Hasta datos del año 2013, se han exportado más de 50 mil kilos y no se consiguen 200 kilos para los joyeros colombianos.
El ciudadano común se ve afectado porque es posible que mucho del oro que consiga no sea nacional sino importado, lo que provocaría un incremento del 20% o más del precio de la joya y peor aún un problema de seguridad.
¿Si nadie nos vende oro legal debemos comprar oro reciclado que muchas veces es de dudosa procedencia?, se preguntan los joyeros. José Carreira, gerente de la joyería Arlop, dice que "estaríamos clavándose una cuchillada nosotros mismos" porque se estaría promoviendo los robos y los atracos.
Joyas de contrabando es otro flagelo que resalta Ricardo Kling, gerentende la joyería Bauer. Sin contar con el riesgo de desaparecer del mapa las joyerías, advierte Gladys Poveda, quien señala que debería existir una ley que obligue a estos locales a "dejar una parte del oro para el consumo interno".
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María del Pilar Paláu, viceministra de Desarrollo Empresarial, indica que la idea es que los grandes comercializadores sean garantes de de una certificación para la venta de oro que aclare la procedencia, la claridad y legalidad.
Según cifras oficiales, 300 mil empleos directos o indirectos estarían en riesgo de no hallarse una solución a este problema.
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