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Luego de la instalación del Congreso, en un discurso en el que el presidente Gustavo Petro reconoció este domingo que "no ha logrado la paz total" con los grupos armados, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó el proyecto que busca dotar al Estado de herramientas legales sólidas y humanitarias para avanzar en los procesos de desmovilización, diálogo y justicia frente a los actores armados ilegales.
Por un lado, el mandatario dijo que “en medio de grandes dificultades históricas le seguimos apostando a la paz, tema de seguridad que amerita un detenimiento, porque obviamente este Gobierno no ha logrado la paz total”.
Montealegre, posteriormente, radicó la iniciativa ante el Congreso. El objetivo, según explicó Minjusticia, es que el país cuente con normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, respetando siempre los derechos de las víctimas.
“Este proyecto, liderado por el ministro Eduardo Montealegre, propone una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado desde la justicia, la verdad y la reparación”, señalaron desde Minjusticia.
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De acuerdo con esta cartera, no todos los grupos serán tratados igual. “A grupos como el Eln o las disidencias de las antiguas Farc se les reconocerá un carácter político para poder avanzar en negociaciones de paz”, anotaron. En tanto, a las bandas criminales, como el Clan del Golfo, se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras.
La cartera también señaló que el proyecto también aclara que los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, como dejar de atacar a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración.
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“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, explicó el ministro Montealegre. El exfiscal agregó que “Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”.
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