FARC dice estar abierta a una consulta popular sobre acuerdos

En un comunicado, las FARC aclararon que no se oponena que los colombianos sean consultados sobre los acuerdos que se logren en La Habana. “nadie ha afirmado que no se deba consultar al pueblo el resultado de la negociación”, señalan en el documento.

A continuación el comunicado completo:

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, mayo 6 de 2016, año de la paz

Queremos reiterar que el Acuerdo Especial es el recurso más eficaz en manos de la Mesa para asegurar jurídicamente el eventual acuerdo de paz y el camino más corto para lograrlo. No tiene sentido convertir este tramo final en un viacrucis innecesario cuando lo que se busca es salvaguardar la protección en todo sentido de quienes han padecido la guerra.

¿Qué tiene de malo que las FARC puedan exponer su punto de vista sobre el tema en la audiencia proyectada por la Corte Constitucional? ¿Cuál es el fundamento de quienes piden excluirnos -que no sea su intransigencia-, para pretender silenciar la voz de una guerrilla en evidente tránsito a movimiento político legal? Hace rato la reconciliación está exigiendo generosidad, sentido común, y mucho respeto por las creencias políticas.

Las claras definiciones y contenidos de normas internacionales universalmente aceptadas, no deben ser desatendidas con conceptualizaciones, dubitativas, surgidas del qué dirá la derecha guerrerista. Si queremos la paz, no vacilemos. Hay que entender que los acuerdos especiales hacen parte de los textos que conforman el Derecho Internacional Humanitario, y que el DIH no es una idea vagarosa, sino una realidad imperativa e insoslayable del derecho internacional público que ya hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano. No necesitamos ser juristas expertos para conocer algo tan elemental.

En efecto, la mesa de La Habana no es una Constituyente; verdad de Perogrullo. En nosotros no tendrá eco la invitación subjetiva a desconocer tratados internacionales ya aprobados por el Congreso, porque ello, no aporta seguridad jurídica, sino que la mina y la destruye anticipadamente. Las determinaciones jurídicas locales no pueden descalificar principios, decisiones mundiales y tratados que son imposibles de desconocer por su naturaleza y origen como el Derecho Internacional Humanitario. No hay estatutos nacionales que estén por encima de tales convenios. No podemos ir a contrapelo de lo que ya los textos e instancias internacionales han definido para bien de la humanidad.

Y no es que desde La Habana se quiera desconocer la Constitución. Todo lo contrario, en La Habana hemos venido acogiendo lo ya resuelto por ella. Los tratados que rigen hoy en esta materia son extensión de la Carta Magna y prevalecen en el orden interno sin necesidad de nada más. 

De otra parte, nadie ha afirmado que no se deba consultar al pueblo el resultado de la negociación. Pero queremos hacerlo bien; es decir, cuando los colombianos reciban la buena noticia de que el proceso ha culminado y las expectativas han sido atendidas. Algo que se puede alcanzar relativamente pronto si a lo que resta por acordar en la mesa se le aplica el sentido común y el amor patrio en abundancia. ¿Quién más que nosotros puede estar interesado en la seguridad jurídica como fundamento del proceso paz, y en la seguridad personal y de las víctimas?

En lo que sí estamos de acuerdo es con la afirmación en cuanto a que “los acuerdos se discuten en la mesa”. Entonces pongámosle punto final a las iniciativas unilaterales surgidas por fuera de ella. Regresemos a la agenda. No más confusión. No más controversia inane. La unilateralidad es mala consejera. Hay unas reglas del juego convenidas y aceptadas. Respetémoslas.