Se busca determinar si Juan Pablo Bocarejo violó principios de publicidad, transparencia, y economía en la contratación del sistema de semáforos inteligentes.
“La investigación también afecta a Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad, en calidad de delegataria como ordenadora del gasto, y a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaria de Movilidad de Bogotá”, aseguró la Procuraduría en un comunicado.
El contrato tiene un costo de $215.000 millones de pesos. El Ministerio Público pidió, además, suspender inmediatamente la licitación.
“Entre las pruebas que ordenó figura escuchar en declaración a varios de los oferentes interesados en participar en la licitación, y quienes han hecho observaciones públicas sobre el trámite, en especial sobre el contrato de consultoría por $5.499 millones de pesos con la firma C&M - IDOM, que elaboró los estudios y estructuró técnica, financiera y legalmente el proyecto”, añadió la Procuraduría.
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