para sorprender a los infractores en flagrancia o certificar que esta sea la causa exacta de un siniestro.Trágico antecedente de Kbeto Zuleta en 2023Para esta investigación, Séptimo Día se reunió con el cantante vallenato Kbeto Zuleta dos días antes del siniestro en el que perdió una pierna, y habló con él y su equipo de un angustioso momento que habían vivido el 9 de enero de 2023. En aquella fecha, el bus en el que se movilizaba la agrupación tras cumplir compromisos musicales en Santander se vio involucrado en un choque fatal en inmediaciones del municipio de Codazzi, Cesar. En ese caso, un motociclista que manipulaba su teléfono celular perdió la vida.Esteban Bolaño, manager de la agrupación y testigo de lo sucedido dentro del automotor, detalló en Séptimo Día cómo, según él, ocurrió la imprudencia del conductor de la moto: "El señor venía hablando por celular, manejando con el celular aquí (entre el hombro y su oreja) …Él gira, saca la moto... El chófer del bus le pita para que tenga precaución, pero el señor como que se aturdió y en vez de frenar lo que hizo fue acelerar".Los vehículos chocaron, la cabeza del motociclista, que no llevaba casco, golpeó el panorámico del bus y el hombre terminó debajo del vehículo de pasajeros, falleciendo instantáneamente en el lugar de los hechos.En este hecho, varios integrantes del grupo sufrieron contusiones y heridas menores por la ruptura de cristales. Reflexionando sobre el hecho, Bolaño sostuvo: "hubo una persona fallecida. A veces uno no tiene la culpa, la tiene la culpa la otra persona. Ya es una lección de vida que uno aprende o aprende". Por su parte, Kbeto Zuleta valoró haber salido ileso de aquel impacto y expresó: "Dios es tan grande que me salvó de esa mala hora". Y el cantante también aprovechó para dejar una reflexión: "gracias a Dios nunca en mi vida me ha pasado nada. Es un llamado de atención para toda la gente, incluido yo". Ante el riesgo inminente al que se exponen miles de conductores en las carreteras, Zuleta instó a crear conciencia masiva manifestando: "Sería bueno hacer una campaña que nos ayude a concientizarnos, una campaña bien fuerte a nivel nacional".Nuevo siniestro Kbeto ZuletaDos días después de conceder la entrevista a Séptimo Día, Kbeto Zuleta y los integrantes de su conjunto sufrieron otro grave accidente de tránsito mientras transitaban por las carreteras del Cesar, cerca del municipio de Bosconia. El choque dejó un saldo trágico con la muerte de tres colaboradores de su agrupación musical y mantuvo al cantante vallenato en delicado estado de salud; perdió una pierna.Frente a la gravedad de este nuevo siniestro cuyas causas permanecen bajo investigación oficial, Séptimo Día extiende un mensaje de solidaridad, pronta recuperación y apoyo para Kbeto Zuleta y los músicos heridos, expresando también sentidas condolencias a las familias de los integrantes fallecidos en las vías.El debate por endurecer las penasEn la actualidad, el Código Nacional de Tránsito cataloga estos accidentes mayoritariamente como eventos involuntarios u homicidios culposos en caso de víctimas mortales, imponiendo sanciones predominantemente monetarias.Sin embargo, voces parlamentarias y representantes de víctimas piden modificar drásticamente el marco legal vigente. Autoridades y analistas concluyen que sin leyes contundentes ni herramientas efectivas de fotodetección en las vías, la manipulación de pantallas al volante continuará cobrando vidas inocentes en el territorio nacional.
