“Para que una ciudad esté organizada debe haber trabajo, pero el trabajo se debe organizar”. Es la opinión de una transeúnte que destaca la necesidad de respetar el espacio público para los peatones sin dejar a un lado la solidaridad con los vendedores informales.
Precisamente el tema de las ventas ambulantes ha generado debate entre la administración de Bogotá y las personas que se dedican a este oficio. En los últimos días, Enrique Peñalosa ha ordenado el levantamiento de ventas callejeras con el fin de implementar un plan que mejore las condiciones para ambas partes.
Asociaciones de trabajadores han respondido con tutelas contra la administración, mientras que defensores del trabajo formal aseguran que en este tipo de oficio se mezcla el contrabando y la exención de los impuestos.
Informales como los que recurren el sector 20 de julio, en el suroriente de la capital, se dieron cita en el sector de la Hortúa para iniciar una marcha hacia la Plaza de Bolívar, sitio de encuentro de los manifestantes que esperan ser escuchados por el alcalde Enrique Peñalosa.
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"Queremos el cese inmediato de la persecución a los vendedores y el decomiso de sus productos. Queremos la apertura de una mesa distrital donde estén representados los vendedores ambulantes”, reveló Ómar Puerto, vicepresidente de la Unión General de Trabajadores Informales, UGTI.
En principio, las movilizaciones de las asociaciones se anunciaron para cinco puntos de la ciudad: la calle 72 (Chapinero), Centro de Memoria Histórica, plazoleta de La Mariposa y carrera 10 con 4 Sur con el mismo sitio de encuentro: el Palacio de Liévano. La congregación se caracteriza por el sinnúmero de mensajes que los vendedores han expresado a través de pancartas y arengas en defensa de su alternativa de trabajo.