El departamento de Sucre se sumió en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico destino de Armando Luis Rivero Manjarrés, un reconocido rector de colegio, gestor cultural, periodista y locutor de radio de 44 años. La desaparición del líder social, reportada el 12 de julio de 2024, activó una intensa búsqueda que develó un escalofriante entramado familiar. Séptimo Día conoció detalles de la investigación y habló con algunos de los señalados.James Chamorro Manjarrés, hermano del profesor, describió el profundo vacío que dejó su pérdida: "Fue prácticamente mi padre de crianza, a pesar de que él no tuvo hijo biológico. Él crio a mis hermanos, a otro primo y a mí". Asimismo, su sobrina Miriam Toscano Rivera resaltó sus valores: "Él es una persona demasiado educada, fue una persona muy recta en sus cosas y siempre quería que fuéramos así rectos y que estudiáramos".La última imagen con vida de Rivero se registró en Sincelejo, cuando salía en su camioneta gris acompañado de su hijastro, Yofran Orozco Perea, de 26 años.Al día siguiente de su desaparición, el 13 de julio la camioneta apareció incinerada en zona rural de Tuchín, Córdoba, un hallazgo que descompensó a Juana Perea, su pareja y mamá de Yofran Orozco: "Una experiencia muy horrible porque, o sea, yo nunca llegué a pensar que lo iba a encontrar así o que yo lo iba a ver así nunca mi vida".El rastreo telefónico que rompió la coartadaEl 17 de julio de 2024, cinco días después de su desaparición, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor bajo un puente en el corregimiento de San Luis, Sampués. La necropsia confirmó que el docente murió tras recibir varios impactos de bala en el costado izquierdo.Entonces, la clave para resolver el crimen estuvo en el rastreo técnico de las empresas de telefonía celular. Los investigadores de la Sijín descubrieron que, a pesar de asegurar que se encontraba en su casa, el teléfono celular de Yofran Orozco arrojó actividad en el punto exacto y a la hora en que se abandonó el cadáver. Adicionalmente, el rastreo probó que el joven ya coordinaba llamadas para planificar la repartición de los bienes de su padrastro antes de confirmarse su hallazgo.Tanto el joven como su madre fueron capturados el 1 de octubre de 2024.La cruda confesión tras las rejasAunque inicialmente no aceptó los cargos ante los juzgados, Yofran Orozco terminó por confesar su autoría en una audiencia judicial: "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón público a mi madre, a Dios; que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error".Recientemente, desde la cárcel de Sincelejo, Orozco rompió el silencio ante las cámaras de Séptimo Día y detalló las motivaciones de su crimen, atribuyéndolo a supuestos abusos pasados y celos: "Es un cúmulo que se puede dar de celos, no de celos de amor, sino un cúmulo de celos, de traición, de esa situación que fue lo que ocasionó la maximización de querer matarlo".El proceso continúa en etapa de juicio y mientras él está recluido en una cárcel, su mamá quedó en libertad por vencimiento de términos, al igual que otros tres posibles implicados. Entre tanto, la familia de la víctima clama para que el caso no quede impune.
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 y provocó el derrumbe de un área del Hospital Universitario del Valle, en Cali. En medio de la emergencia, Karen Tamayo, una auxiliar de enfermería de 24 años que realizaba allí su práctica, protagonizó una asombrosa historia de supervivencia.Su valentía para evacuar a varios recién nacidos y su ingenio para utilizar el asistente de voz de su celular, que había quedado destruido bajo los escombros, fueron clave para salvarle la vida. Los Informantes habló con ella y recorrió el lugar donde ocurrió la tragedia.El sismo que dejó profundas heridasEl 10 de agosto de 2026, Karen iniciaba su turno en el sexto piso del centro médico, en el área de ginecología y obstetricia. Según relató, en esa sala había alrededor de 20 pacientes, cada una con su bebé.A las 7:34 de la mañana comenzó el fuerte movimiento telúrico. Al principio, Karen y su equipo decidieron esperar, pero la intensidad del terremoto aumentó drásticamente y los obligó a evacuar hacia los pasillos exteriores.Sin embargo, ella regresó por dos pacientes que permanecían en un cubículo y también auxilió a otra mujer que había quedado atrapada, pero justo en ese momento la estructura empezó a colapsar y vino lo peor.Karen cayó al vacío dos pisos y terminó atrapada en el cuarto nivel del hospital. "Cuando yo voy a correr, yo ya vi que el paso que yo daba fue falso y ya colapsó el edificio conmigo", recordó sobre esos segundos de angustia.Debajo de los escombros su celular fue claveCuenta que estuvo inconsciente durante 3 o 4 horas por un golpe en la cabeza y, cuando logró despertar, notó que estaba en “una especie de triángulo de la vida”, lo que vino después es inimaginable: le dolía todo el cuerpo y le hasta costaba respirar.Había perdido su celular en medio de la tragedia. Estaba incomunicada, no sabía exactamente qué hora era, no escuchaba nada y en medio de ese silencio empezó a sentir una vibración en alguna parte entre los escombros, por lo que como pudo logró desenterrar su teléfono, pero lo encontró totalmente destruido.“Entonces yo me acordé de que yo le tenía activado el Siri y lo primero que yo hice fue llamar a la Policía. Yo le dije, ‘Oye, Siri, llamar al 1 2 3’, entonces de una me salió la llamada. Yo hablé con la Policía, le dije dónde me encontraba y les colgué”, relata. Aunque se logró comunicar con las autoridades, aún no se sentía tan esperanzada, luego llamó a sus padres, pero no se pudo comunicar con ellos, después a dos de sus mejores amigos y al final a unos colegas lograron ponerla en contacto con los rescatistas que estaba afuera para que la ubicaran. 8 horas y media después del terremoto finalmente fue rescatada de los escombros.Karen tuvo una fisura en su columna vertebral que, por fortuna, sanará sin intervención quirúrgica, laceraciones en todo el cuerpo, una fractura múltiple en la nariz, de la que aún no se ha recuperado esperando que se desinflame, y una herida en su cabeza con exposición de cráneo.Pero la herida más profunda fue ver la destrucción que causó el terremoto en el país, de la que se enteró la noche siguiente a su rescate cuando vio las noticias en el hospital. A pesar de los esfuerzos de médicos y enfermeras del Hospital del Valle, seis personas murieron allí, entre ellos cuatro pacientes y dos acompañantes.
Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de denuncia para casos de maltrato animal en Colombia y el mundo. Videos sin censura han dejado en evidencia a maltratadores de animales que, en el peor de los casos, son dueños o trabajadores de guarderías o fundaciones caninas que deberían velar por el bienestar de estos animales.Según la ley colombiana, el maltrato animal está tipificado como un delito y puede dar penas de prisión de 12 a 36 meses a quien cause la muerte o lesiones a animales. Séptimo Día conoció las denuncias de varias personas contra lugares que supuestamente velan por el bienestar de mascotas y animales rescatados, pero cuyas condiciones supondrían realmente maltrato para estos.Denuncian maltrato en fundación de animalesA través de videos, animalistas y voluntarios han denunciado a la fundación Rufo Salvando Vidas, la cual tiene sede en Suba, en el norte de Bogotá, y asegura ser un espacio en el que se rescatan perros y se promueve el apadrinamiento y adopción de estos, por el aparente mal estado en el que viven los animales dentro de su predio. Uno de los videos más llamativo en las plataformas digitales muestra el momento en el que, aparentemente, un perro se está "comiendo" a otro que murió en el lugar.El video en cuestión fue publicado por Julio Triviño, un hombre que aseguró haber evidenciado el mal estado en el que viven los perros que están en la fundación. "El video se realizó porque acompañé a mi hijo a unas de las canchas de fútbol que está ubicada cerca a esta fundación y lo graba un papá que estuvo ahí en un partido. Cuando lo publiqué la señora trata de explicarme por qué el perro se comió al otro perro. Dice que colgaron un perro porque se había muerto una noche antes y el otro lo alcanzó. Entonces sí hay un problema administrativo", explicó.La señora a la que se refiere Triviño es Andrea Clavijo, quien es la representante de la fundación y, según datos de los denunciantes y de las redes sociales del lugar, tiene en su poder a más de 100 caninos, entre ellos algunos con discapacidades. La mujer, ante las cámaras de Séptimo Día, negó las acusaciones que surgieron por el video de Triviño y las que surgieron hace un año cuando varios voluntarios acudieron al lugar en medio de una inundación que sufrieron en sus instalaciones, ubicadas cerca de un complejo deportivo.Las otras denuncias las realizaron Camilo Jaramillo, Paola Andrea Pinzón y Sandra Silvera Ortíz, quienes acudieron como voluntarios y aseguraron encontrarse con un panorama desolador. Los voluntarios aseguraron que al llegar notaron que muchos de los caninos estaban "desnutridos y deshidratados" y otros que al parecer pasaban "encadenados las 24 horas del día". Sandra Silvera detalló que "como era un terreno fangoso, llevamos materiales para meter tubería y estibas para que los animales no estuvieran en el barro, pero lo que nos encontramos fue animales tomando agua de sus heces, animales cuyas uñas estaban destruidas por los hongos. Vimos que no había alimento, pese a que la semana anterior habíamos llevado dos toneladas".También señalaron que vieron a Andrea Clavijo golpear a uno de los caninos mientras estaba allí. "Esas son mentiras, ellos hicieron un video y se dan cuenta que los perros se iban a agarrar, yo me agaché y le di [una palmada] en la boca a la perra, no le hice más", señaló la representante de la fundación y agregó que en el lugar tampoco hay espacio para almacenar tanta comida, por lo que en esa ocasión decidieron llevarla hasta la casa de otro voluntario.Por su parte, la voluntaria Paola Andrea Pinzón señaló que ese día se conmovió particularmente por el estado de desnutrición en el que encontró a Valeria, una perra criolla a la que decidió adoptar y Sandra Silvera agregó que otros perros en mal estado fueron trasladados a otros hogares y recibieron atención veterinaria. Pero Clavijo negó que los voluntarios hayan sacado animales en mal estado de su fundación. "Lo que se llevaron fue perros de raza porque los vieron bonitos, gordos y en buen estado", aseguró.¿Qué hacen las autoridades con estos casos?En Bogotá, la autoridad para estos casos es el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Séptimo Día llevó ante el director Antonio Hernández las denuncias contra la fundación Rufo Salvando Vidas para establecer si tenían conocimiento sobre esta situación. Hernández indicó que las quejas que han recibido al respecto "tienen que ver con el espacio no es el más adecuado, son muchos animales y muchos presentan un estado de salud que no es el mejor".El director del IDPYBA detalló que tras las denuncias fueron a la fundación para verificar la situación y, en ese momento, "encontramos seis animales que ella entregó porque se dio cuenta que no tenía las condiciones ni las capacidades para brindarles protección. [Esto] puede representarse como maltrato". A pesar de esto, la fundación sigue operando y manteniendo a decenas de perros en su poder en condiciones que no son las más apropiadas para garantizar su bienestar.Andrea Padilla, senadora reconocida por su activismo animal explicó que "maltrato animal es toda conducta que vulnere el bienestar de un ser sintiente, no solamente es el golpe, es el maltrato por acción, también por negligencia, el hacinamiento también es maltrato". Agregó que, en este tipo de situaciones, lo que se debe hacer es "intervenir con una oferta social y apoyar a esta persona. La Alcaldía debería hacerse responsable".Sin embargo, Antonio Hernández explicó que el motivo por el que como autoridades no le han quitado los animales a la fundación Rufo Salvando Vidas es "porque nosotros consideramos que de nada sirve quitar animales cuando están en un lugar en el cual tienen resguardo, alimentación y cuidado. Lo que hay que buscar es mejorar las condiciones de este tipo de lugares. Si una persona de estas maltrata, no genera condiciones seguras para el animal, tenemos que intervenir".Los voluntarios y animalistas siguen esperando que sus denuncian tengan un efecto definitivo para garantizar la mejora de condiciones de los animales que permanecen en la fundación Rufo Salvando Vidas, mientras esta sigue operando y recibiendo donaciones.
El propósito de vida de Jaqueline Rivera, diseñadora y madre de dos hijos, cambió en febrero de 2018, cuando Camilo Rodríguez acabó con la vida de su hija Tamara Rivera, de tan solo 18 años, y escapó de las autoridades. Jaqueline le prometió a su hija, el mismo día que se llevó a cabo su funeral, que no descansaría hasta encontrar a su feminicida y llevarlo a responder por su crimen, además le aseguro que lo haría en menos de un año.La tarea no era sencilla, al hombre parecía que se lo había tragado la tierra. Pero aunque ella desconocía su paradero, no se rindió y pasó meses siguiéndole el rastro con publicaciones en redes sociales, hablando con personas que lo habían visto y recopilando información sobre su nuevo estilo de vida. Y lo logró, en enero de 2019, gracias a toda la labor de inteligencia que ella realizó sin conocimiento alguno, pero con el poder del amor maternal, llevó a las autoridades a detenerlo en otro país.Jaqueline Rivera no confiaba en el novio de su hija"Ella era muy alegre, súper espontánea, de esas personas que todo lo resuelve, decía 'yo puedo, yo lo hago'. Esa niña llena de energía soñaba con aprender muchos idiomas y viajar por el mundo". Así recuerda Jaqueline a su hija Tamara o 'Tammy', una joven a la que se le acabaron los sueños con sus 18 años recién cumplidos, luego de que el hombre con el que había sostenido una tormentosa relación la asesinara en su casa en Cali.El responsable fue Camilo Rodríguez, un hombre seis años mayor que Tamara que se dedicaba a manejar Uber en la ciudad y se había ganado la confianza de la joven hasta el punto de empezar una relación amorosa. Cuando Tamara se lo presentó a su mamá, ella le dijo que no le daba confianza, algo extraño porque Jaqueline asegura que "a mí no me cae mal nadie". Sin embargo, sus dudas no hicieron mayor peso y el noviazgo continuó, pero a los cuatro meses notó que algo estaba mal con su hija. Jaqueline Rivera confirmó sus sospechas, Camilo maltrataba a Tamara, y por eso la llevó a interponer una denuncia. A pesar del proceso legal iniciado, Tamara decidió volver con él y con el tiempo también regresaron los golpes, en total lo demandaron por agresión y violencia de género tres veces. Camilo no solo maltrataba y manipulaba a Tamara, quien sentía que no podía salir de esa relación, sino que también llamaba a Jaqueline para amenazarla por haberlo denunciado.Así ocurrió hasta que, finalmente, Tammy decidió dar por terminada definitivamente su relación con Camilo. Ante el temor de que el hombre regresara a la vida de su hija, Jaqueline tomó la decisión de cambiarse de casa y, en medio de eso, recibieron una noticia que les dio alivio. Camilo llamó a su hija para despedirse. "Le dice: 'Me voy para Bogotá, lo siento, la embarré contigo y no puedo estar acá', y se fue en enero"; pero todo era una farsa.Unas semanas después, el 22 de febrero de 2018, cuando se suponía que Camilo Rodríguez ya no estaba viviendo en Cali, Tamara le avisó a su mamá que saldría a la calle a hacer una diligencia, pero nunca más regreso. "Yo sentí que se me oprimía el pecho, había algo que me decía que algo pasó", recordó Jaqueline Rivera ese día, cuando salió corriendo en busca de su hija presintiendo que lo peor había pasado."Cuando llegué metí la llave y esa reja se abrió, miré al piso y encontré la pulsera de ella. Corrí al patio, miré por la ventana y la vi en el suelo. La toqué y estaba fría, eso es duro porque usted queda como en una burbuja, yo salí corriendo a un CAI cerca y les grité: 'mi hija está muerta, Camilo la mató'", detalló.Así fue la cacería del feminicida de su hijaLa muerte de Tamara Rivera en Cali empezó a ser investigada por las autoridades en Cali, con Camilo Rodríguez como principal sospechoso ante los señalamientos de la madre de la víctima. Sin embargo, se desconocía el paradero del sujeto que semanas atrás les había dicho que se mudaría a Bogotá. Días más tarde se llevó a cabo el funeral de la joven y su mamá decidió convertirse en una especie de investigadora judicial, para honrar la vida de su hija. "Le hice una promesa y le dije que se la iba a cumplir. Que yo iba a encontrar a Camilo y que lo iba a encontrar antes de un año, costara lo que me costara. Y se volvió mi obsesión. Aprendí a saber cómo escribía, a saber cómo se expresaba. Empecé a analizarlo cuadro a cuadro".En medio de su dolor, y mientras pensaba cómo iniciar su búsqueda, Camilo Rodríguez tuvo la sangre fría de llamarla y hacerle parecer que él no estaba enterado de la muerte de Tamara. Por recomendación de los investigadores, Jaqueline tuvo que hacer de tripas corazón y hablar con él como si nada hubiera pasado. "Me dice: 'Hace rato no hablo con Tammy ¿ella dónde estará? Tammy no me contesta y me parece muy raro, y yo estoy preocupado porque ella ha estado saliendo con un tipo que es medio raro y a mí me da miedo que le haga algo'".Indignada y destrozada, la madre de Tamara decidió acudir a las redes sociales para pedir ayuda para dar con el paradero de Camilo. Como pudo consiguió fotos recientes de él y de cada uno de sus tatuajes, sus datos personales y detalló en una publicación que ese hombre era el asesino de su hija. Como sucede con este tipo de denuncias en plataformas digitales, rápidamente se hizo viral y algunas personas le aseguraron haberlo visto en Bogotá. El mismo Camilo volvió a comunicarse con ella ante la viralidad de la publicación. "Yo publiqué su foto, sus datos, le explicaba a la gente que ese sujeto asesinó a mi hija. Me llamó y me dijo: 'me voy a entregar a la Fiscalía de Bogotá, yo cometí un error y pienso pagarlo'. Luego empieza a insultarme". Pero Camilo nunca se entregó y desapareció del panorama otra vez; sin embargo, la voluntad, terquedad y el amor de Jaqueline por su hija era más perseverante.Jaqueline no paraba de publicar la información de Camilo y enviársela a personas en Bogotá, último lugar en el que lo habían visto. Por varios meses su búsqueda no daba resultados, pero nunca desfalleció. "En la noche hacía redes sociales, en el día trabajaba. No bajé la guardia en ningún momento" y para ese entonces sufrió un accidente en su moto, lo que la incapacitó un tiempo en su casa con "todo el tiempo del mundo" para continuar con su cacería."Un día de la nada llegó el mensaje que estaba esperando. Alguien me escribe que él salió hacia Ecuador con unos migrantes venezolanos". Al darse cuenta que Camilo ya había salido del país, Jaqueline no se detuvo, trasladó su búsqueda y empezó a enviar la información a personas en ese país, específicamente en las ciudades más cercanas a la frontera. Tras algunas semanas de silencio, finalmente recibió un nuevo mensaje de una persona que le aseguró haberlo visto en un parque en Lago Agrio, en la frontera ecuatoriana, pero no sabía si Camilo seguía allí o había cruzado la frontera hacia Perú.En medio de su labor de persecución a través de las redes sociales, en varias ocasiones la publicación de Jaqueline llamó tanto la atención que el mismo Camilo se comunicaba con ella a través de perfiles falsos. "Varias veces me encontré con que hizo perfiles con otros nombres y me escribía para sacarme información de cómo iba el proceso. Yo aprendí a ver él cómo se expresa, cómo habla, cómo escribe y yo lo identificaba. Yo le decía: 'Camilo, ya no le dé más vueltas a esto, o usted se entrega o yo lo encuentro'".Fue por eso que cuando recibió en su buzón de mensajes una foto en primer plano de Camilo Rodríguez, preguntándole si ese era el hombre que ella buscaba, sospechó de inmediato. Por fortuna, en esta ocasión quien estaba del otro lado del chat era un policía peruano que le confirmó sus sospechas, Camilo solo había estado de paso en Lago Agrio, Ecuador, y ahora estaba en Chiclayo, Perú. Para que ella confiara en él, le explicó cómo había conseguido esa foto del colombiano. "Me dijo: 'Yo soy policía aquí en Perú, mi tía tiene un restaurante y él viene a desayunar acá'. Entonces lo que él dejó su celular en la vitrina y cuando Camilo se sentó a pedir, él le tomó la foto".Jaqueline, que se había convertido en la sombra de Camilo, ahora tenía unos ojos en el Perú que estaban atentos a los movimientos de Rodríguez. De esta manera se enteró que Camilo se había establecido en el Perú con otra identidad, la de Johan Sebastián Mena Gutiérrez, y que, además, ya tenía una nueva pareja, mujer a la que también estaba maltratando y cuya familia ya lo había denunciado. "Logré averiguar dónde vivía, dónde trabajaba, a qué hora entraba a trabajar, dónde desayunaba, dónde almorzaba, dónde cenaba, me convertí en su sombra".Entonces la mujer se comunicó con la estación de Policía en Chiclayo y le envió al capitán Saavedra toda la información que tenía de Camilo, pero se encontró con un problema cuando el oficial le preguntó si el sujeto tenía circular roja de Interpol. Esto significó un nuevo retraso para su plan, pues a Camilo solo lo estaban buscando en Colombia. Jaqueline no había llegado tan lejos para nada, por lo que gracias a un investigador privado, consiguió que en diciembre de ese año se emitiera la circular roja contra Camilo, tuvo que esperar 45 días.Así las cosas, el 18 de enero recibió la mejor noticia: el operativo se había llevado a cabo y Camilo Rodríguez había sido capturado en Chiclayo. En ese momento lo detuvieron por falsedad en documento público y le informaron que la justicia colombiana lo exigía para que pagara por el feminicidio de Tamara Rivera. Jaqueline le había cumplido a su hija la promesa que le había hecho en su tumba, pero todavía no podía cantar victoria, pues faltaba el proceso de extradición.Debido a la burocracia entre ambos países, tardaron 10 meses en enviar a Camilo Rodríguez de Perú a Colombia. Pero una vez estuvo en territorio nacional, la justicia colombiana lo condenó a 375 meses en prisión, 35 años que actualmente apaga en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.Aunque el dolor por la pérdida de su hija sigue intacto y nada podría ayudarla a recuperarla, hoy en día Jaqueline Rivera vive tranquila por haberle cumplido a su hija de 18 años la promesa que le hizo el día de su funeral y haber conseguido justicia para que ella no se convirtiera en una cifra más de impunidad.
La cadena de droguerías Cruz Verde anunció que no prorrogará su contrato de dispensación de medicamentos con Sanitas EPS, decisión que se hará efectiva a partir del 1 de octubre de 2026, una vez finalice el acuerdo vigente el próximo 30 de septiembre.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)A través de un comunicado oficial, la compañía informó que ya notificó a la EPS sobre esta determinación, así como a las autoridades competentes. “Cruz Verde ha informado a Sanitas EPS la no prórroga del contrato de dispensación de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud (PBS), cuya fecha de finalización es el 30 de septiembre de 2026”, indicó la empresa, por lo que a partir del 1 de octubre, Sanitas tendrá nuevo dispensario.La organización explicó que la decisión fue comunicada con seis meses de anticipación con el fin de facilitar una transición organizada en la prestación del servicio. En ese sentido, destacó la importancia de garantizar la continuidad en la atención de los usuarios. “Cruz Verde reconoce la importancia de mantener el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para asegurar el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud”, señaló.Asimismo, la compañía aseguró que durante el periodo restante del contrato mantendrá la operación sin cambios. “Durante este tiempo, Cruz Verde mantendrá la plena continuidad en la entrega de medicamentos en los términos comunicados a Sanitas y brindará el acompañamiento pertinente a la EPS y a los nuevos gestores farmacéuticos que esta designe”, agregó.El anuncio implica que Sanitas EPS deberá definir un nuevo esquema para la dispensación de medicamentos a sus afiliados, proceso que deberá adelantarse en los próximos meses para evitar afectaciones en el servicio. Hasta el momento, la administradora de salud no se ha pronunciado sobre el futuro de la dispensación de medicamentos. Por lo tanto o se han conocido detalles sobre quién asumirá esa operación una vez finalice el vínculo contractual con Cruz Verde.La empresa también reiteró su papel dentro del sistema de salud colombiano y su intención de continuar operando en el país. “Cruz Verde reafirma su propósito de continuar siendo un actor determinante en la generación de salud y bienestar para los colombianos y seguir siendo la cadena de droguerías líder con presencia en todo el territorio nacional”, puntualizó.Relación de Cruz Verde con la EPS Sanitas Este no es el primer antecedente en la relación entre ambas entidades. En 2024, Cruz Verde ya había anunciado que dejaría de dispensar medicamentos del PBS para usuarios de Sanitas EPS en varias regiones del país, en el marco de cambios en el modelo de atención implementado por la EPS.En ese momento, la medida aplicó en departamentos como Cesar, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Vichada, Guainía y Vaupés, además de algunos municipios adicionales en otras zonas del país. La decisión estuvo relacionada con ajustes en la operación de entrega de medicamentos, aunque se indicó que no habría interrupciones en el servicio para los afiliados.Con este nuevo anuncio, ambas entidades deberán coordinar nuevamente el proceso de transición para garantizar que los usuarios continúen recibiendo sus tratamientos sin contratiempos. Por ahora, el servicio se mantendrá con normalidad hasta la fecha establecida, mientras se definen los nuevos operadores encargados de la dispensación.