Desde 2008, después de la liquidación de DMG se han repartido más de 500 bienes entre 194 mil afectados y, según la agente liquidadora, faltan por adjudicar menos de 10 predios. Sin embargo, lo que debía ser una reparación terminó siendo un dolor de cabeza para quienes alguna vez invirtieron en esta pirámide. Los Informantes conoció historias de deudas increíbles.Cuando a Juan Carlos Suárez su contador lo llamó para hablar de la declaración de renta y le preguntó si había comprado tres inmuebles, uno en Unicentro, Bogotá, y dos lotes en el Atlántico, supo que algo muy extraño estaba pasando. Tras revisar su información tributaria, se enteró de que invertir en DMG y comprar un computador hace 18 años seguía pasándole factura.A este hombre le adjudicaron 2 lotes y un apartamento del que solo es dueño de 15x15 centímetros, ni si quiera una baldosa de tamaño promedio, pues son 4.290 personas las propietarias de este mismo predio que, además, debe impuestos.María Mercedes Perry, agente liquidadora de DMG, explicó en Los Informantes que “la reglamentación para esta clase de procesos indica que cuando un bien que es de la entidad en liquidación está para la venta y no se puede vender dentro de los dos meses siguientes a los que se aprueba su inventario se debe adjudicar entre los afectados”. Por ello, la cantidad de propietarios de este apartamento.¿Qué era DMG y qué pasó?DMG era la pirámide de David Murcia Guzmán, una de las mayores captadoras ilegales de dinero en la historia de Colombia. A quienes invertían en esa pirámide les prometían triplicar los ingresos a los 6 meses, aumentar las ganancias por cada referido que llevara y les entregaban una tarjeta con la que podían comprar televisores, neveras, lavadoras y todo tipo de electrodomésticos o muebles que vendía el mismo conglomerado, era un negocio redondo.El 17 de noviembre de 2008 DMG fue intervenida y, luego, Los afectados fueron citados en El Campín para entregarles un poco más de 200 mil pesos de la venta de algunos de los bienes de David Murcia Guzmán y de sus socios. Al acreditarse como afectados, los nombres fueron incluidos en la lista de repartición de los bienes que no lograron venderse y quienes no quisieran recibir nada debían avisar los días siguientes a la adjudicación, aunque pocos lo supieron.El apartamento con más dueñosJustamente, Los Informantes conoció la historia de Juan Carlos, uno de los 4.290 dueños de un apartamento ubicado en un conjunto residencial en Bogotá. La solución al problema de tantas personas sería que un copropietario encontrara a todos los demás y le comprara a cada uno su parte, el 0.023%. Una misión casi imposible.Y el dolor de cabeza es cada vez mayor, pues por el pedazo del predio que tiene a su nombre en Bogotá, avaluada en 160 mil pesos, Juan Carlos debe aproximadamente 1 millón de pesos de impuestos, sanciones e intereses.“No me siento reparado, me siento frustrado, muy aburrido con todo eso”, enfatizó Juan Carlos en Los Informantes.También hay historias de quienes tienen propiedades compartidas en Girardot o hasta en la última calle del suroriente de Bogotá.Entre tanto, David Murcia paga una pena de 22 años de cárcel por lavado de activos y captación ilegal de dinero.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 28 años y 3 meses de cárcel dictada contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el caso de los 12 Apóstoles.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl sentenciado había presentado una acción de tutela contra la Sala de Casación Penal del alto tribunal “con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y libertad personal, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada”, señaló el fallo de la Sala de Casación Civil.La Corte Suprema resolvió “CONFIRMAR el fallo impugnado de conformidad con la parte motiva de esta providencia” y “REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.Los hechos por los que condenaron a Santiago UribeEl ganadero fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, por ayudar en la creación de Los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar del municipio de Yarumal, en Antioquia. Según la justicia colombiana, estos delincuentes llevaron “a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas consideradas como indeseables y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia, especialmente en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia". (Lea también: "No he sido asesino": Uribe antes de indagatoria en la Fiscalía por masacres de La Granja y El Aro)Además, el hermano del expresidente fue acusado de estar implicado en el asesinato de Camilo Barrientos, cometido en 1994 en esa población. La víctima, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades, conducía un bus escalera y cubría la ruta entre Campamento y Yarumal cuando fue asesinado por dos sicarios que le propinaron varios disparos con arma de fuego. Había sido señalado por el grupo criminal dirigido por Santiago Uribe Vélez como "auxiliador de la guerrilla" de las Farc, ya que, presuntamente, "facilitaba la entrega de alimentos, logística y botas de campaña". También fue señalado del crimen de Jorge Yubán Ceballos, un campesino asesinado en Campamento ese mismo año.