"Esta victoria no borra el daño": Grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, tras decisión de la Corte

Luego de que la Corte Constitucional ordenó revocar tres resoluciones dictadas por la Superintendencia Nacional de Salud que habían intervenido la EPS Sanitas y concluyó que hubo una vulneración del derecho al debido proceso de las empresas del grupo Keralty -dueño de la EPS Sanitas- y de su representante legal Juan Pablo Rueda Sánchez, ese grupo empresarial emitió un comunicado en el que si bien califica de "histórico" el fallo del alto tribunal, señala que lo que "debiera ser un día de alegría por el restablecimiento de la justicia, para nosotros es un día de duelo"."Esta victoria jurídica no borra el daño moral, institucional, financiero y humano que este Gobierno ha causado, no solo a nosotros como organización, sino a millones de usuarios, pacientes, familias, médicos, clínicas y trabajadores de la salud que han sufrido en carne propia las consecuencias de una estrategia deliberada de destrucción", señaló el grupo Keralty, que apunta que luego de 15 meses se les devuelve "lo que nunca debió ser arrebatado". En otro punto, en un tono firme, señala que "esto no fue un error" sino "una estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada que el Estado Colombiano ejecutó". La Supersalud prorrogó en abril pasado por un año la intervención administrativa a la EPS Sanitas debido a sus problemas financieros y de atención a sus afiliados. En esa ocasión la entidad dijo que en Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados en Colombia, "persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios". La empresa fue intervenida el 2 de abril de 2024 por insolvencia, debido a la crisis que enfrentan varias entidades que prestan servicios de salud en el país.Este jueves, mediante la sentencia SU-277 de 2025, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, la Corte Constitucional revocó la decisión del 10 de julio de 2024 proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez había confirmado el fallo del 30 de mayo de 2024 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, que declaró improcedente una acción de tutela. En su lugar, el alto tribunal amparó el derecho fundamental al debido proceso de Clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S. Compañía de Medicina Prepagada, Keralty S.A.S., Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. y Juan Pablo Rueda Sánchez, quienes presentaron la tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud.La Corte Constitucional ordenó así dejar sin efectos las tres resoluciones de la Superintendencia: se trata de la Resolución No. 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024, que ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. por un año, así como la intervención forzosa para ejercer su administración. También anuló la Resolución No. 2024100000003060-6 del 10 de abril de 2024, que corrigió la anterior, y la Resolución No. 2025320030001947-6 del 1 de abril de 2025, mediante la cual se prorrogó esa medida de intervención por un año.En su comunicado, el grupo Keralty enlistó las consecuencias que sufrió. "Primero nos asfixiaron financieramente, negándose a reconocer la desfinanciación estructural del sistema y el pago de deudas atrasadas". También anota que "nos persiguieron administrativamente, con auditorías, investigaciones y campañas de desprestigio que no hallaron una sola falta material, ética o legal, en nuestra gobernanza" y "después nos intervinieron para desbaratarnos desde dentro, desmantelando a la EPS Sanitas, destruyendo parte del modelo, debilitando redes, abandonando a los pacientes y desmoralizando a nuestros equipos".La decisión de este jueves de la Corte responde a una acción de tutela interpuesta por la Clínica Colsanitas S.A. y otros contra la Superintendencia Nacional de Salud.El grupo Keralty recurrió en enero de este año a "instancias internacionales" para solucionar esa disputa que, según afirma, afecta su situación financiera y la prestación de sus servicios. Los accionistas del grupo empresarial señalaron que las medidas tomadas por el Gobierno "constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores y la sociedad colombiana en general".Por esa razón, y ante las dificultades para llegar a una "resolución amistosa" de la disputa, el grupo empresarial -que en abril de 2024 ya había presentado una denuncia penal contra el entonces superintendente de salud colombiano, Luis Carlos Leal, por la intervención del Gobierno en Sanitas- llevó el caso a la esfera internacional.Keralty no dio detalles de esta demanda, pero trascendió que los accionistas la presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando que la intervención vulnera el acuerdo para la protección recíproca de inversiones existente entre España y Colombia. Por esa razón, los accionistas de Keralty, que son Centauro Capital (61%) y Natanor XXI (39%), reclaman al Estado colombiano 1.200 millones de dólares.Cuando la Superintendencia de Salud ordenó la intervención por un periodo de un año de Sanitas, alegando supuesta insolvencia de la empresa, esta tenía una deuda de unos 471 millones de dólares.El Gobierno colombiano, que intenta sacar adelante una cuestionada reforma a la salud, ha intervenido varias EPS con el argumento de que tienen problemas financieros y no están cumpliendo con sus compromisos de atención a los usuarios. Sin embargo, ninguna de las empresas intervenidas ha mejorado su situación ni financiera ni de atención al público y, por el contrario, las asociaciones médicas denuncian que han empeorado porque el Gobierno les restringe los pagos que reciben por atender a la ciudadanía.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

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La Corte Constitucional dejó sin efecto la decisión de la Supersalud que había ordenado, corregido y prorrogado la intervención del Gobierno sobre esa EPS y sus bienes.

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