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Keralty informó este 8 de septiembre que la Corte Constitucional les ha restituido la operación a EPS Sanitas, señalando que -de esta manera- se pone fin a una intervención que se extendió por diecisiete meses y que describieron como "ilegal, arbitraria y profundamente injusta". La compañía, además, denunció una "estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos".Keralty, a pesar de agradecer la "valentía e integridad de la justicia colombiana" por reafirmar el Estado de Derecho, declaró que este no es un día de celebración, sino de "duelo por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado y de compromiso inquebrantable para reconstruir lo destruido". La empresa enfatizó que la intervención no fue un error administrativo, sino un "ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos".El legado de esta intervención, según Keralty, incluyó "pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos", consecuencias de una supuesta "transformación" improvisada y carente de humanidad.En el comunicado acusaron al Gobierno de una "actitud irresponsable y antihumana" al intentar "ahogar el modelo de salud", generando una "tragedia de dolor silencioso y, en muchos casos, consecuencias irreparables".Keralty emitió una serie de exigencias al Gobierno Nacional:Cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional, considerándolo un imperativo legal y moral.Reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado a su red de atención, equipos profesionales y, sobre todo, a los millones de usuarios afectados.Cumplimiento inmediato con los pagos adeudados y garantía de estabilidad financiera para las EPS, asegurando la continuidad y calidad del servicio de salud.Cese definitivo de las campañas de desinformación que buscan sembrar división, miedo y desconfianza.Establecimiento de garantías institucionales robustas y vinculantes para que una arbitrariedad de esta magnitud no se repita en Colombia, protegiendo el derecho fundamental a la salud.La compañía también dejó claro que, aunque no busca venganza, sí exige justicia. Afirmaron que "quienes orquestaron, ejecutaron o respaldaron con su silencio esta estrategia destructiva deben rendir cuentas" y que el daño causado "no puede quedar en la impunidad".Insistieron que el daño causado por la intervención ilegal y la actuación irresponsable del Gobierno es "devastador" y que "reparar este desastre tomará tiempo y esfuerzo titánico". Por ello, hicieron un llamado "urgente a su comprensión, colaboración y valentía", enfatizando que el desafío solo será superado con el "compromiso colectivo de todos".Keralty se comprometió a trabajar para restablecer cada servicio y sanar cada herida. Joseba Grajales Jiménez, presidente de Keralty, concluyó el manifiesto afirmando que la causa de Keralty "trasciende lo empresarial; es una causa humana, una lucha por un sistema de salud que dignifique a cada persona, basado en la justicia, la evidencia científica y la compasión genuina".NOTICIAS CARACOL
Juan David Riveros, abogado del grupo Keralty, anunció que interpuso ante la Corte Constitucional una solicitud para que se cumpla con el fallo que emitió el mismo tribunal hace alrededor de mes y medio, que ordenaba la devolución de la EPS Sanitas a sus accionistas, luego de que en abril de este año la Superintendencia de Salud ordenara su intervención por supuestos problemas financieros y de atención a sus afiliados."Cualquier tardanza o dilación en el cumplimiento de esta obligación, puede dar lugar a la imposición de sanciones por desacato, toda vez que constituye una violación directa de lo ordenado por la Corte Constitucional y una transgresión al principio de supremacía constitucional", indicó la solicitud. Por su parte, Riveros dijo que, "si eso no ocurre, entonces acudiremos a una acción especial, que es el recurso del incidente desacato". Desde la compañía indicaron que esperan que la Corte se pronuncie en un término de ocho días para ponerle acelerador al proceso, pues aseguran que la EPS Sanitas, que sigue en manos de un interventor, viene deteriorando la operación de sus servicios, y les preocupan los estados financieros que siguen sin conocer. "Las quejas aumentan, el número de tutelas aumenta, y las tutelas aumentan cuando se presta un servicio de calidad de oportunidad. El segundo tema es que seguimos sin conocer la realidad financiera de la empresa, porque al no haber entrado nuevamente, no la conocemos", añadió Riveros. Aún cuando la Superintendencia de Salud también radicó hace unas semanas una solicitud de aclaración del fallo de la Corte, este recurso no genera ningún efecto en la orden del alto tribunal, es decir que debe regresar la entidad al grupo Keralty. Todo mientras los afiliados siguen esperando que muchos de los servicios mejoren.Álvaro Molina, representante de la mesa nacional de usuarios de las EPS, indicó que hay fallas en los servicios relacionados con "el tema de la dispensación de medicamentos, situación que se ha venido agravando con el paso del tiempo, los pacientes no reciben sus medicamentos oportunamente, indistinto de las patologías que tengan, lo cual pone en riesgo la vida de los mismos. De igual manera, el agendamiento de citas con especialistas, la falta de oportunidad para la programación de cirugías sigue siendo una situación que presenta bastante dificultad para los usuarios". La defensa de Keralty insiste en que a la fecha ni la Superintendencia de Salud ni el interventor asignado se han comunicado para empezar la devolución, y que evidencian una actitud omisiva e injustificada. En junio pasado, la Corte Constitucional ordenó dejar sin efectos las tres resoluciones de la Superintendencia que ordenaban la toma de la EPS por un año, y la resolución que había prorrogado esa medida de intervención por 12 meses más.NOTICIAS CARACOL
Keralty, empresa de la que hace parte EPS Sanitas, anunció que presentará una denuncia ante juzgados nacionales e internacionales contra Gustavo Petro y miembros de su equipo de Gobierno, tras la alocución en la que el jefe de Estado hizo señalamientos contra el presidente de la compañía, al que llamó "criminal".Sanitas, una de las EPS más grandes de Colombia, con casi 5,7 millones de afiliados, fue intervenida por el Gobierno colombiano el 2 de abril de 2024 por problemas financieros. Sin embargo, la Corte Constitucional dejó sin efecto la medida el pasado 26 de junio.El presidente Petro dijo durante su alocución que “está prohibido que una empresa como Keralty les pague a los políticos. El político que reciba ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. Y me toca hablar con el rey de España, menos mal me reciben con abrazos y besos. Yo soy republicano”.Asimismo, dijo que "el Gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Las EPS son las que tienen deudas con las clínicas y los hospitales".Presidente de Keralty reacciona a las acusacionesEn un comunicado publicado este miércoles 16 de julio, el empresario español Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty, anunció que "vamos a denunciar, ante los juzgados nacionales e internacionales, no solo al presidente Gustavo Petro, sino también a los miembros de su equipo de gobierno que han colaborado en la difusión de estas mentiras, y a cualquier persona o entidad -pública o privada- que intente dañar por acción u omisión la imagen de este grupo, de sus instituciones o de las personas que lo conformamos".Grajales se refirió al “reciente fallo de la Corte Constitucional, que declara ilegal la intervención a nuestra EPS Sanitas”, lo que “marca un hito claro en la defensa de la legalidad, de los principios y de nuestro propósito. Frente a esta verdad jurídica, las reacciones del presidente Gustavo Petro y algunos de sus colaboradores -recrudecidas en intervenciones televisivas como las de ayer (martes) y consistentes con una narrativa sostenida durante más de tres años- no solo constituyen un atropello a las instituciones, sino una campaña sistemática de desinformación, plagada de mentiras, calumnias e insultos que buscan socavar, sin fundamento alguno, la legitimidad de nuestro trabajo, el valor de nuestra historia y la reputación de quienes lideramos con responsabilidad y compromiso”.