La Contraloría indaga un posible detrimento patrimonial en este contrato que supera los mil millones de pesos y que habría puesto en riesgo la operación de los residuos.
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Tras el anuncio del ente de control, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en un comunicado dice que celebra la decisión.
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La polémica gira en torno al manejo de los residuos mixtos, es decir, los escombros de materiales de construcción.
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Luego del deslizamiento ocurrido el pasado 28 de abril en Doña Juana, la Alcaldía de Bogotá le hizo duras críticas al operador por su manejo de este relleno sanitario.
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