Colombia, a pagar por abusos en la Comuna 13 relacionados con la Operación Orión

Foto: Según dijeron los paramilitares en el proceso de Justicia y paz, a La Escombrera, en el occidente de la Comuna 13, fueron llevadas algunas personas, allí fueron asesinadas y sepultadas en fosas comunes. Raúl Arboleda - AFP

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Colombia por no prevenir el asesinato de una defensora de los derechos humanos, así como por la detención arbitraria y falta de protección de otras activistas durante el conflicto armado en ese país, informó este martes el tribunal.

El Estado colombiano fue condenado también por no adoptar medidas para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de derechos humanos durante el conflicto armado colombiano y por violar sus garantías judiciales y su derecho a la protección. [Vea también: “Orión nunca más”, el clamor de la Comuna 13 para que no vuelva la guerra]

 El caso se refiere al asesinato de la activista Ana Teresa Yarce, detenida en 2002 durante la Operación Orión desarrollada en la Comuna 13 de Medellín junto a sus compañeras María del Socorro Mosquera y Mery del Socorro Naranjo, acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla izquierdista.

 Las tres mujeres fueron liberadas nueve días después por falta de pruebas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en su fallo que el arresto "fue ilegal y arbitrario y que, en las circunstancias del caso, además de una violación al derecho a la libertad personal, generó una vulneración de los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y dignidad de las víctimas".[No deje de ver: Por paramilitarismo en Operación Orión, tribunal pidió investigar a Uribe]

 Yarce fue asesinada en 2004 después de haber interpuesto numerosas denuncias sobre su situación de riesgo sin que el Estado adoptara medidas para resguardar su vida, según el tribunal regional con sede en Costa Rica.

 Otras cuatro defensoras de derechos humanos se vieron obligadas a desplazarse de sus lugares de residencia por amenazas, "ante lo cual el Estado no adoptó las medidas suficientes de asistencia ni posibilitó un retorno voluntario y seguro", según la Corte.

 El tribunal ordenó al Estado adoptar medidas de reparación que incluyen continuar la investigación relacionada con el desplazamiento forzado de la activista Myriam Eugenia Rúa y sus familiares, así como desarrollar un curso en Medellín para instruir sobre el trabajo de los defensores de derechos humanos.