“Quiero ser claro: la honestidad, la honradez, la ejemplaridad y la trayectoria de una persona -y de una organización- no las conceden los resentidos, ni pueden ser cuestionadas por quienes habitan en la mentira o se rodean de figuras con pasados oscuros y conductas que no son modelo para nadie. Como nos enseñaron nuestros padres, la virtud se demuestra en la vida vivida con coherencia, y no puede ser destruida por quienes no la conocen ni la practican”, agrega el texto.El presidente de Keralty manifestó que emprenden las acciones legales “porque creemos en la justicia, y porque no vamos a permitir que se mancille con impunidad el nombre de quienes han dedicado su vida a servir a los demás con honestidad”.Por último, envió un mensaje a quienes trabajan para la empresa, pidiéndoles que “sigamos en pie” y afirmando que “nuestra mejor defensa está en los millones de personas que confían en nosotros, en cada comunidad que cuidamos, en cada innovación que nace desde nuestro compromiso con la salud y el bienestar. El ruido de la mentira no debe desviar nuestro rumbo”.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co* CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Luego de que la Corte Constitucional tumbara la intervención del Gobierno a la EPS Sanitas por violación al debido proceso, la Procuraduría General de la Nación decidió prorrogar por tres meses más la investigación contra el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, quien anunció dicha intervención en abril del año pasado.La decisión también incluye a la superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, Beatriz Noguera, esposa del ministro de Salud, miembros del comité de medidas especiales y asesores del despacho. El Ministerio Público afirmó en un comunicado que decidió ampliar el plazo originalmente establecido según la ley "con el objeto de practicar las pruebas pertinentes, conocer los testimonios de los testigos y quejosos y así, esclarecer los hechos investigados para determinar si la conducta constituye una falta disciplinaria". En la noche de este jueves 26 de junio, la Corte Constitucional tumbó tres resoluciones sobre la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas, que inició en abril del 2024. Leal en ese entonces afirmó que se evidenció un incremento en gastos operativos injustificados por 104 mil millones de pesos para mejoramiento de hospitales, infraestructura y arrendamientos. El Gobierno decidió prorrogarla un año más en abril de este año, argumentando que los problemas financieros y en la atención de los pacientes por los cuales se había decidido la intervención inicial persistían. Esta prorroga también resultó sin efectos tras la decisión de la Corte. Además, se revocó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual se declaraba improcedente una tutela que había interpuesto Keralty, grupo empresarial dueño de la EPS Sanitas, contra la Superintendencia de Salud."La decisión de la Corte Constitucional lo que hace es ratificar que la intervención fue ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria. La estrategia del gobierno fue dirigida a debilitar el sistema de salud y a generar un caos que termino afectando a millones de pacientes y de usuarios", afirmó Juan David Rivero, abogado de Keralty, en una rueda de prensa.¿Qué pasará con los afiliados a EPS Sanitas?Rivero explicó que en Keralty esperan recibir en un plazo de entre 10 y 15 días la sentencia de la Corte Constitucional para ejecutarla y restablecer la dirección y la operabilidad de la EPS. Luego de analizar el panorama, tendrán que tomar decisiones para recomponer la atención de los pacientes y de los usuarios afectados, sumado al incremento en las tutelas y los PQR que se dieron durante la intervención hecha por el Gobierno.Algunos de los más de 5 millones de afiliados de la EPS, por otro lado, evidencian un deterioro en la atención. "Las citas las dan muy espaciadas, y para pedir los medicamentos se demoran demasiado en aprobarlos. Por ejemplo, vengo por un medicamento del 18 de junio y todavía no lo han aprobado. Lo tomo hace 20 años, no puedo dejar de tomarlo, y no dicen nada", afirmó Jorge Salazar a Noticias Caracol, uno de los afectados.Un estudio del observatorio 'Así vamos en salud' indicó que desde la intervención hasta hoy, en un periodo de 15 meses, las reclamaciones en salud pasaron de 185.634 en 2023 a 221.565 en 2024, lo que representa un incremento del 19 % en peticiones, quejas y reclamos. Además, en el plano financiero, la EPS Sanitas reporta una deuda que asciende a 827 mil millones de pesos con 1.741 clínicas y hospitales. Keralty, por lo tanto, manda un mensaje de tranquilidad y paciencia a los afiliados. "Para ellos, un mensaje de tranquilidad, pero también de paciencia y resiliencia, porque de la noche a la mañana no vamos a reconstruir lo que durante 14 o 15 meses de intervención han destruido. Nuestro compromiso institucional es implementar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para recuperar el servicio de calidad y oportunidad", indicó Rivero.LAURA VALENTINA MERCADO NOTICIAS CARACOL DIGITAL
Cerca de 5,7 millones de colombianos y colombianas afiliados a la EPS Sanitas quedaron bajo la administración de la Superintendencia Nacional de Salud hace 15 meses, luego de la intervención ordenada por el Gobierno nacional. La Supersalud había prorrogado en abril pasado por un año la intervención administrativa a la EPS debido a sus problemas financieros y de atención a sus afiliados. La pregunta que se hacen muchos ahora es si cambia algo luego de la decisión de la Corte Constitucional que se conoció este jueves.Puntualmente, el alto tribunal dejó sin efecto la intervención hecha por el Gobierno, que tiene bajo su control la compañía desde abril de 2024. La intervención se justificó por insolvencia, debido a la crisis que enfrentan varias entidades que prestan servicios de salud en el país. Así las cosas, y en términos prácticos, con esta decisión la Corte le devuelve a al grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, la administración y responsabilidad sobre los afiliados. "La decisión de la Corte Constitucional lo que hace es ratificar que la intervención fue ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria. La estrategia del gobierno fue dirigida a debilitar el sistema de salud y a generar un caos que termino afectando a millones de pacientes y de usuarios", afirmó Juan David Rivero, abogado de Keralty, en una rueda de prensa adelantada este viernes. Ahora bien, ¿qué pasará con la atención? Pues bien, los servicios médicos deberán continuar operando en EPS Sanitas, aunque hoy esa EPS muestra signos de deterioro. Al menos así lo señalan pacientes con los que habló Noticias Caracol. "Las citas las dan muy espaciadas, y para pedir los medicamentos se demoran demasiado en aprobarlos. Por ejemplo, vengo por un medicamento del 18 de junio y todavía no lo han aprobado. Lo tomo hace 20 años, no puedo dejar de tomarlo, y no dicen nada", afirmó Jorge Salazar, afiliado de EPS Sanitas, quien aseguró que antes de la intervención del Gobierno la atención era mejor.Rivero, abogado de Keralty, explicó en la rueda de prensa que esperan recibir en un plazo de entre 10 y 15 días la sentencia de la Corte Constitucional para ejecutarla y restablecer la dirección y la operabilidad de la EPS. Y que, en ese sentido, tendrán que tomar decisiones para recomponer la atención de los pacientes y de los usuarios afectados, sumado al incremento en las tutelas y los PQR que se dieron durante la intervención hecha por el Gobierno.Aunque el grupo Keralty aún no tiene claridad sobre el estado interno financiero y administrativo de la EPS, un estudio del observatorio "Así vamos en salud" muestra que desde la intervención hasta hoy las reclamaciones en salud pasaron de 185.634 en 2023 a 221.565 en 2024, lo que representa un incremento del 19% en peticiones, quejas y reclamos. Además, en el plano financiero, Sanitas reporta una deuda que asciende a 827 mil millones de pesos con 1.741 clínicas y hospitales.Desde el grupo Keralty piden entonces paciencia a los usuarios: "Para ellos, un mensaje de tranquilidad, pero también de paciencia y resiliencia, porque de la noche a la mañana no vamos a reconstruir lo que durante 14 o 15 meses de intervención han destruido. Nuestro compromiso institucional es implementar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para recuperar el servicio de calidad y oportunidad", afirmó Rivero. En todo caso, es importante aclarar que la EPS continuará operando dentro del sistema de salud y prestando servicios a todos sus afiliados, mientras el grupo Keralty retoma el control total de la entidad de salud. Actualmente, el Gobierno nacional tiene a su cargo la atención de la mitad de los usuarios del sistema de salud en Colombia. Se estima que alrededor de 27 millones de afiliados pertenecen a las EPS que han sido intervenidas por la Superintendencia de Salud. Sin embargo, ninguna de las empresas intervenidas ha mejorado su situación ni financiera ni de atención al público y, por el contrario, las asociaciones médicas denuncian que han empeorado porque el Gobierno les restringe los pagos que reciben por atender a la ciudadanía.