
Juan David Riveros, abogado del grupo Keralty, anunció que interpuso ante la Corte Constitucional una solicitud para que se cumpla con el fallo que emitió el mismo tribunal hace alrededor de mes y medio, que ordenaba la devolución de la EPS Sanitas a sus accionistas, luego de que en abril de este año la Superintendencia de Salud ordenara su intervención por supuestos problemas financieros y de atención a sus afiliados.
"Cualquier tardanza o dilación en el cumplimiento de esta obligación, puede dar lugar a la imposición de sanciones por desacato, toda vez que constituye una violación directa de lo ordenado por la Corte Constitucional y una transgresión al principio de supremacía constitucional", indicó la solicitud. Por su parte, Riveros dijo que, "si eso no ocurre, entonces acudiremos a una acción especial, que es el recurso del incidente desacato".
Desde la compañía indicaron que esperan que la Corte se pronuncie en un término de ocho días para ponerle acelerador al proceso, pues aseguran que la EPS Sanitas, que sigue en manos de un interventor, viene deteriorando la operación de sus servicios, y les preocupan los estados financieros que siguen sin conocer.
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"Las quejas aumentan, el número de tutelas aumenta, y las tutelas aumentan cuando se presta un servicio de calidad de oportunidad. El segundo tema es que seguimos sin conocer la realidad financiera de la empresa, porque al no haber entrado nuevamente, no la conocemos", añadió Riveros.
Aún cuando la Superintendencia de Salud también radicó hace unas semanas una solicitud de aclaración del fallo de la Corte, este recurso no genera ningún efecto en la orden del alto tribunal, es decir que debe regresar la entidad al grupo Keralty. Todo mientras los afiliados siguen esperando que muchos de los servicios mejoren.
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Álvaro Molina, representante de la mesa nacional de usuarios de las EPS, indicó que hay fallas en los servicios relacionados con "el tema de la dispensación de medicamentos, situación que se ha venido agravando con el paso del tiempo, los pacientes no reciben sus medicamentos oportunamente, indistinto de las patologías que tengan, lo cual pone en riesgo la vida de los mismos. De igual manera, el agendamiento de citas con especialistas, la falta de oportunidad para la programación de cirugías sigue siendo una situación que presenta bastante dificultad para los usuarios".
La defensa de Keralty insiste en que a la fecha ni la Superintendencia de Salud ni el interventor asignado se han comunicado para empezar la devolución, y que evidencian una actitud omisiva e injustificada. En junio pasado, la Corte Constitucional ordenó dejar sin efectos las tres resoluciones de la Superintendencia que ordenaban la toma de la EPS por un año, y la resolución que había prorrogado esa medida de intervención por 12 meses más.
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