Tras la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso de la República, en la que el propio presidente Gustavo Petro admitió en su discurso que “este Gobierno no ha logrado la paz total”, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó el proyecto con el que, según el alto funcionario, se busca "el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, respetando siempre los derechos de las víctimas".
Durante el Gobierno de Petro se han entablado diálogos con el Eln -aunque el mandatario los suspendió en enero y posiblemente no se reactiven-, con la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), ambas disidencias de las Farc. El Gobierno también ha dialogado con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas Clan del Golfo; con bandas armadas de Medellín, Buenaventura, el Cauca y Nariño, y con agrupaciones locales.
Aunque Petro manifestó que “obviamente este Gobierno no ha logrado la paz total”, sostuvo que "en Colombia la mayoría del país está en paz. En Colombia la mayoría de municipios no tiene homicidios: 662 municipios de Colombia no tienen homicidios. Éxito de este Gobierno".
Asimismo, aseguró que ha habido un "aumento exponencial del personal (de la Policía): la institución ha crecido en 14.139 uniformados porque ahora más jóvenes quieren ser policías". (Lea también: "
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¿Qué penas propone el proyecto de paz total?
Según el Ministerio de Justicia, en la iniciativa “no todos los grupos serán tratados igual”. Señala que “a grupos como el ELN o las disidencias de las antiguas Farc se les reconocerá un carácter político para poder avanzar en negociaciones de paz”, mientras que “a las bandas criminales, como el Clan del Golfo, se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras”.
De acuerdo con la cartera, los beneficios solo se entregarán a los delincuentes “si hay compromisos claros y verificables, como dejar de atacar a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración”.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, dijo el ministro Montealegre, subrayando “que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad, siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”.
Dichas condenas contemplan:
Penas entre 5 y 8 años con medida privativa de la libertad para quienes participen como actores del conflicto armado, como el Eln y las disidencias, y que “sean máximos responsables”, se lee en el documento.
“Para los miembros que, sin haber tenido rol de dirección o capacidad de mando en el plan criminal, hayan participado de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra, se contempla una pena alternativa de 2 a 5 años de privación de la libertad; y en el caso de las personas previamente excluidas de los procesos de justicia transicional se establece una pena alternativa de privación de la libertad de 8 a 10 años, sin que pueda ser menor a la correspondiente del régimen del que fueron excluidos”, indica el proyecto de paz total.
Las condenas estarán condicionadas al cumplimiento de requisitos colectivos e individuales como:
- Desmovilización del grupo armado.
- Dejación de armas y material bélico.
- Entrega total de bienes ilícitos.
- Entrega de niños, niñas y adolescentes vinculados a la organización, usados, reclutados o utilizados.
- Cese de interferencia al ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y de cualquier actividad ilícita.
- Renuncia a economías ilícitas y contribución a la transformación hacia economías legales y la transformación territorial.
- Liberación de personas retenidas o secuestradas.
- Suscripción de acta de aceptación de las condiciones establecidas en la normativa.
- Aportes concretos a la verdad y reparación a través de mecanismos judiciales y extrajudiciales.
Rebajas punitivas entre el 40% y el 60% como política de sometimiento para otros grupos al margen de la ley, como Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), así como de sus financiadores y colaboradores, que siempre tendrán medida privativa de la libertad. Deben manifestar “su voluntad de someterse a la justicia antes del 31 de diciembre de 2026”, señala la propuesta.
Deben comprometerse a: “cese inmediato de todas las actividades ilícitas; entrega gradual de bienes, redes de apoyo y menores de edad vinculados a la organización, usados, reclutados o utilizados; cronograma detallado de desmonte estructural; plan de reparación colectiva conforme a estándares internacionales de verdad, justicia y reparación; suministro de información verificada sobre el modus operandi, financiadores, colaboradores y otras estructuras criminales; pedir perdón a las víctimas como acto simbólico de reconocimiento de responsabilidad”, dice el proyecto de paz total.
Agrega que “se establece la posibilidad de acceder a libertad condicional tras cumplir ocho (8) años o dos quintas partes de la pena efectiva, siempre que se verifique una contribución efectiva a los derechos de las víctimas”.
Beneficios para jóvenes condenados por conductas en el marco de la protesta social. Recibirán rebaja de un 70% de su pena. Recalca el proyecto de paz total “que es claro que el ejercicio de la facultad de protestar para llamar la atención de la institucionalidad por asuntos considerados injustos puede verse desfigurada posteriormente, pero siempre se debe recordar que dichos actos transgresores provienen de una manifestación política. En pocas palabras, el espíritu parte con una vocación altruista, pero se emplean formas que contravienen normas establecidas, sin que por ello se pueda negar la intención que derivó en dichas prácticas. Por estas razones se establece como tratamiento especial aplicable el principio de oportunidad”.
El ministro Montealegre reiteró durante la rueda de prensa que el proyecto de paz total “tiene tres destinatarios fundamentales: un marco para aquellas personas que están dentro del derecho internacional humanitario, como el Ejército de Liberación Nacional y otros grupos insurgentes y algunas disidencias de las Farc; una política de sometimiento para el crimen organizado que están negociando paz urbana, por ejemplo en Medellín; y otro grupo muy importante de ciudadanos que son aquellas personas que están siendo procesadas o que fueron condenadas en el marco de la protesta social”.
POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
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