La Corte Constitucional estableció este lunes que las publicaciones en redes sociales que utilizan el cuerpo, la apariencia física o características personales de una mujer para desacreditarla pueden constituir violencia de género digital, incluso cuando se trata de una persona con reconocimiento público. El pronunciamiento se conoció mediante la Sentencia T-348 de 2026, en la que la corporación estudió una tutela presentada por una gestora social del municipio de Arauca contra un creador de contenido que publicó mensajes sobre ella en Facebook. El caso fue analizado por la Sala Cuarta de Revisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González.
La accionante, Stephany Dayana Ortiz Tafur, cuestionó varias publicaciones realizadas por Cristian Camilo Paredes Forero, en las que se hacían referencias a su cuerpo, apariencia física, posibles procedimientos estéticos y vida privada. También se difundían comentarios sobre el papel que, según el autor de los mensajes, debía desempeñar como mujer. La mujer consideró que estas expresiones afectaban sus derechos fundamentales, pues trasladaban las discusiones sobre su actividad pública hacia aspectos de su vida personal y su apariencia. Por ello, acudió a la acción de tutela para solicitar protección frente a los contenidos que consideraba ofensivos y discriminatorios.
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Al revisar el expediente, la Corte encontró que no todas las publicaciones podían recibir el mismo tratamiento constitucional. Por un lado, reconoció que las opiniones y cuestionamientos relacionados con la gestión de la administración municipal estaban protegidos por la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a ejercer control sobre los asuntos públicos. Sin embargo, concluyó que los mensajes dirigidos a presuntamente sexualizar, cosificar y desacreditar a la mujer por razones asociadas a su género superaban los límites de esas garantías.
¿Por qué la Corte Constitucional consideró que hubo violencia de género digital?
Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue establecer la diferencia entre las críticas relacionadas con el desempeño público de una persona y los ataques que utilizan estereotipos de género para afectar su imagen y participación en la sociedad. "Debido a su visibilidad pública como gestora social, las críticas sobre asuntos de interés general estaban amparadas por la libertad de expresión y la participación política. Sin embargo, la Sala concluyó que otras publicaciones constituyeron violencia de género digital porque sexualizaban, cosificaban, instrumentalizaban, minimizaban, desacreditaban o descalificaban a la accionante con fundamento en estereotipos de género", explicó la Corte.
En el caso estudiado, la Corte encontró que algunas publicaciones se concentraban en la apariencia física de la gestora social, en supuestas cirugías estéticas y en comentarios de naturaleza sexual. También identificó expresiones relacionadas con el papel que debería cumplir una mujer en la sociedad, vinculándolo con actividades domésticas y labores de cuidado. "Se determinó que estos contenidos desplazaron el debate sobre la labor de la mujer y convirtieron su cuerpo y sus características personales en objeto de ataques", agregó la sentencia. La sentencia también señaló que la violencia de género puede presentarse mediante publicaciones que, examinadas de manera individual, no necesariamente contienen expresiones explícitas de agresión. Por esta razón, los jueces deben revisar el contexto, la reiteración de los mensajes y los estereotipos que pueden estar detrás de ellos.
Los ataques digitales pueden limitar la participación de las mujeres en espacios públicos
Otro de los puntos abordados en la Sentencia T-348 de 2026 fue el efecto que puede tener la violencia digital sobre las mujeres que participan en escenarios políticos, sociales o profesionales. La Sala determinó que "la aludida conducta adquiere una dimensión adicional cuando pretende afectar a una mujer que ejerce su libertad de expresión, participa en asuntos de interés público o desarrolla una actividad profesional visible, pues en tales casos el ataque puede tener como efecto no solo menoscabar sus derechos individuales, sino también limitar su presencia, reconocimiento y capacidad de intervención y representatividad. Además, configura expresiones que generan escenarios de participación pública inseguros para las mujeres".
Después de revisar las pruebas y establecer que se habían presentado actos de violencia de género digital, la Corte decidió revocar la sentencia de segunda instancia, que había negado la tutela, y conceder la protección solicitada por Stephany Dayana Ortiz Tafur, "a una vida libre de violencias, a la igualdad y no discriminación, a la imagen, a la integridad, a la dignidad humana y a la intimidad personal y familiar". Como parte de las medidas, el ente ordenó a Cristian Camilo Paredes Forero retirar de sus cuentas de Facebook las publicaciones identificadas en el expediente como actos de violencia de género digital. La instrucción también incluye la eliminación de otros contenidos que tengan características similares y en los que se haga referencia a la accionante de manera sexualizada, estereotipada o degradante.
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Adicionalmente, el creador de contenido deberá abstenerse de realizar nuevas publicaciones que la instrumentalicen, sexualicen, desacrediten o degraden mediante estereotipos de género. La Corte también dispuso que el accionado publique disculpas dirigidas a la gestora social en sus dos cuentas de Facebook, medida que deberá cumplirse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia. Por último, otra de las obligaciones consiste en que participe y complete una capacitación sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres en espacios digitales. A esto se suma la obligación de que publique y difunda dicha sentencia en sus cuentas de Facebook.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL