El empresario fue sentenciado 11 años y 6 meses de prisión por beneficiarse de los subsidios de AIS con documentos falsos.
La Corte Suprema señaló que el Tribunal Superior de Bogotá no incurrió en errores en el fallo condenatorio contra el empresario, proferido en diciembre de 2017.
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Aclaró, además, que no se vulneró el debido proceso ya que, como cita el Consejo de Estado, se trata de “hechos públicos, conocidos tanto por las partes como por un grupo de personas de cierta cultura, que pertenecen a un determinado círculo social o gremial”.
El programa del Ministerio de Agricultura se había creado para brindar apoyos económicos directos a los pequeños y medianos productores, pero, según la Fiscalía, dicho objetivo no se cumplió y los recursos quedaron en manos de grandes empresarios, como ocurrió en el caso de José Francisco Vives Lacouture, que obtuvo financiación para su finca Bocaratón.
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