A prisión, dos jóvenes señalados de crimen de adolescente hallada semienterrada en Montería

A la cárcel fueron enviados dos jóvenes, de 18 y 19 años, señalados del feminicidio de la adolescente Liz Camila Berrío Toledo, a quien reportaron desaparecida el 9 de febrero en la ciudad de Montería, Córdoba, y a la que, al día siguiente, hallaron sin vida con varios signos de violencia.

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¿Quiénes son los presuntos responsables de la muerte de la adolescente en Montería?

Los dos hombres fueron identificados como Samuel Abel Pérez Reyes y Juan Carlos González Cárdenas, con quienes la víctima de 16 años se habría encontrado el día de su desaparición.

Según medios regionales, la adolescente había salido de su casa para ir a hacerle barra a un equipo de fútbol con otros jóvenes del barrio Juan XXIII de Montería.

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¿Cómo hallaron el cuerpo de la adolescente Liz Camila Berrío Toledo?

El cadáver de la menor de edad fue descubierto el 10 de febrero, en una zona rural del corregimiento de Santa Lucía, en el sector de Las Cruces, cerca de Montería, y estaba parcialmente sepultado, indicó la Fiscalía General de la Nación.

Según el dictamen de las autoridades, la adolescente habría sido golpeada con un objeto contundente y presentaba múltiples heridas causadas posiblemente con una pala y un mazo de madera que le causaron la muerte.

“Fue encontrada desnuda y sus manos habían sido atadas. También presentaba múltiples fracturas, heridas y hematomas en su cuerpo, que habrían sido causadas por Pérez Reyes y González Cárdenas”, precisó el ente acusador en el informe que divulgó.

Cerca del sitio donde se ubicó el cuerpo de la joven, en una casa, hallaron rastros de sangre y otros elementos que tendrían que ver con el feminicidio en Montería.

A los dos jóvenes señalados del crimen los capturaron el pasado viernes, 14 de febrero de 2025: uno estaba en el centro de Montería y el otro a orillas del río Sinú, en el barrio Rancho Grande.

Ambos fueron imputados por el delito de feminicidio agravado, cargo que ninguno aceptó. Pese a esto, un juez de control de garantías de Montería les impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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