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Luego de que la Corte Constitucional ordenó revocar tres resoluciones dictadas por la Superintendencia Nacional de Salud que habían intervenido la EPS Sanitas y concluyó que hubo una vulneración del derecho al debido proceso de las empresas del grupo Keralty -dueño de la EPS Sanitas- y de su representante legal Juan Pablo Rueda Sánchez, ese grupo empresarial emitió un comunicado en el que si bien califica de "histórico" el fallo del alto tribunal, señala que lo que "debiera ser un día de alegría por el restablecimiento de la justicia, para nosotros es un día de duelo"."Esta victoria jurídica no borra el daño moral, institucional, financiero y humano que este Gobierno ha causado, no solo a nosotros como organización, sino a millones de usuarios, pacientes, familias, médicos, clínicas y trabajadores de la salud que han sufrido en carne propia las consecuencias de una estrategia deliberada de destrucción", señaló el grupo Keralty, que apunta que luego de 15 meses se les devuelve "lo que nunca debió ser arrebatado". En otro punto, en un tono firme, señala que "esto no fue un error" sino "una estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada que el Estado Colombiano ejecutó". La Supersalud prorrogó en abril pasado por un año la intervención administrativa a la EPS Sanitas debido a sus problemas financieros y de atención a sus afiliados. En esa ocasión la entidad dijo que en Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados en Colombia, "persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios". La empresa fue intervenida el 2 de abril de 2024 por insolvencia, debido a la crisis que enfrentan varias entidades que prestan servicios de salud en el país.Este jueves, mediante la sentencia SU-277 de 2025, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, la Corte Constitucional revocó la decisión del 10 de julio de 2024 proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez había confirmado el fallo del 30 de mayo de 2024 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, que declaró improcedente una acción de tutela. En su lugar, el alto tribunal amparó el derecho fundamental al debido proceso de Clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S. Compañía de Medicina Prepagada, Keralty S.A.S., Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. y Juan Pablo Rueda Sánchez, quienes presentaron la tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud.La Corte Constitucional ordenó así dejar sin efectos las tres resoluciones de la Superintendencia: se trata de la Resolución No. 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024, que ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. por un año, así como la intervención forzosa para ejercer su administración. También anuló la Resolución No. 2024100000003060-6 del 10 de abril de 2024, que corrigió la anterior, y la Resolución No. 2025320030001947-6 del 1 de abril de 2025, mediante la cual se prorrogó esa medida de intervención por un año.En su comunicado, el grupo Keralty enlistó las consecuencias que sufrió. "Primero nos asfixiaron financieramente, negándose a reconocer la desfinanciación estructural del sistema y el pago de deudas atrasadas". También anota que "nos persiguieron administrativamente, con auditorías, investigaciones y campañas de desprestigio que no hallaron una sola falta material, ética o legal, en nuestra gobernanza" y "después nos intervinieron para desbaratarnos desde dentro, desmantelando a la EPS Sanitas, destruyendo parte del modelo, debilitando redes, abandonando a los pacientes y desmoralizando a nuestros equipos".La decisión de este jueves de la Corte responde a una acción de tutela interpuesta por la Clínica Colsanitas S.A. y otros contra la Superintendencia Nacional de Salud.El grupo Keralty recurrió en enero de este año a "instancias internacionales" para solucionar esa disputa que, según afirma, afecta su situación financiera y la prestación de sus servicios. Los accionistas del grupo empresarial señalaron que las medidas tomadas por el Gobierno "constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores y la sociedad colombiana en general".Por esa razón, y ante las dificultades para llegar a una "resolución amistosa" de la disputa, el grupo empresarial -que en abril de 2024 ya había presentado una denuncia penal contra el entonces superintendente de salud colombiano, Luis Carlos Leal, por la intervención del Gobierno en Sanitas- llevó el caso a la esfera internacional.Keralty no dio detalles de esta demanda, pero trascendió que los accionistas la presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando que la intervención vulnera el acuerdo para la protección recíproca de inversiones existente entre España y Colombia. Por esa razón, los accionistas de Keralty, que son Centauro Capital (61%) y Natanor XXI (39%), reclaman al Estado colombiano 1.200 millones de dólares.Cuando la Superintendencia de Salud ordenó la intervención por un periodo de un año de Sanitas, alegando supuesta insolvencia de la empresa, esta tenía una deuda de unos 471 millones de dólares.El Gobierno colombiano, que intenta sacar adelante una cuestionada reforma a la salud, ha intervenido varias EPS con el argumento de que tienen problemas financieros y no están cumpliendo con sus compromisos de atención a los usuarios. Sin embargo, ninguna de las empresas intervenidas ha mejorado su situación ni financiera ni de atención al público y, por el contrario, las asociaciones médicas denuncian que han empeorado porque el Gobierno les restringe los pagos que reciben por atender a la ciudadanía.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
La Corte Constitucional tumbó este jueves la intervención que hizo el Gobierno Nacional a la EPS Sanitas, la cual había iniciado en abril del 2024. También dejó sin efecto la prórroga de la intervención por un año mas, que se había firmado en abril de este año, por lo que con esta decisión la administración de la EPS volvería a manos del grupo empresarial español Keralty. Esta determinación, según la Corte Constitucional, se da por violación al debido proceso. La intervención forzosa se firmó el 2 de abril del 2024 en la resolución No. 2024160000003002-6, argumentando que la EPS tenía una deuda de 2 billones de pesos, además de un aumento en las quejas de los usuarios y problemas financieros. Dicha resolución ordenaba la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Sanitas por parte de la Nación. El superintendente de Salud de ese entonces, Luis Carlos Leal, afirmó que se evidenció un incremento en gastos operativos injustificados por 104 mil millones de pesos para mejoramiento de hospitales, infraestructura y arrendamientos. El 2 de abril de 2025, la Superintendencia decidió prorrogar la intervención indicando que los problemas persistían. La decisión de este jueves también incluye la revocatoria de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual se declaraba improcedente una tutela que había interpuesto Keralty contra la Superintendencia de Salud, por lo que la Corte Constitucional amparó los derechos de la entidad. Cabe aclarar que Sanitas tiene 5,7 millones de afiliados en toda Colombia.En mayo del año pasado, la Fiscalía General de la Nación indicó que había iniciado una investigación sobre esta intervención, luego de que el abogado de Keralty interpusiera una demanda argumentando que se cometió el delito de prevaricato al tratarse de una decisión "arbitraria". ¿Cuáles son las EPS intervenidas en Colombia?Varias EPS en Colombia están bajo intervención debido a problemas financieros y operativos en Colombia. Algunas de las principales EPS intervenidas incluyen Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS EPS, Emssanar y Coosalud.Estas entidades enfrentan dificultades económicas significativas, según el Gobierno Nacional, con pérdidas que alcanzan los 9,6 billones de pesos. La Superintendencia ha señalado que algunas de estas EPS podrían ser liquidadas en 2025, lo que generaría un impacto considerable en el sistema de salud y en la atención de millones de usuarios.En noviembre de 2024, con la llegada del nuevo superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, se anunciaron nuevas medidas para las siete EPS intervenidas. Estas consistían en una auditoría forense a cada una para revisar en detalle los estados financieros de las empresas. Asimismo, los funcionarios exigieron a las EPS que la atención de primer nivel sea fortalecida y se descentralicen las contrataciones con las IPS que ofrecen los servicios médicos de consulta, hospitalarios, clínicos y de cuidados intensivos. Por otro lado, solicitaron que los pagos sean transparentes para evitar mal manejo de recursos del sistema.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
