El escándalo de Odebrecht desató un nuevo pulso entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Desde Washington, el jefe del ente investigador recordó que el Ejecutivo no es el encargado de la cooperación judicial con Estados Unidos.
La corrupción de Odebrecht es un mal que sigue gravitando en Colombia. Ejecutivos, funcionarios gubernamentales, congresistas, intermediarios, un consorcio y hasta un banco de inversión en Estados Unidos hicieron parte de un esquema que el Departamento de Justicia detalló en medio del acuerdo con Corficolombiana y el Grupo Aval, que, al haber reconocido su responsabilidad en el pago de sobornos, tendrán que pagar 60 millones de dólares.
Esta decisión no le puso punto final al capítulo de corrupción en Colombia, o al menos eso asegura el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien anticipa que el jueves 17 de agosto de 2023, en Cartagena, el país conocerá más responsables.
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"Vamos a formular más de 60 nuevas imputaciones, es decir, estaríamos con eso casi clausurando en Colombia el caso Odebrecht y un trabajo además que se ha hecho… con el FBI. De hecho, la resolución coordinada que salió hace unos días en el caso Odebrectht es una resolución que se coordinó y trabajó con la misma Fiscalía General de la Nación”, dijo.
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El anuncio del fiscal se da en momentos en los que el presidente Gustavo Petro cuestiona las actuaciones de la justicia en Colombia. En este caso, le da directrices a la Cancillería para que utilice "todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los Estados Unidos y Brasil, para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval le genera al Estado colombiano".
“El presidente le ordena a un canciller o a la Cancillería hacer algo que no le cabe, porque la cooperación judicial se da entre fiscalías", sostuvo Francisco Barbosa.
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El fiscal hizo el anuncio luego de cerrar su agenda en Washington, donde solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para él y su familia. Asegura que agencias del Estado tenían información sobre un posible atentado del ELN que no le hicieron llegar.
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“Yo tengo un proceso de desconfianza mayúsculo, mayúsculo, con la institucionalidad colombiana y no se va a resolver con una reunión de 20 minutos con un presidente de la República en Colombia, porque el presidente de la República a mí me informó que él no sabía. Entonces, sí él no sabe, ¿quién sabe?", cuestionó.
Francisco Barbosa asegura que, una vez finalice su período como fiscal general, su vida corre peligro.
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