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por vinculos con el grupo paramilitar Los 12 apóstoles. El alto tribunal negó la tutela que había presentado su defensa para intentar dejar sin efectos la condena de 28 años y tres meses de prisión que pesa en su contra. El apoderado legal de Uribe había argumentado que durante el proceso se habían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, la libertad, la igualdad y el acceso a la administración de justicia. Pero la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema concluyó que no existió esa vulneración y negó el amparo solicitado. Con esta decisión, la Corte deja en firme la condena contra Santiago Uribe, quien fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado en un proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como Los 12 apóstoles. Esta condena había sido confirmada por la Sala de Casación Penal de la propia Corte Suprema después de que el Tribunal Superior de Antioquia lo declaró responsable.En junio ese mismo alto tribunal ratificó la condena de 28 años y tres meses de cárcel. La Sala Penal del alto tribunal confirmó la decisión del Tribunal Superior de Antioquia, que en segunda instancia determinó que Santiago Uribe fue el líder y dirigente del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, al cual se le atribuyen varios homicidios, entre ellos los de Camilo Barrientos, conductor de una chiva en Yarumal, en Antioquia, y Jorge Yubán Ceballos. El caso contra el hermano del expresidente Uribe llegó a la Corte Suprema el 27 de marzo y tuvo como ponente al magistrado Gerson Chaverra.La defensa del ganadero Uribe estuvo encabezada por el abogado Jaime Granados, quien es también el letrado del exmandatario en sus casos judiciales y dijo en varias oportunidades que en el proceso hubo falsos testigos e incluso manipulación mediática. El expresidente Uribe, entre tanto, ha sido denunciado por sus presuntos vínculos con los paramilitares en sus años como gobernador de Antioquia (1995-1997), incluida una que lo relaciona indirectamente con la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos en octubre de 1997.NOTICIAS CARACOL
Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se entregó este martes a la Policía para cumplir su condena de 28 años y 3 meses de cárcel por crear y financiar el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, según el fallo judicial."Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura", escribió el expresidente en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X en el que no dio más detalles.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿De qué acusan a Santiago Uribe?La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el pasado 4 de junio la condena de 28 años y 3 meses de prisión contra el ganadero.El alto tribunal ratificó que Santiago Uribe cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, al participar en la conformación de Los 12 apóstoles, un grupo paramilitar que nació en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia, y también de estar implicado en el asesinato de Camilo Barrientos, cometido en 1994 en esa población.La Sala Plena confirmó "la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia mediante la cual condenó a Santiago Uribe Vélez como coautor penalmente responsable de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, como concurso de delitos de lesa humanidad", decisión contra la que "no procede recurso alguno".La defensa del ganadero Uribe estuvo encabezada por el abogado Jaime Granados, quien es también el representante legal del exmandatario en sus casos judiciales y dijo en varias oportunidades que en el proceso hubo falsos testigos e incluso manipulación mediática."Las decisiones judiciales deben ser respetadas y acatadas. Sin embargo, a través de los mecanismos jurídicos consagrados en el ordenamiento jurídico, seguiremos defendiendo la inocencia de Santiago, pues los 16 años de conocimiento de este caso nos permiten advertir que está siendo injustamente condenado", expresó en su momento el abogado Granados en un comunicado.Allí agregó que él y su equipo estudiarán "el contenido completo de la decisión y de los salvamentos de voto", tras lo cual se pronunciarán "con mayores detalles".El expresidente Uribe, entre tanto, ha sido denunciado por sus presuntos vínculos con los paramilitares en sus años como gobernador de Antioquia (1995-1997), incluida una que lo relaciona indirectamente con la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos en octubre de 1997.AGENCIA EFEEDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
La Corte Suprema de Justicia ratificó este jueves la condena de 28 años y tres meses de cárcel contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. La Sala Penal del alto tribunal confirmó así la decisión del Tribunal Superior de Antioquia, que en segunda instancia determinó que Santiago Uribe fue el líder y dirigente del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, al cual se le atribuyen varios homicidios, entre ellos los de Camilo Barrientos, conductor de una chiva en Yarumal, en Antioquia, y Jorge Yubán Ceballos.El caso contra el hermano del expresidente Uribe llegó a la Corte Suprema el 27 de marzo y tuvo como ponente al magistrado Gerson Chaverra."El Dr. Jaime Granados (abogado de la familia Uribe) me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia", expresó el exmandatario en un mensaje publicado en X.La Sala Plena confirmó "la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia mediante la cual condenó a Santiago Uribe Vélez como coautor penalmente responsable de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, como concurso de delitos de lesa humanidad", decisión contra la que "no procede recurso alguno".La defensa del ganadero Uribe estuvo encabezada por el abogado Jaime Granados, quien es también el letrado del exmandatario en sus casos judiciales y dijo en varias oportunidades que en el proceso hubo falsos testigos e incluso manipulación mediática.El expresidente Uribe, entre tanto, ha sido denunciado por sus presuntos vínculos con los paramilitares en sus años como gobernador de Antioquia (1995-1997), incluida una que lo relaciona indirectamente con la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos en octubre de 1997.NOTICIAS CARACOL Y EFE
