JEP aclara de qué depende la situación jurídica de 724 exguerrilleros

Patricia Linares dijo que es función del despacho del alto comisionado para la Paz acreditar o no los nombres presentados por los representantes de la FARC.
"Hemos acordado con la Justicia Especial para la Paz (JEP) crear una serie de mesas técnicas de trabajo conjunto para estudiar los casos de las 724 personas y otras más que deban o no ser excluidas", dijo el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en una declaración en la Casa de Nariño.
Ceballos explicó que esos excombatientes "nunca se acercaron a firmar los compromisos" que adquirían con la JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
Por su parte, la JEP aclaró en un comunicado que "la acreditación o no de los nombres presentados por los representantes de las FARC al Gobierno nacional para ser incluidos en los correspondientes listados es una tarea que la Constitución y la ley atribuyen a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz".
El pasado 15 de mayo la JEP confirmó la orden de captura emitida en abril en contra del exjefe de las FARC Hernán Darío Velásquez, alias ‘el Paisa’,  y aclaró que deberá ser puesto a disposición de ese tribunal y no de la justicia ordinaria.
El organismo reiteró ese día que es "plenamente competente para ordenar la captura de Velásquez Saldarriaga por su incumplimiento de las condiciones para mantener el beneficio de la libertad".
La decisión se sustentó en que entre las condiciones para que los excombatientes gocen de los beneficios jurídicos del acuerdo de paz están la garantía de no repetición y el compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas.
Tales condiciones no fueron cumplidas por ‘el Paisa’, que es hoy uno de los hombres más buscados de Colombia porque la orden de captura fue notificada a la Policía Nacional y a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Asimismo, el Gobierno colombiano eliminó el pasado 6 de abril de las listas de personas que se acogieron a la JEP a seis narcotraficantes que buscaban someterse como supuestos miembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC.
También, desde 2018, cuando comenzó a operar, la JEP ha rechazado 43 solicitudes de garantía de no extradición de las 58 que ha recibido.
"Las 43 personas rechazadas habían solicitado a la JEP conocer sus casos, ya que alegaban ser parte de las extintas FARC. Además, argumentaron que sobre ellos pesa una solicitud de extradición de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico", señaló la JEP.