Corte Suprema condenó a cinco años de cárcel al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco

La Corte Suprema de Justicia condenó a cinco años de prisión al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

Cuando fue candidato a la Gobernación de Cesar en 2011, según el fallo, se comprometió por escrito a evitar el desalojo de unas 800 familias desplazadas por el conflicto armado, que vivían en Tierra Prometida, un sitio de invasión en la ciudad de Valledupar, a cambio de votos que respaldaran su aspiración.

Monsalvo Gnecco prometió en un documento firmado el 16 de octubre de 2011 "mantenerlos quieta y pasivamente en el inmueble", amparar "los derechos fundamentales a la vivienda digna" e "incluir a los invasores en los proyectos de construcción de viviendas".

Corrupción al elector

La Sala de Primera Instancia de la Corte ordenó que el dirigente, al que sancionó también con una multa de unos 270 millones de pesos (unos 73.380 dólares), pague su condena en detención domiciliaria y solicitó al presidente Iván Duque apartarlo de su cargo.

Aunque la defensa de Monsalvo insiste en que no se trató de un delito sino de un "compromiso político", para la Corte "el contenido del documento constituye una promesa de dádiva que afectó la autonomía del elector".

"Luis Alberto Monsalvo Gnecco conocía que estaba prometiendo dádiva consistente en mantener la situación de invasión de quienes se encontraban en Tierra Prometida, a cambio de que estos ciudadanos habilitados para sufragar votaran por él", detalló la Corte.

Monsalvo Gnecco fue acusado durante su campaña de 2011 por la Fiscalía general y pese a eso fue elegido gobernador del Cesar, luego en la campaña del año pasado ganó nuevamente las elecciones para el periodo 2020-2023.

La Fiscalía detalló el 16 de julio, cuando se conoció la condena de la Corte, que "demostró que Monsalvo Gnecco se aprovechó de la necesidad de las comunidades vulnerables y pactó permitir que una condición contraria a la ley se prolongara para asegurar votos".

Falsas promesas

Según la Corte, el gobernador no solo hizo ofertas de viviendas que no se iban a cumplir, sino que algunas de ellas "las ofreció bajo el supuesto de mantener las invasiones de esos predios ajenos".

La Corte conoció que, en 2012, ante el inminente desalojo de los ocupantes del terreno, ordenado por las autoridades municipales en el asentamiento, estos hicieron una protesta en la que exigían, al ya gobernador Monsalvo, el cumplimiento de las promesas que hizo a cambio de sus votos.

En respuesta a esas peticiones el político envió en junio de 2012 una carta al Ministerio de Vivienda en la que solicitó apoyo para un aparente proyecto de vivienda que se desarrollaría en la propiedad ocupada y ofreció como financiación que la Gobernación aportaría 5.000 millones de pesos (unos 1,36 millones de dólares de hoy).

La justicia detalló que para el 16 de octubre de 2011 estaban en curso acciones legales ante las autoridades locales, ejercidas oportunamente por el dueño del inmueble en contra de los invasores, por lo cual consideró que "era imposible para el acusado comprometerse con la comunidad" a mantenerlos en los terrenos invadidos.

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