Luego de que se conociera la sentencia a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por parte del Tribunal Superior de Medellín, el cual lo condenó a 28 años y cuatro meses de cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, su defensa se pronunció y calificó la decisión como "injusta", sosteniendo que su cliente es un "ciudadano inocente". Además, indicó que impugnará la decisión, por lo que se irá a casación a la Corte Suprema de Justicia.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)"Siendo fieles a nuestra costumbre profesional expresamos nuestro respeto por la decisión judicial. No obstante consideramos, por la realidad probatoria del caso, que la misma trae consigo la injusta condena de un ciudadano inocente como lo es Santiago Uribe Vélez Por la anterior razón, dentro de los términos y canales legales, la defensa técnica y material interpondrán y sustentarán la impugnación especial a fin de que el caso sea conocido por la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde confiamos prevalezca la verdad y la justicia", aseguró la defensa en un comunicado, conformada por los abogados Jaime Enrique Granados y Juan Felipe Amaya y Jesús Albeiro Yepes.Este martes, el Tribunal Superior de Medellín condenó a Santiago Uribe en segunda instancia, por conformar un grupo armado ilegal llamado Los Doce Apóstoles, que, "desde la hacienda La Carolina ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal (Antioquia), llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas consideradas como indeseables y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia, especialmente en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia". El Tribunal indicó que Uribe "actuó en los primeros años de la década de los noventa y contó con el concurso por acción y omisión de agentes del Estado, principalmente de la policía y se concertó así mismo con particulares". Dicho grupo, según el fallo, contaba con dos lugartenientes que se encargaban de las acciones violentas, uno en la parte urbana: Hernán Darío Zapata, conocido con el alias de 'pelo de chonta', y otro en la parte rural, conocido como 'Rodrigo'.El grupo paramilitar, en febrero de 1994, "perpetró el homicidio de Camilo Barrientos Durán, quien en su condición de conductor de un bus 'escalera', que hacía la ruta entre Campamento y Yarumal, fue asesinado por dos sicarios que le propinaron varios disparos con arma de fuego, cuando conducía por ese trayecto". Este hombre había sido señalado por Los Doce Discípulos como "auxiliador de la guerrilla" de las Farc, ya que, según se concluyó en las pruebas, se decía que "facilitaba la entrega de alimentos, logística y botas de campaña".El proceso en contra inició desde 1995, época en la que se señaló al grupo ilegal de diversos asesinatos y extorsiones en los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal, en el norte de Antioquia. En 1997 se cerró con un fallo inhibitorio, pero se reabrió en 2010,y a Uribe lo llamaron a indagatoria en septiembre de 2013. Tres años después, en 2016, fue capturado; sin embargo, en 2018 le concedieron la libertad mientras el proceso avanzaba y le ordenaron el pago de 30 salarios mínimos.El 13 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia lo había absuelto. No obstante, este martes el Tribunal Superior de Medellín lo condenó y se espera que, tras la impugnación de la defensa, sea la Corte Suprema de Justicia la que tenga la última palabra.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
En la mañana de este martes 25 de noviembre, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre la reciente condena contra su hermano Santiago Uribe por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. A través de un corto mensaje, el político dijo: "Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude". Santiago Uribe fue condenado a 28 años y 4 meses de prisión en segunda instancia, luego de haber sido absuelto en una primera instancia, por el Tribunal Superior de Antioquia. Según el órgano judicial, el sujeto "conformó y dirigió un grupo armado ilegal que, desde la hacienda La Carolina ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal (Antioquia), llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas consideradas como indeseables y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia, especialmente en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia".¿Qué dijo el Tribunal Superior de Antioquia sobre condena a Santiago Uribe?Esta serie de delitos por la que fue imputado y declarado culpable Santiago Uribe estaría relacionada también con la creación del grupo paramilitar antioqueño Los Doce Apóstoles, el cual operó durante la década de los 90 y al que se le atribuye la autoría de decenas de asesinatos contra líderes sociales y campesinos durante su vigencia. Al respecto, judicialmente el Tribunal Superior de Antioquia decidió: "Revocar la sentencia absolutoria proferida el 13 de noviembre de 2024 por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en favor de Santiago Uribe Vélez por los delitos Homicidio agravado y Concierto para delinquir agravado. (Segundo) En su lugar, declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de Lesa Humanidad, uno de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numeral 7 del Código Penal y uno de concierto para delinquir agravado artículo 340 inciso tercero del CódigoPenal de conformidad con lo expuesto en esta decisión", tal como se lee en el documento. Sin embargo, por ahora Santiago Uribe no será condenado, pues acorde con el documento judicial este trámite solo se hará efectivo tan pronto la Corte Suprema determine si el recurso extraordinario de casación es aceptado o no. La pena que deberá pagarLa pena establece que Santiago Uribe Vélez deberá pagar una condena correspondiente a 340 meses de prisión y una multa equivalente a 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes; de la misma forma, el ahora condenado fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas durante los próximos 20 años y tampoco podrá tener ni portar armas durante 54 meses. "En consecuencia, el condenado Santiago Uribe Vélez cumplirá la pena de trescientos cuarenta (340) meses de prisión. Se impone la pena de multa de seis mil quinientos (6.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de veinte (20) años y la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por cincuenta y cuatro (54) meses", se lee en la sentencia. JULIÁN CAMILO SANDOVALNOTICIAS CARACOL DIGITALJSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO
