JEP acepta sometimiento del exsenador Musa Besaile

El excongresista aseguró que dará información de estructuras paramilitares con las que se relacionó, pero no tendrá beneficio de libertad que había solicitado.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP admitió a Besaile como tercero civil en el conflicto por los supuestos vínculos con Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá para conseguir los votos necesarios y convertirse en senador por el departamento de Córdoba, crimen conocido como la parapolítica.
Dicho escándalo salió a la luz pública en 2006 y llevó a casi un centenar de congresistas a ser investigados, encarcelados o condenados por vínculos con paramilitares.

"PARAPOLÍTICA"

 
La resolución por la cual la JEP acepta el sometimiento detalla que los delitos por los cuales también fue admitido tienen que ver con investigaciones de corrupción que realiza la Corte Suprema de Justicia.
"Estos últimos apuntaban a encubrir la investigación por nexos con los paramilitares en su contra y buscar su impunidad", señala la JEP.
Al ser admitido en esa justicia transicional, el excongresista se comprometió a aportar información de las estructuras paramilitares con las que tuvo relación para su elección como congresista, con otros agentes del Estado y con empresarios de su departamento.
También aportará información de hechos de corrupción en los que participó con algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia, conocido como el ‘cartel de la toga’.
La resolución de la JEP también aclara que Besaile seguirá preso y que, por ahora, no le concede el beneficio de libertad que había solicitado.
El excongresista fue arrestado en agosto de 2017 al descubrirse que pagó 2.000 millones de pesos para que no se conociera expediente que lo vinculaba con paramilitares.
De esa investigación nació la trama conocida como el ‘Cartel de la toga’ en el que resultaron salpicados los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino.
También formó parte de ese entramado de corrupción el entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, y su socio, Leonardo Pinilla, ambos extraditados y condenados en Estados Unidos por recibir sobornos del exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons.
Lyons huyó a Estados Unidos donde decidió colaborar con la Justicia de ese país, lo que permitió la captura de Moreno.