La Contraloría indaga un posible detrimento patrimonial en este contrato que supera los mil millones de pesos y que habría puesto en riesgo la operación de los residuos.
Tras el anuncio del ente de control, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en un comunicado dice que celebra la decisión.
La polémica gira en torno al manejo de los residuos mixtos, es decir, los escombros de materiales de construcción.
Luego del deslizamiento ocurrido el pasado 28 de abril en Doña Juana, la Alcaldía de Bogotá le hizo duras críticas al operador por su manejo de este relleno sanitario.
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