Un fallo del Tribunal Superior de Antioquia condenó al hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, a 28 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. El expresidente confirmó la noticia en sus redes sociales: "Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude". El Tribunal concluyó que Santiago Uribe "conformó y dirigió un grupo armado ilegal que, desde la hacienda La Carolina ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal (Antioquia), llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas consideradas como indeseables y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia, especialmente en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia". El grupo dirigido por el hermano del expresidente, conocido como Los 12 Apóstoles, "actuó en los primeros años de la década de los noventa y contó con el concurso por acción y omisión de agentes del Estado, principalmente de la policía y se concertó así mismo con particulares". Según el fallo, dicho grupo contaba con dos lugartenientes que se encargaban de las acciones violentas, uno en la parte urbana: Hernán Darío Zapata, conocido con el alias de 'pelo de chonta', y otro en la parte rural, conocido como 'Rodrigo'. En febrero de 1994, y bajo esa política de exterminio, "se perpetró el homicidio de Camilo Barrientos Durán, quien en su condición de conductor de un bus 'escalera', que hacía la ruta entre Campamento y Yarumal, fue asesinado por dos sicarios que le propinaron varios disparos con arma de fuego, cuando conducía por ese trayecto". Este hombre había sido señalado por el grupo criminal dirigido por Uribe Vélez como "auxiliador de la guerrilla" de las Farc, ya que, presuntamente, "facilitaba la entrega de alimentos, logística y botas de campaña".El Juzgado, por lo tanto, además de ponerle la pena de prisión, impuso a Santiago Vélez una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de veinte años y la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 54 meses. Además, se ordenó "negar la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria".Los detalles del juicio contra Santiago Uribe El proceso inició desde 1995, época en la que se señaló al grupo ilegal de diversos asesinatos y extorsiones en los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal, en el norte de Antioquia. En 1997 se cerró el proceso con un fallo inhibitorio, pero se reabrió en 2010, por lo que a Uribe lo llamaron a indagatoria en septiembre de 2013. Tres años después, en 2016, fue capturado; sin embargo, en 2018 le concedieron la libertad mientras el proceso avanzaba y le ordenaron el pago de 30 salarios mínimos. El 13 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a Santiago Uribe Vélez de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado porque, entre otras cosas, consideró que la Fiscalía “no continuócon la línea que adelantó en la diligencia de indagatoria en la resolución de acusación; aplicó por favorabilidad una disposición con un verbo que no existía; no determinó el tiempo y el lugar de la ejecución de la conducta punible y confundió las figuras de intervención cambiándolas frente a este delito de tres oportunidades”. Sin embargo, la Fiscalía, el apoderado de la parte civil y la representación del Ministerio Público presentaron, cada uno, recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria de primera instancia, por lo que fue remitido en segunda instancia al Tribunal Superior de Medellín, que finalmente lo condenó este martes.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, fue absuelto de sus presuntos nexos con un grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles. El juez Jaime Herrera Niño, en Medellín, le retiró los cargos de concierto para delinquir y homicidio agravado.El exjefe de Estado colombiano lanzó un breve trino al conocer la noticia sobre su familiar: "Gracias a Dios". El presidente Gustavo Petro, por su parte, escribió en X: "La impunidad no nos lleva sino a más violencia".Proceso contra Santiago Uribe se reabrió en 2010El proceso inició desde 1995, época en la que se señaló al grupo ilegal de diversos asesinatos y extorsiones en los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal, en el norte de Antioquia.En 2010 se reabrió la investigación por el testimonio del mayor de la Policía retirado Juan Carlos Meneses, quien aseguraba que tenía pruebas contra Santiago Uribe y sus supuestos nexos con Los 12 Apóstoles, que, según él, estaba conformado por ganaderos, comerciantes, finqueros y hasta un sacerdote.La Fiscalía y la Procuraduría pidieron en 2019 una condena contra el hermano del expresidente. Sin embargo, el juez en Medellín decidió absolverlo este 13 de noviembre.Asesinato de conductor Camilo Barrientos, uno de los casos contra Santiago UribeEl crimen se perpetró en febrero de 1994 en Yarumal, Antioquia. La víctima, conductor de un bus escalera, supuestamente tenía nexos con la guerrilla, razón por la que Los 12 Apóstoles decidieron acabar con su vida. En 1997 se cerró el proceso con un fallo inhibitorio.No obstante, el caso se reabrió en 2010 y a Santiago Uribe lo llamaron a indagatoria en septiembre de 2013, en octubre declara, en abril de 2015 amplió el testimonio, en febrero de 2016 fue capturado, en abril de ese año le negaron la libertad, en marzo de 2018 le concedieron la libertad y le ordenó el pago de 30 salarios mínimos y en