Defensoría del Pueblo tras secuestro de militares en Guaviare: “No puede haber espacios vedados”

A pesar del secuestro de 18 militares en Guaviare, las FF. MM. aseguran que reforzarán la zona, decisión a la que se sumarán los acuerdos a las que lleguen organismos de derechos humanos y comunidad de la zona, que serán avalados por la Defensoría del Pueblo.

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“Frente a los hechos presentados este fin de semana en el departamento del Guaviare, desde la Defensoría de Pueblo seremos garantes de los acuerdos logrados entre la Fuerza Pública y la comunidad de El Guayabero, como resultado del diálogo liderado por nuestro equipo en territorio”, explicó Carlos Camargo.

Y es que los 18 militares en Guaviare estuvieron retenidos ilegalmente durante 24 horas, luego de que la comunidad de la vereda San Jorge, de San José del Guaviare, cercara a su pelotón de 40 hombres del comando específico de oriente, el cual se desplazaba como parte del dispositivo de seguridad del plan democracia para garantizar la seguridad en las elecciones del domingo 29 de octubre.

"No puede haber espacios vedados para la fuerza pública. Hago un llamado a respetar la labor de la institucionalidad del Estado, ya que se requiere su presencia para garantizar los derechos de todos los ciudadanos de cara al proceso electoral", agregó Camargo.

Dicen las Fuerzas Militares que los pobladores exigían el retiro de los uniformados de la zona, quienes buscaban asegurar el lugar ad portas de los comicios regionales. Como parte de esa presión trasladaron a los 18 retenidos a Puerto Pachicamo.

Andrés Macías, experto en seguridad, opinó que "el respaldo político de las autoridades a la actuación de la fuerza pública es vital, especialmente desde el orden nacional, y lo sucedido en San José del Guaviare debería llamar a un fortalecimiento de ese plan democracia”.

Néstor Rosanía, periodista e investigador de conflictos, explicó por su parte que "esto está demostrando que la fuerza pública no tiene el control real en las diferentes zonas del país y esto puede ser un riesgo para el plan democracia".

Fuentes militares aseguran que las disidencias de las FARC habrían presionado a las comunidades para que retuvieran a la tropa, y que solo tras la mediación de la Defensoría del Pueblo y la misión de verificación de la ONU fueron liberados.

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