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Decenas de ciudadanos en Armenia, Quindío, que soñaron con tener casa propia, atraviesan una situación crítica. Denuncian incumplimientos por parte de la constructora de un proyecto de vivienda de interés social en la zona norte. La problemática se centra en la falta de escrituración de apartamentos que, según los afectados, ya fueron pagados en su totalidad, lo que pone en riesgo tener casa propia.
Parque Residencial del Café, en Armenia, es el proyecto señalado por varios compradores que denuncian millonarios sobrecostos exigidos para completar el proceso de escrituración. Séptimo Día conoció sus denuncias y habló con el presunto señalado.
Laura Daniela Hernández, abogada de 35 años, invirtió los ahorros de toda su vida en este proyecto y pagó la totalidad de su apartamento en octubre de 2023. “Pagué $156.600.000 millones de lo que me correspondía de mi apartamento y la verdad yo no tenía esa plata. A mí me tocó pedirla prestada a una hermana y mi papá también me prestó una parte que todavía se la estoy debiendo”, relató.
El 20 de diciembre de ese año le entregaron el inmueble: "Yo súper contenta por recibir mi apartamento. Me lo entregaron, fue una entrega formal y les pregunté: ‘¿y mi escritura?’ Y me dijeron: 'Dani, la escritura sale a los 15 días'".
En Colombia, los proyectos de vivienda de interés social se negocian en salarios mínimos a la fecha de escrituración. Laura Daniela firmó la compra de su apartamento en 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2023, por lo que escriturarlos en 2024 significaba un aumento de $15.600.000 millones adicionales al precio de compra inicial.
Su meta era no tener préstamos ni deudas, por lo que trabajó arduamente: "Yo esos dos años me dediqué a trabajar como tú no te imaginas. Mi sueldo llegaba e iba para la fiducia. Todo mi sueldo, o sea, no me quedaba con nada mes a mes... Ellos querían que pasaran el año para subirme ese recargo”, reveló.
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No obstante, desde 2024, aseguró que su sueño se convirtió en pesadilla. La abogada empezó a solicitar la escritura sin éxito: "Yo desde enero empecé mis escrituras, febrero, mis escrituras, marzo, mis escrituras, nada de mis escrituras".
Laura Daniela, que ya había pagado por completo, afirmó: "Ya pagué todo mi apartamento, entrégame las escrituras. Ellos nunca me respondieron absolutamente nada".
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Ella siendo abogada, contrató más abogados para iniciar una batalla jurídica contra la Unión Temporal Parque Residencial del Café y su representante legal, Carlos Alberto Calderón Martínez. “El 15 de noviembre del 2024 firmamos, pagué todos los derechos notariales, me recibieron todos los pagos y mi escritura supuestamente salía los 20 días”, relató. Sin embargo, cuando fue a reclamarla, no se la entregaron. Tras demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, descubrió que no era la única afectada.
Por ahora, al no tener cómo demostrar legalmente su propiedad, la afectada concluyó que: "Para mí esto es un robo legal".
El abogado Óscar Valencia representa a un grupo de 23 afectados por la falta de escrituración de sus apartamentos en el proyecto inmobiliario Parque Residencial del Café.
Otro de los afectados es Jhon James Giraldo Arias, escritor de 52 años y capitán retirado del ejército, quien también compró de contado y sin crédito bancario. Aunque el apartamento le fue entregado físicamente en noviembre de 2023, sigue sin escrituras.
Jhon manifestó su frustración: "Todos tenemos ese sueño de tener casa propia, pero ¿que lo vengan a robar a uno en la cara? No, tampoco”. Respecto a las exigencias económicas adicionales, el capitán retirado indicó que la justificación dada es legal, pero no es correcta: "La excusa de ellos es que tenemos que pagar el incremento, porque es lo que dice la ley... Me siento robado".
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El afectado señaló que el contrato inicial presenta fallas de origen: "De entrada la promesa está nula porque está viciada, porque no tiene una fecha de entrega". La consecuencia directa de la falta de escrituras es la incertidumbre: "Nuestra casa, no es nuestra, porque no tengo un documento que lo respalde, no tengo una escritura que lo diga, ni un certificado de libertad y tradición".
Carol Estefanía Delgado, estudiante de derecho de 26 años, y su hermana también compraron para pagar de contado en 2020. Al igual que otros compradores, enfrentó constantes aplazamientos al pedir los documentos: "Ellos decían que no, que el otro mes, que eran trámites jurídicos, que eran temas de papeleo".
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La situación persistió hasta 2024, y la respuesta se mantuvo inamovible: "Pedimos explicación, pero nunca hubo una solución. La única solución siempre fue y es: hay que pagar”.
Otra de las afectadas, Carolina Munevar, dijo: “Ellos cubrieron y blindaron esto muy bien para que no fuera como catalogado o tipificado bajo un delito que ellos sí están obrando mal". Con ella serían 24 personas demandando ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la falta de escrituras.
Los afectados temen que, al ritmo del incremento del salario mínimo, el precio que deberán pagar se dispare. Se calcula que el "lucro o diferencia financiera" que la constructora busca obtener es de $36.172.500 millones, según afirmó el abogado Óscar Valencia.
Fomvivienda es la empresa de fomento de vivienda de Armenia, adscrita a la Alcaldía de la capital quindiana, y como entidad pública debe responder a los intereses de los ciudadanos. Séptimo Día buscó a la entidad y también al constructor Carlos Alberto Calderón Martínez, representante legal de la Unión Temporal Parque Residencial del Café.
“El constructor nos manifiesta que esto obedece a procesos de cierres financieros... Conforme a la evaluación del equipo jurídico, sí se evidencia ahí una falta cometida por parte del constructor referente a que él no definió la fecha de escrituración”, dijo Harrison Santa María, gerente de Fomvivienda.
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Carlos Alberto Calderón afirmó que: “No, no se colocó fecha, porque no sabíamos realmente cuando terminábamos el proyecto”. Él indicó que para escriturar el requisito es: "Que hagan el cierre financiero al día de la escrituración" y aseguró que “todavía faltan por escriturar 40 unidades, porque esas personas no han hecho el cierre financiero, no han terminado de pagar".
Al mostrarle uno de los documentos de los afectados, en el que se evidencia el cierre financiero del 100%, el representante lo desmintió: “No, esa firma es montada por internet. Esa firma no es mía”.
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También, acusó a los afectados de cometer un delito por “alquilar las viviendas”. “Están cometiendo un delito porque ellos compraron una vivienda y la alquilaron. Todos ellos la alquilaron", aseguró. Sin embargo, se retractó minutos después: "No, señor. Ellos no están cometiendo ningún delito".
No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que la antigua constructora de Carlos Alberto Calderón, Calcamar, tiene antecedentes de incumplimientos. Diego Andrés Solano, asesor de la SIC, señaló que han recibido seis denuncias relacionadas con Calcamar y una más sobre el Parque Residencial del Café.
La solución que el constructor les planteó a los afectados fue: “Pónganse al día con los 35 millones de pesos que les faltan”. Ese valor, multiplicado por las 40 escrituras pendientes, representa 1.400 millones de pesos adicionales por el aumento del salario mínimo entre el 2023 y 2025.
Según la SIC, si se halla responsable al constructor, se le ordenaría escriturar y podría recibir una multa de hasta 3.200 millones de pesos. Además, la entidad señaló que Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades con más quejas por falta de escrituración. Por ahora, los afectados saben que esta es una deuda emocional y económica que no logran saldar.