febrero de 2021 terminó el juicio.Lo que ha dicho Juan Carlos Meneses sobre Santiago UribeEl expolicía, que está sometido a la JEP y se encuentra en libertad condicional, reveló que durante la época en que delinquió el grupo de Los 12 Apóstoles, recibían sobornos para no estar en los sitios donde los paramilitares cometían los crímenes. Así mismo, el mayor retirado señaló que Santiago Uribe ayudaba a financiar a la banda.Varios paramilitares también han dicho que el hermano del expresidente Álvaro Uribe entregaba aportes al grupo ilegal por patrullajes en el suroeste de Antioquia.En medio del fallo a favor de Santiago Uribe, se ordenó compulsar copias por falso testimonio contra Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, abatido por la fuerza pública; Alexander de Jesús Amaya Vargas, Álvaro Vásquez Arroyave, Rodrigo Pérez Alzate, Pedro Manuel Benavidez, Camilo Vásquez y Carlos Enrique Serna.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a versión voluntaria al mayor (r) Juan Carlos Meneses Quintero, en el marco del subcaso Antioquia, por los vínculos de miembros de la fuerza pública con el paramilitarismo y por los hechos relacionados con el grupo delincuencial Los Doce Apóstoles.La fecha de la diligencia se dará a conocer mediante oficio en los próximos días.¿Qué ha dicho Juan Carlos Meneses ante la JEP?El expolicía, que está sometido a la JEP y se encuentra en libertad condicional, reveló que durante la época en que delinquió el grupo de Los Doce Apóstoles, recibían sobornos para no estar en los sitios donde la banda cometía los crímenes.Así mismo, el mayor retirado señaló que Santiago Uribe ayudaba a financiar al grupo paramilitar.Varios paramilitares también han dicho que el hermano del expresidente Álvaro Uribe entregaba aportes al grupo ilegal por patrullajes en el suroeste de Antioquia, principalmente en los municipios de Amagá, Angelópolis y Titiribí.La JEP, al citar a Juan Carlos Meneses, indicó que este, si así lo requiere, “tendrá cinco (5) días hábiles desde la notificación de esta providencia para solicitar la asignación de un abogado adscrito al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa -SAAD-, para lo cual deberá manifestar ante esta Jurisdicción su imposibilidad de cubrir los gastos de un apoderado judicial”.También ordenó “la notificación al Ministerio Público del contenido de esta providencia y a las víctimas acreditadas en el Caso 08, por intermedio de sus representantes judiciales”.
En Cúcuta fue capturado el mayor en retiro Juan Carlos Meneses, testigo contra Santiago Uribe en caso de los Doce Apóstoles.El exoficial de la Policía se encuentra en los calabozos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), lo que ha rechazado su defensa con el argumento que él está a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Juan Carlos Meneses es considerado uno de los testigos clave en el proceso contra Santiago Uribe Vélez.La defensa del exoficial relató la forma en que fue capturado.“El señor Juan Carlos Meneses se presentó de manera voluntaria ante la Sijín en la ciudad de Cúcuta con el propósito de indagar sobre posibles requerimientos en su contra, siendo allí notificado de la existencia de una orden de captura emanada de la Fiscalía Seccional Especializada de la ciudad de Buga, por presuntos vínculos con las Autodefensas durante el año 2001 a 2003”, dijo Carlos Arturo Toro, su abogado.Para la defensa, la Fiscalía no debía emitir una orden de captura ya que Meneses está a disposición de la JEP y por cuenta de ello quedó en libertad en abril de 2019.Meneses contactó al nobel de Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel para hacer las denuncias contra el hermano del ex presidente Uribe a través de su fundación.El mayor en retiro señala a Santiago Uribe Vélez de liderar un grupo paramilitar que asesinó a varias personas en Yarumal (Antioquia) en 1994.El grupo ilegal, según su testimonio, tenía como base de operaciones la hacienda La Carolina, propiedad del hermano del expresidente, señalamientos que son negados por Santiago Uribe.Su abogado pedirá la libertad en audiencia.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra varios operadores de telecomunicaciones por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales para atenuar o restringir las señales en establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa información fue divulgada en un comunicado de prensa de la Presidencia de la República. Según el documento, las actuaciones buscan establecer si las empresas adoptaron las medidas técnicas necesarias para impedir las comunicaciones no autorizadas desde los centros de reclusión.Uno de los casos involucra a Starlink Colombia S.A.S., luego de que durante un operativo en la cárcel La Picota, en Bogotá, fueran encontradas seis antenas de esta compañía, junto con cientos de dispositivos de comunicación no autorizados.Posteriormente, verificaciones técnicas del Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) del MinTIC identificaron conexiones a internet mediante redes wifi provistas por Starlink en cuatro establecimientos penitenciarios: La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en Meta, y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.Investigaciones contra cuatro operadores móvilesEl MinTIC también abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM), Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar), Comunicación Celular S.A. (Comcel - Claro) y la Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones (Tigo).En estos casos, las actuaciones están relacionadas con el presunto incumplimiento de las obligaciones de eliminación o restricción de señales móviles en la cárcel La Picota.De acuerdo con el comunicado, durante los operativos realizados en ese establecimiento fueron encontrados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, entre otros elementos electrónicos.La obligación de restringir las señales en las cárceles está contemplada en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014. Esta disposición establece deberes para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones frente a las señales que cubren los establecimientos penitenciarios.