El pasado 20 de marzo, la Secretaria de Educación de Medellín firmó un contrato con la Corporación Colombia Avanza por más de 7 mil millones de pesos, que tenía como objeto el suministro de alimentos para niños a través del Programa PAE, durante el periodo de calamidad pública por el COVID-19.
La Contraloría puso la lupa en el mencionado contrato, por el cual se abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Daniel Quintero, por 942.750.372 pesos de presuntos sobrecostos.
“Las capitales con valores más altos son: Medellín, Cali, Sincelejo y Tunja”, manifestó el contralor general, Carlos Felipe Córdoba.
De acuerdo con la Contraloría se evidenció que el valor por kit alimentario fue de 26.423 pesos, además de la logística y transporte, que dieron un total de 32.500 pesos por kit. La denuncia fue realizada por el concejal de Medellín, Alfredo Ramos.
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“Encontramos que había unos precios que, si uno va a un mercado cualquiera, puede ser un mercado de 18 mil pesos o si va a uno un poco más elegante puede estar alrededor de los 26 mil pesos, esto incluyendo el IVA”, dijo Ramos.
Para el ente de control, el sobrecosto sería del 19 por ciento.
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Noticias Caracol buscó al alcalde Daniel Quintero, y desde su oficina de prensa, aseguraron que solo se pronunciará a través de Twitter, donde indicó que el pasado 6 de abril solicitó a entes de control auditar todas las acciones en el marco de la emergencia para contener el coronavirus.
Desde el 6 de abril solicité a entes de control auditar todas nuestras acciones en el marco de la emergencia. Con transparencia, efectividad y diligencia hemos afrontado este reto y con la misma disposición entregaremos la información adicional que sea requerida. https://t.co/HjrXLfv3z9
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 21, 2020
La medida cobija a la Secretaria de Educación de Medellín, la asesora jurídica de esa cartera y al representante legal de la Corporación Colombia Avanza.