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Gracias al material probatorio presentado por una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, Kevin Andrés Caro Vásquez, un mototaxista de Montería, fue judicializado por su presunta implicación en el delito de acceso carnal violento contra una menor de edad a la que él habría llevado a bordo de su moto. Aunque este hombre no aceptó los cargos, un juez lo envió a la cárcel.
La investigación señala que el 25 de julio de 2023, una joven de 16 años, tras finalizar su jornada escolar, abordó el mototaxi de Kevin Andrés Caro para dirigirse al lugar de trabajo de su madre, en el barrio Sucre, municipio de Montería, Córdoba.
Durante el trayecto, según las investigaciones de las autoridades, el señalado abusador desvió la ruta con el argumento de recoger unos medicamentos.
En ese punto, y bajo amenazas con un arma cortopunzante, los investigadores presumen que Kevin Andrés Caro abusó sexualmente de la estudiante.
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El 24 de septiembre, el mototaxista fue capturado en la localidad de Teusaquillo, centro de Bogotá, donde se había refugiado.
A solicitud de la Fiscalía, un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural mientras se define si es culpable o no del terrible crimen por el que se le acusa.
En Colombia, denunciar el abuso sexual contra menores de edad y la violencia contra la mujer es un proceso respaldado por entidades especializadas que garantizan atención integral, protección y justicia.
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En casos de abuso sexual infantil, cualquier persona puede presentar la denuncia, incluso si no es familiar de la víctima. Las señales de alerta deben tomarse en serio y reportarse de inmediato. Las denuncias pueden hacerse a través de la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la línea 123 de la Policía Nacional o directamente en la Fiscalía General de la Nación, ya sea presencialmente, en línea o llamando al 122.
También se puede acudir a centros zonales del ICBF, comisarías de familia, salas de atención al usuario o unidades de reacción inmediata. En centros médicos, el personal está obligado a reportar el caso a las autoridades, y se activa el “Código Blanco” para atención prioritaria.
En casos de violencia contra la mujer, las víctimas pueden acudir a estaciones de Policía, unidades de investigación como la Dijín, Sijín o el CTI, y a la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con centros de atención integral y unidades disponibles las 24 horas. Las comisarías de familia pueden ordenar medidas de protección como la expulsión del agresor del hogar, custodia provisional de hijos y cuotas alimentarias.
El Instituto de Medicina Legal realiza exámenes médicos y psicológicos que respaldan la investigación. Además, está disponible la línea 155, gratuita y confidencial, que ofrece orientación jurídica, psicológica y social las 24 horas del día.
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No se requiere abogado ni denuncia previa para recibir atención médica o psicológica. La protección de los derechos de las víctimas es una obligación del Estado, y denunciar es un paso fundamental para romper el ciclo de violencia.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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