Este lunes se conoció el resultado de la relatoría sobre los hechos ocurridos tras la muerte de Javier Ordóñez. Según el informe apoyado por Naciones Unidas, hubo una "masacre por parte de miembros de la Policía Nacional" y sobre él se pronunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
“Doloroso hasta el alma, pero necesario para salvaguardar y recomponer nuestra democracia. El dolor que nos causa confirmar lo que denunciamos desde el 10 de septiembre del año pasado es profundo, pero no es ni en un gramo comparable al dolor que sienten y sentirán las víctimas de esta tragedia, sus familiares y amigos a quienes una vez más ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa, por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera”, manifestó Claudia López.
Tras escuchar el informe, liderado por Carlos Negret, exdefensor del Pueblo, recalcó que “lo ocurrido entre el 9 y 11 de septiembre en Bogotá en Soacha fue una masacre policial contra jóvenes de nuestra ciudad, en particular contra jóvenes humildes, la inmensa mayoría jóvenes civiles. Otros, jóvenes que portaban uniforme, todos ciudadanos que deben ser protegidos por las armas del Estado”.
En medio de lágrimas pidió “perdón a las víctimas y a mi ciudad, asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe”.
Y, además, lanzó pullas al presidente Iván Duque: “Vuelvo a pedirle una vez más al comandante en jefe de la Policía Nacional, el señor presidente de la República, que reconozca la gravedad de lo ocurrido entre el 9 y el 11 de septiembre, que reconozca que las vidas de nuestros jóvenes se perdieron en medio de una masacre cometida por miembros de la Policía Nacional en Bogotá, en medio del uso abusivo, ilegítimo, inconstitucional con las armas de dotación portadas por algunos miembros de la Policía Nacional. Que se comprometa a acometer las recomendaciones de este informe empezando por hacer un acto genuino, no protocolario, no formal, no trivial, de reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido”.
Según la relatoría, miembros de la fuerza pública habrían participado en 11 de las 14 muertes acontecidas en el contexto de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez a manos de patrulleros.
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