La Superintendencia de Salud informó este miércoles 2 de abril que extenderá por un año más la intervención forzosa en contra de la EPS Sanitas, entidad prestadora de salud que fue intervenida el 2 de abril de 2024.De acuerdo con la entidad, tras un año de la medida aún persisten las causas que dieron origen a la intervención contra la prestadora de salud con respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios.Sanitas, que tiene 5,7 millones de afiliados en toda Colombia, seguirá bajo el mando del interventor de la Superintendencia de Salud Kemer Ramírez Cárdenas, quien ocupa este cargo desde noviembre del 2024.Cuando la EPS fue intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, esta tenía una deuda de 2 billones de pesos. La entidad prestadora de salud fue intervenida por el aumento en las quejas de los usuarios, así como los problemas financieros.El anuncio de extender la intervención forzosa a Sanitas se da en medio de una crisis con la entrega de medicamentos en Colombia, donde muchos usuarios se han visto afectados, pues no han podido recibir las medicinas. Además, los pacientes se quejan de las largas filas que han tenido que hacer para reclamar los medicamentos recetados por sus médicos, pues muchos han tenido que madrugar para hacer las colas.¿Cuáles son las EPS intervenidas en Colombia?Actualmente, varias EPS en Colombia están bajo intervención debido a problemas financieros y operativos. Algunas de las principales EPS intervenidas incluyen Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS EPS, Emssanar y Coosalud. Estas entidades enfrentan dificultades económicas significativas, con pérdidas que alcanzan los 9,6 billones de pesos, de los cuales el 70% corresponde a EPS intervenidas, según Ana María Vesga, presidenta de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). “Lo que estamos viendo es un escenario de confrontación política, donde el Gobierno evita una conversación técnica y hay un desconocimiento total del sistema de salud”, señaló Vesga en La FM.La Superintendencia ha señalado que algunas de estas EPS podrían ser liquidadas en 2025, lo que generaría un impacto considerable en el sistema de salud y en la atención de millones de usuarios. La crisis se ha profundizado debido a la falta de reservas técnicas y problemas en la cadena de pagos, afectando la entrega de medicamentos y la programación de citas médicas.(Lea también: Crisis de medicamentos: Diego Guauque habló con pacientes que ya no los reciben y viven drama)
En una rueda de prensa, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y el nuevo superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, anunciaron las medidas que tomarán en las 7 EPS que han sido intervenidas por el Gobierno Nacional en últimos meses. >>> Lea también: Nuevo supersalud cambió a los agentes al frente de las 7 EPS intervenidas en ColombiaCabe resaltar que, tras la llegada de Rubiano García a la Supersalud en la primera semana de noviembre, decidió cambiar a siete agentes que lideraban los procesos de las siete EPS intervenidas, con el fin de darle "un cambio integral" a la entidad.La primera medida es una auditoría forense a las EPS intervenidas para revisar en detalle los estados financieros de las empresas. Asimismo, los funcionarios exigieron a las EPS que la atención de primer nivel sea fortalecida y se descentralicen las contrataciones con las IPS que ofrecen los servicios médicos de consulta, hospitalarios, clínicos y de cuidados intensivos. Además, solicitan que los pagos sean transparentes para evitar mal manejo de recursos del sistema.>>> Puede leer: Luis Carlos Leal se va de la Superintendencia de Salud: ¿quién ocupará su cargo?Cambio de los agentes al frente de las 7 EPS intervenidasRubiano anunció que en su gestión frente a la Supersalud se iba a tener una medición continua de resultados, por lo que se espera que los recién nombrados interventores lleguen a estas entidades con estos nuevos enfoques.“La salud debe dejar de ser vista como un negocio y garantizarse como un derecho humano fundamental”, agregó Rubiano a través de un mensaje que les envió a las EPS, IPS y demás compañías prestadoras que intervienen en el sistema de salud colombiano", indicó por medio de un comunicado. Los nuevos agentes interventores son: Savia Salud EPS: Diana Constanza Rodríguez Posso.Asmet Salud: Gloria Libia Polanía.Emssanar EPS: Gabriel Enrique Castilla.Famisanar: Jorge Arturo Suárez.Salud SOS: Carlos Eduardo Franco.Nueva EPS: Bernardo Armando Camacho Rodríguez.EPS Sanitas: Kemer Ramírez Cárdenas.Presunta corrupción en tres EPSEl pasado 30 de octubre, la Supersalud denunció un caso de posible corrupción en cuatro EPS, tres de las cuales están intervenidas. Las entidades son: Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S., Asmet Salud EPS S.A.S. y Emssanar EPS S.A.S. Mario Andrés Urán, quien fue subsecretario de Salud de Bogotá en la Alcaldía de Gustavo Petro, estaría implicado en las irregularidades.El organismo de control indicó que tomó acciones inmediatas tras recibir una denuncia, el 22 de septiembre de 2024, “sobre la posible injerencia de Mario Andres Urán en la administración y manejo de los recursos de la salud en diferentes EPS”.Por esta razón, la Supersalud “ordenó la realización de auditorías específicas" diligencias que fueron llevadas a cabo el día 25 de septiembre en las sedes administrativas de estas EPS, localizadas en las ciudades de Cartagena, Cali, Popayán y Pasto.Entre las irregularidades halladas en las auditorías está presunta confabulación liderada por un particular, la concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación, pago a terceros para la ejecución de funciones propias de los agentes interventores y solicitud de autorización previa por parte de los interventores al señor Mario Andrés Urán.Sobre la investigación por estos presuntos hechos de corrupción de tres de las EPS, los funcionarios indicaron en la rueda de prensa que “aún no tiene información de cómo avanza".
El internacional australiano Cristian Volpato, que disputó el Mundial 2006 en Estados Unidos, México y Canadá fue multado tras no superar una prueba de detección de cocaína en una carretera, según informaron la policía y medios de prensa locales el miércoles anterior.Acá más detalles de lo que sucedió con el futbolista de los 'socceroos'En julio se había informado que Volpato supuestamente había dado positivo por cocaína después de ser detenido por exceso de velocidad en Sídney.Los aficionados al fútbol habían cuestionado el resultado de la prueba, pero la policía del estado de Nueva Gales del Sur dijo el miércoles que una segunda muestra tomada en ese momento también dio positivo.Indicaron que a un hombre de 22 años —ampliamente identificado por los medios locales como Volpato, que juega en la liga de Italia— se le impuso una multa de 722 dólares australianos (522 dólares estadounidenses) por la infracción.Su licencia de conducir también fue suspendida desde julio.¿En qué equipo juega Cristian Volpato y cómo le ha ido en la Selección de Australia?Volpato, que juega en el Sassuolo de la Serie A, disputó tres partidos con la Selección de Australia en el Mundial 2026 tras cambiar su nacionalidad deportiva de Italia a Australia poco antes del torneo que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México.El volante ofensivo, de 22 años, nació y creció en Sídney, antes de marcharse al extranjero y representar al combinado de Italia en varias categorías juveniles.
La espera terminó para los seguidores de Apple. Durante el evento “Surprise and Shine”, la compañía presentó oficialmente el nuevo iPhone Duo, su primer teléfono plegable, junto con los iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, que llegan como los nuevos modelos insignia de la marca. Además de las novedades en diseño y rendimiento, una de las preguntas que más se repite entre los consumidores colombianos es cuándo podrán comprarlos en el país. La buena noticia es que Colombia hace parte del primer grupo de mercados donde Apple distribuirá estos dispositivos, según la compañía, por lo que los usuarios no tendrán que esperar meses para acceder a los equipos, como ocurría en generaciones anteriores.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATACuándo sale a la venta el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en ColombiaApple confirmó que las reservas del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max comenzarán el próximo 12 de septiembre de 2026. Posteriormente, los equipos llegarán oficialmente a las tiendas y comenzarán a entregarse a los compradores el 18 de septiembre de 2026. La compañía indicó que más de 65 países y territorios harán parte de esta primera ola de lanzamiento, entre ellos Colombia. Esto significa que los consumidores colombianos tendrán acceso a los dispositivos desde la misma fecha en que llegarán a mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México, Japón y otros países estratégicos para la marca.Los nuevos modelos Pro llegan con varias novedades frente a la generación anterior. Entre ellas destacan el procesador A20 Pro, nuevas capacidades de almacenamiento que alcanzan hasta 2 TB y una actualización en el sistema fotográfico. Además, Apple mantiene dos tamaños de pantalla: 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro y 6,9 pulgadas para el iPhone 18 Pro Max. En cuanto a los colores, ambos dispositivos estarán disponibles en negro, plata, glacier y burgundy. También compartirán las mismas configuraciones de almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.El iPhone Duo llegaría más tarde al mercado colombianoLa historia será diferente para el iPhone Duo, el primer celular plegable de Apple. La compañía decidió darle un calendario independiente al lanzamiento de este dispositivo, por lo que su salida al mercado ocurrirá más de un mes después de la llegada de la línea Pro. Según la información revelada durante el evento de lanzamiento, las preventas del iPhone Duo comenzarán el 16 de octubre de 2026, mientras que la disponibilidad oficial en tiendas iniciará el 23 de octubre de 2026.Al igual que sucede con los modelos Pro, Colombia figura dentro de los mercados incluidos en la primera fase de comercialización del nuevo plegable. Esto permitirá que los usuarios interesados en el dispositivo puedan adquirirlo desde el mismo día de su lanzamiento internacional en las tiendas autorizadas y distribuidores oficiales. El iPhone Duo incorpora una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y una interior de 7,6 pulgadas cuando está desplegado. Asimismo, utiliza el mismo procesador A20 Pro presente en los modelos Pro y estará disponible en capacidades de hasta 2 TB de almacenamiento.