Corte Suprema dice que narcotráfico es conexo a delitos políticos

La Corte Suprema de Justicia considera que el narcotráfico es conexo al delito político de rebelión, siempre que esa actividad tenga como fin financiar a "organizaciones insurgentes", lo que abre la puerta a que el tráfico de estupefacientes realizado por las FARC entre en una futura amnistía.
En un fallo publicado este jueves, aunque emitido horas antes de que se conociera el acuerdo de justicia transicional alcanzado ayer Cuba entre el Gobierno colombiano y las FARC, la Corte ratificó "la conexidad del delito de tráfico de estupefacientes con el de rebelión cuando esa actividad ilegal ha sido cometida para financiar organizaciones insurgentes".
Esta circunstancia, sin embargo, "no es un obstáculo para la extradición de integrantes de grupos alzados en armas bajo el actual ordenamiento jurídico colombiano", precisó el documento.
Fuentes judiciales explicaron a Efe que este tipo de pronunciamientos no es infrecuente dentro de la Corte, que en esta ocasión fallaba a favor de la extradición a Estados Unidos de Juan Vicente Carvajal Isidro, alias "Misael", quien presuntamente actuó como director financiero del frente 10 de las FARC.
El alto tribunal sostiene que "Misael", que al parecer recolectó en nombre de las FARC pagos llamados "impuestos" a productores de cocaína que operaban en áreas controladas por dicho grupo insurgente, "evidencia la conexidad del tráfico de estupefacientes con la rebelión".
El acuerdo de justicia divulgado ayer en La Habana, que es aplicable a todos los actores del conflicto armado, contempla una amnistía para delitos políticos y la creación de un tribunal especial para la paz.
Poco después del anuncio, el fiscal de Colombia, Eduardo Montealegre, aseguró que podrán "amnistiarse o indultarse más de 16.000 miembros de las FARC por rebelión y otros delitos conexos", cifra que, según explicó hoy a periodistas, corresponde a procesos abiertos a lo largo del tiempo y no necesariamente a guerrilleros en activo, cifra que no supera los 8.000, según datos oficiales.
Asimismo, anunció que con la firma del acuerdo de justicia "se suspenden 50 imputaciones en contra de miembros de la cúpula de las FARC", sin especificar cuáles eran los cargos eliminados.