¿Qué sanciones podrían enfrentar los operadores?Según la Presidencia, si se comprueban los incumplimientos, las empresas investigadas podrían enfrentar sanciones que contemplan multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su equivalencia legal aplicable, suspensión temporal de operaciones e incluso cancelación de licencias, autorizaciones o permisos, según corresponda.El Gobierno aclaró que las investigaciones se adelantarán con garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las compañías involucradas. Por tanto, se recalca que la apertura de estas actuaciones no significa que los operadores hayan sido declarados responsables.Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el tema en su cuenta de X y aseguró que dio instrucciones para utilizar las herramientas legales y tecnológicas disponibles con el propósito de impedir las comunicaciones ilegales desde las cárceles.“Las cárceles son para cumplir condenas, no para dirigir el crimen”, escribió el mandatario. También sostuvo que las tarjetas SIM utilizadas ilegalmente desde las prisiones deben ser desactivadas y que las conexiones satelitales no autorizadas deben ser restringidas.El Gobierno señaló que mantendrá la vigilancia sobre los operadores y las obligaciones que tienen frente al control de las comunicaciones en los centros de reclusión.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El soldado Estivinson José Epieyú Pushaina es la víctima mortal que dejó el ataque con explosivos contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 2, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. El Ejército Nacional confirmó su fallecimiento y reportó que otros 12 militares resultaron heridos durante la acción. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa información sobre su identidad fue divulgada por la Primera División del Ejército, a través de un comunicado de la Décima Brigada, unidad que rechazó el atentado y señaló que las instalaciones militares fueron atacadas mediante rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados.La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, también confirmó que el soldado fallecido pertenecía a un pueblo indígena. En sus declaraciones conocidas por Noticias Caracol, lamentó lo ocurrido y señaló que entre los uniformados heridos también hay militares indígenas. "Desafortunadamente, este ataque cobarde nos deja por saldo un soldado fallecido, perteneciente además a un pueblo indígena".Así habría sido el ataque contra el batallón en CesarEn el más reciente informe de este noticiero se conocieron nuevos detalles sobre la forma en que se habría ejecutado el atentado. Inicialmente, se habló de la posible utilización de drones; sin embargo, el Ejército confirmó que los explosivos fueron lanzados mediante rampas instaladas para ese propósito.Según la información entregada por la gobernadora del Cesar al noticiero, el ataque se habría realizado desde un camión tipo furgón que estaba ubicado en la vía pública. La mandataria indicó que, de acuerdo con el reporte conocido por las autoridades departamentales, en el vehículo fueron instalados 10 explosivos, de los cuales tres detonaron.La situación también obligó al cierre de una vía principal en el sector, mientras las autoridades adelantan las labores para garantizar la seguridad. De acuerdo con el reporte, mediante un dron fotográfico se identificó que todavía hay alrededor de siete artefactos explosivos sin detonar.La gobernadora explicó que, una vez conocieron lo ocurrido, activaron la red hospitalaria del departamento para atender a los uniformados afectados. Por ahora se sabe que los 12 heridos reciben atención en diferentes centros asistenciales: algunos en el hospital de La Jagua de Ibirico, otros en Codazzi, tres en Valledupar y uno en Chiriguaná.Por su parte, la Primera División del Ejército reiteró su rechazo al ataque e hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita identificar a los responsables. La institución indicó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo para recibir información.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Cinco presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murieron durante una operación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en zona rural de Dagua, Valle del Cauca, según informó el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X. De acuerdo con la publicación, el operativo, denominado Neptuno, se llevó a cabo en la vereda La Elsa y estuvo dirigido contra el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez de esa guerrilla, estructura que, según el mandatario, es comandada por alias Bertha. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEn el mensaje, De la Espriella señaló que, además de los cinco integrantes dados de baja, las autoridades incautaron seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos.El presidente también se refirió a la cabecilla de esta estructura y recordó que por información que permita su captura se ofrece una recompensa de hasta 787 millones de pesos. En su publicación, De la Espriella relacionó al frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez con varios hechos violentos registrados en el suroccidente del país. Según indicó, a esta estructura se le atribuyen 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y 10 atentados.Asimismo, señaló a sus integrantes de estar relacionados con la incineración de seis tractocamiones en la vía Loboguerrero–Buenaventura y de afectar a 300 familias en el municipio de Dagua.Tras informar sobre los resultados del operativo, el presidente aseguró que la instrucción a la Fuerza Pública es continuar las acciones contra las estructuras armadas ilegales en el territorio. “Mantener la ofensiva, recuperar el control territorial y acabar con las estructuras narcoterroristas que amenazan a nuestros campesinos, comerciantes y transportadores”, escribió.Finalmente, De la Espriella felicitó a los soldados y policías que participaron en el procedimiento y presentó la operación como parte de las acciones de la Fuerza Pública contra el ELN en el suroccidente colombiano.Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, resaltó el compromiso de los uniformados en el operativo. "La valentía, entrega y compromiso de nuestros soldados y policías nunca han estado en duda; por el contrario, han sido nuestra fortaleza y quienes han defendido al Valle. Pero hoy ellos tampoco están solos". Afirmó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Tres personas murieron y 36 permanecen desaparecidas después de que un incendio se desatara en una fábrica de productos de dulces y confitería situada en el oeste de Indonesia, cerca de la capitalina Yakarta, informaron este domingo las autoridades del archipiélago. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALas instalaciones de la empresa Fonusa Agung Mulia –filial de UNIFAM, uno de los principales grupos del sector indonesio de alimentos y bebidas–, situadas en la provincia de Banten, colindante con la de Yakarta, comenzaron a arder sobre las las 17:00 hora local (10:00 GMT) del sábado, indicó la agencia de búsqueda y rescate de país (Basarnas) en un comunicado."El incendio persiste en varias áreas" de la planta y "los bomberos continúan con las labores de extinción y enfriamiento", recoge el texto.Los rescatistas, junto con personal de la Cruz Roja de Indonesia, continúan sus labores de búsqueda y evacuación de las víctimas.Según el último balance de las autoridades, tres personas han perdido la vida en el incendio y 36 permanecen desaparecidas, mientras que otras 15 han sobrevivido.Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios: dos al Hospital Hermina y otras dos a la Clínica Modern.Imágenes del lugar difundidas por Basarnas muestran el interior de la fábrica calcinado, con maquinaria quemada, plástico derretido y algunos focos de fuego aún activos."El proceso de búsqueda y respuesta sigue en curso" y los equipos de rescate "están realizando los máximos esfuerzos para localizar a las víctimas, priorizando en todo momento la seguridad del personal desplegado en el terreno", afirmó el jefe de la sección de Operaciones y Alerta de Basarnas en Banten, Rizky Dwianto. AGENCIA EFE
Un soldado murió y otros 12 militares resultaron heridos tras un ataque con explosivos contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 2, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. La información fue confirmada por la Primera División del Ejército Nacional, que rechazó el hecho y anunció que las autoridades buscan establecer quiénes estarían detrás de la acción.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa víctima fue identificada como el soldado Estivinson José Epieyú Pushaina, a quien la institución recordó como un “héroe por siempre”. Los otros 12 uniformados lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento, donde reciben atención médica, según el reporte oficial.A través de un comunicado, la Décima Brigada, unidad orgánica de la Primera División, explicó que las instalaciones militares fueron atacadas mediante el uso de rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados.La institución calificó lo ocurrido como una acción criminal y señaló que representa una vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos.Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de las redes sociales, en su mensaje mostró su rechazo ante los hechos. "Este y todos los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil los narcoterroristas los van a pagar con sangre. Cada acción criminal tendrá una respuesta contundente, más fuerte, letal e implacable". Escribió.¿Cómo ocurrió el ataque en La Jagua de Ibirico?De acuerdo con lo conocido hasta el momento, el ataque se habría registrado hacia las 11:00 de la noche del sábado 21 de noviembre. Los reportes preliminares mencionaron el posible uso de drones con explosivos y un carro bomba. Sin embargo, el comunicado oficial del Ejército no detalló como se ejecutó el ataque.En medio de la emergencia, el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leo Hernández, solicitó, por medio de sus redes sociales, apoyo de los centros asistenciales de municipios cercanos para atender a los heridos. “Por favor, necesitamos ambulancias de los hospitales cercanos”, pidió el mandatario local.Alcaldía decretó toque de queda por 24 horasTras los hechos, la Administración Municipal expidió el Decreto N.° 0122 del 22 de noviembre de 2026, mediante el cual adoptó medidas extraordinarias y transitorias de seguridad y orden público.Entre las disposiciones se encuentra un toque de queda de 24 horas, que comenzó a las 12:00 de la medianoche del domingo 22 de noviembre. La Alcaldía explicó que la medida busca proteger la vida y la integridad de los habitantes ante los hechos violentos registrados contra las instalaciones militares.Por su parte, la Primera División del Ejército invitó a la ciudadanía a entregar información que permita identificar a los responsables y prevenir nuevos ataques. Para ello, recordó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido oficialmente la autoría del ataque a un grupo armado específico. Sin embargo, en esta región del Cesar se ha reportado anteriormente presencia e influencia de estructuras del Clan del Golfo y del ELN, además de redes de delincuencia común y extorsión.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co