La mañana del 2 de mayo de 2002 quedó grabada en la memoria de los habitantes de Bojayá. En medio de los combates entre las antiguas FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un cilindro bomba cayó dentro de la iglesia de Bellavista, donde cientos de personas buscaban refugio ante los enfrentamientos. El ataque dejó decenas de personas fallecidas y provocó el desplazamiento de miles de habitantes del municipio. La iglesia, que había sido considerada un lugar seguro para quienes intentaban protegerse de la violencia, terminó convertida en el escenario de una de las mayores tragedias humanitarias del conflicto armado colombiano.
Ahora, a 24 años de uno de los episodios más graves del conflicto armado en Colombia, el Gobierno pidió perdón a las víctimas durante un acto realizado en el antiguo centro poblado de Bellavista. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que las instituciones del Estado tenían información previa sobre el riesgo que enfrentaba la población, pero la respuesta no fue suficiente para evitar lo ocurrido. "Este crimen debe nombrarse con absoluta claridad: fue un acto atroz, injustificable y contrario al derecho internacional humanitario, a la dignidad humana y a los principios más elementales de la convivencia".
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
El testimonio del sacerdote que vivió la masacre dentro de la iglesia
Uno de los testimonios que volvió a poner rostro a lo ocurrido fue el del sacerdote Antún Ramos, quien se encontraba dentro de la iglesia cuando ocurrió la explosión. El religioso recordó que durante esos días cientos de personas llegaron al templo buscando protección. Según explicó, el lugar estaba diseñado para recibir aproximadamente a un centenar de personas, pero terminó albergando entre 600 y 700 habitantes que huían de los combates.
"Era una iglesia donde habitualmente cabían unas 100 personas y de un momento a otro llegan 600 o 700. Había que organizar la comida, la atención a los niños, a los ancianos y buscar la manera de mantener la calma", relató Ramos. El sacerdote explicó que, ante la falta de espacio, ubicaron a algunos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores en una zona del templo que consideraban más protegida. Fue precisamente allí donde cayó el artefacto lanzado durante el enfrentamiento entre los grupos armados.
"Por la cantidad de personas que había, ubicamos a los niños y a algunas mujeres en embarazo en la parte más alta del templo. Fue ahí donde cayó la pipeta", recordó. Tras la explosión, Ramos resultó herido en un pie y en la cabeza. Durante varios segundos perdió el conocimiento, pero posteriormente comenzó a ayudar a trasladar a los heridos hacia la casa de las hermanas agustinas, donde había personas con conocimientos médicos. El sacerdote también recordó que los combates continuaron incluso después de la explosión y que las personas que intentaban auxiliar a las víctimas quedaron nuevamente expuestas al fuego cruzado.
"Esperábamos que el Ejército protegiera a toda una población"
Publicidad
Para Antún Ramos, el reconocimiento realizado por el Estado representa un paso importante para las comunidades, aunque considera que debe estar acompañado de mayores acciones tras una tragedia que, según él, se pudo evitar. "Nosotros hicimos alertas tempranas y esperábamos que el Ejército protegiera a una población que estaba en peligro. No ocurrió y ahí están las consecuencias”, señaló.
Según Ramos, la responsabilidad no solo debe analizarse desde quienes participaron directamente en el ataque, sino también desde las instituciones que tenían la obligación de proteger a los civiles. "Ellos hicieron un acto de perdón, pero tiene que acompañarse de compromiso y de acciones. Ese tema no nos corresponde, pero seguimos esperando también que los actores de lado y lado reconozcan lo que hicieron. Quienes lanzaron la pipeta tienen responsabilidad, así como también el Estado la tiene por no haber actuado; por permitir ciertas cosas como permitir el paso de este grupo por nuestro territorio. Te hace cómplice".
Bojayá sigue enfrentando las consecuencias del conflicto armado
Aunque han pasado más de dos décadas desde la masacre, las comunidades del Chocó aseguran que la violencia no ha desaparecido. El sacerdote explicó que actualmente varios territorios continúan afectados por la presencia de grupos armados, con situaciones de confinamiento, restricciones para movilizarse y dificultades para realizar actividades cotidianas.
Publicidad
"Las consecuencias de la guerra las reciben las recibimos nosotros, los campesinos que vivimos en esta zona. Quienes recibimos las atrocidades de la guerra somos los campesinos en el día a día, los que vivimos en territorio". Ante este panorama, Ramos insistió en que espera que el nuevo gobierno "tenga la noción de dialogar con la contraparte, con el enemigo para construir paz, hermandad y fraternidad".
La masacre dejó más de 102 personas fallecidas, entre ellas 48 niñas, niños y adolescentes. Las autoridades indicaron que 86 víctimas pudieron ser identificadas y entregadas posteriormente a sus familiares para recibir una sepultura digna.
No obstante, seis personas continúan desaparecidas y aún existe un menor de edad que no ha podido ser plenamente identificado. Además de las víctimas mortales, al menos 159 personas sufrieron lesiones físicas y afectaciones psicológicas que continúan impactando sus vidas más de dos décadas después de los hechos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co
Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.