¿Cuánto costarían en Colombia?Aunque Apple todavía no ha publicado los precios oficiales para Colombia, una referencia puede obtenerse a partir de los valores anunciados en Estados Unidos y una tasa de cambio cercana a los $3.100 por dólar. Bajo ese escenario, los precios aproximados quedarían así:ModeloPrecio en EE. UU.Valor aproximado en Colombia*iPhone 18 Pro (256 GB)US$1.199$3,7 millonesiPhone 18 Pro (512 GB)US$1.399$4,3 millonesiPhone 18 Pro (1 TB)US$1.799$5,6 millonesiPhone 18 Pro (2 TB)US$2.399$7,4 millonesiPhone 18 Pro Max (256 GB)US$1.299$4 millonesiPhone 18 Pro Max (512 GB)US$1.499$4,6 millonesiPhone 18 Pro Max (1 TB)US$1.899$5,9 millonesiPhone 18 Pro Max (2 TB)US$2.499$7,7 millonesiPhone Duo (256 GB)US$1.999$6,2 millonesiPhone Duo (512 GB)US$2.199$6,8 millonesiPhone Duo (1 TB)US$2.599$8,1 millonesiPhone Duo (2 TB)US$3.199$9,9 millonesSin embargo, estos valores no corresponden a los precios finales que tendrán los equipos en Colombia. El costo para el consumidor colombiano podría ser mayor debido a factores como impuestos, costos de importación, logística, seguros, márgenes de distribución y la tasa de cambio vigente cuando los dispositivos lleguen oficialmente al país. Por esa razón, los precios definitivos solo se conocerán cuando los distribuidores autorizados y operadores móviles anuncien la apertura de las ventas en el mercado colombiano. De mantenerse una tasa de cambio similar a la actual, el iPhone Duo se perfilaría como el modelo más costoso de la nueva generación, con un valor cercano a los $10 millones en su versión de 2 TB, mientras que el iPhone 18 Pro seguiría siendo la puerta de entrada a la gama alta de Apple con un precio que rondaría los $3,7 millones para la versión básica.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
La historia de Diana Troncoso le dio esperanza al país en un momento desolador. En medio de la catástrofe que se vivió el 10 de agosto cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia, ella, oriunda de Cali, fue uno de los rostros de los 364 sobrevivientes que fueron rescatados. Diana pasó más de 30 horas bajo los escombros del edificio donde vivía, que se vino abajo ese lunes en la mañana. En entrevista con Noticias Caracol, este jueves contó los momentos de incertidumbre que vivió y cómo la oración y su teléfono celular fueron claves para lo que ella denomina como "un renacer, una segunda oportunidad".Diana hoy siguen bajo observación médica. Una vez fue resctada, tuvieron que intervenirla quirúrgicamente por las esquirlas que quedaron en su cuerpo de los escombros que la aprisionaron durante más de 30 horas. Según cuentan los presentes en el punto, mientras llegaban los equipos de rescate para sacarla del concreto, la vieron rezando el rosario bajo los escombros.
El precio del dólar en Colombia volvió a registrar una caída este jueves 10 de septiembre de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia se ubicó en $3.099,48 por dólar, un nivel inferior al observado el miércoles y que confirma la tendencia bajista que ha marcado el comportamiento de la divisa durante las primeras jornadas de septiembre. Esta TRM representa una disminución de $16,99 frente a la tasa vigente el miércoles 9 de septiembre, cuando se ubicó en $3.116,47.La caída se suma a la observada en la jornada anterior. El miércoles, la TRM había descendido $9,61 respecto al martes 8 de septiembre, cuando el indicador alcanzó los $3.126,08 por dólar. Con el dato de este 10 de septiembre, el mercado cambiario colombiano completa varias sesiones consecutivas con descensos en la cotización oficial de la moneda estadounidense. La tasa actual también se encuentra por debajo de los registros vistos durante la primera semana del mes.Cómo se ha comportado el precio del dólar en septiembreEl desempeño del dólar durante septiembre ha estado marcado por una tendencia descendente. El mes comenzó con una TRM de $3.213,97 el 1 de septiembre y, para el 10 de septiembre, la tasa descendió hasta $3.099,48. Esto significa que en los primeros diez días del mes el indicador ha retrocedido $114,49, equivalente a una variación de-3,56%. El recorrido de la TRM durante septiembre muestra la magnitud del ajuste:1 de septiembre: $3.213,972 de septiembre: $3.184,003 de septiembre: $3.140,554 de septiembre: $3.141,368 de septiembre: $3.126,089 de septiembre: $3.116,4710 de septiembre: $3.099,48De acuerdo con los registros históricos de septiembre, el valor más alto del mes continúa siendo el del 1 de septiembre, mientras que el mínimo corresponde justamente a la TRM vigente este 10 de septiembre.Precio del dólar en casas de cambioLas cotizaciones muestran diferencias entre ciudades. Cúcuta registra el menor spread, con una diferencia de $45 entre el precio de compra y venta, mientras que Cartagena presenta el mayor margen, con $200. Bogotá, por su parte, reporta una compra promedio de $3.160 y una venta de $3.240 por dólar:CiudadCompra (COP)Venta (COP)Spread (COP)Bogotá$3.160$3.240$80Cali$3.150$3.325$175Cartagena$3.050$3.250$200Cúcuta$3.180$3.225$45Medellín$3.071$3.203$132Pereira$3.150$3.250$100¿Qué esperar del dólar para esta semana?Rodrigo Lama, director de negocios de la fintech Global66, explicó que durante la semana del 7 al 11 de septiembre el foco de los mercados estará puesto en los datos de inflación, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Según señaló, el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, programado para el viernes, será la referencia más importante para los inversionistas porque se conocerá pocos días antes de la reunión de la Reserva Federal prevista para el 16 de septiembre.El experto también advirtió que la situación en Medio Oriente sigue siendo un factor clave para los mercados internacionales. En su opinión, mientras el petróleo continúe en niveles altos, cualquier aumento de las tensiones en esa región podría generar nuevas presiones sobre la inflación mundial y fortalecer al dólar frente a otras monedas. Frente a los escenarios que podrían presentarse, Lama indicó que el panorama sería positivo para las monedas emergentes si la inflación en Estados Unidos resulta menor a la esperada. En ese caso, disminuirían las expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y el dólar podría perder algo de fuerza. Bajo ese contexto, la tasa de cambio en Colombia podría moverse en un rango de entre $3.080 y $3.110 por dólar.Por el contrario, si el dato de inflación estadounidense supera las previsiones del mercado, aumentaría la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria más estricta. A esto se sumaría un eventual incremento de las tensiones en Medio Oriente que mantenga elevados los precios del petróleo. De ocurrir ese escenario, el dólar podría recuperar terreno y la tasa de cambio en Colombia podría ubicarse nuevamente entre los $3.200 y $3.250 por dólar, concluyó el analista de Global66.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El astro argentino Lionel Messi se convertirá en "accionista mayoritario" del Eldense, equipo de la segunda división española, confirmó este jueves el club a la 'AFP', a falta de "los últimos trámites legales y contractuales".El Eldense, club del interior de la provincia de Alicante, se convertirá en la segunda propiedad de Messi en el fútbol español, tras la compra en abril del Cornellà, de cuarta categoría.Hay que recordar que el Eldense era de propiedad del empresario colombiano Juan Carlos Trujillo, quien es el dueño y alma del proyecto de Llaneros de Villavicencio en la Liga Betplay. Además de esto, la gestora de la venta fue su esposa Carolina Holguín, quien estaba al frente en la parte dirigencial del referido cuadro español.Gol Caracol intentó hablar con Trujillo y Holguín, pero personas de su entorno aseguraron que por cláusulas de confidencialidad no se podían referir aún con respeto al tema, que ya le da la vuelta al mundo por el arribo de Messi como comprador.El jugador, de 39 años, todavía brilla con el Inter Miami, pero se retiró de la Selección Argentina a finales de agosto después de la derrota ante España en la final del Mundial el 19 de julio."El CD Eldense puede confirmar que Lionel Messi ha alcanzado un acuerdo de principio con los actuales propietarios del club para adquirir las acciones actualmente en poder del Grupo TH Soluciones, lo que le convertiría en el accionista mayoritario", indicó el club."En estos momentos, la transacción está pendiente de la culminación de los últimos trámites legales y contractuales, así como de la autorización necesaria por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD)", añadió."Por ahora, el club no puede facilitar detalles sobre los términos financieros de la operación ni fijar una fecha definitiva para su cierre, ya que el proceso aún no ha concluido", explicó el equipo, fundado en 1921.
