La Fiscalía General de la Nación le imputó dos delitos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y a 10 personas más por presunta corrupción en el caso del lote Aguas Vivas en El Poblado. La audiencia continuará después de Semana Santa.
Señalado por la Fiscalía bajo cargos de prevaricato y peculado por apropiación en favor de terceros por el contrato de Aguas Vivas, Quintero se enfrentaría a una condena de hasta 418 meses de prisión, según lo comunicó la fiscal que lleva el caso.
"La conducta punible de peculado por apropiación en favor de terceros se realizó con el agravante de que lo apropiado superó los 200 salarios mínimos mensuales vigentes para el año 2022 que, como se indicó previamente, corresponde a la suma de 42.719 millones pesos valor comercial del bien, según el último avalúo comercial", indicó Yarcely Mena Benítez, fiscal del caso Aguas Vivas.
A otros 6 exfuncionarios se les comunicó la imputación por interés indebido en la celebración de contratos, todos señalados de modificar ilegalmente el documento que condiciona el lote de Aguas Vivas como cesión gratuita al municipio, para ser vendido.
"Desconoció el artículo 137 de la ley 1437 de 2011, al ser expedido con falsa motivación cuando invoca disposiciones que no fueron incluidas en la escritura pública. Se aleja el pronunciamiento del Consejo de Estado y todo lo que respecta a la aparente nulidad de la escritura pública", añadió Yarcely Mena.
Tras seis horas de audiencia, el juez suspendió la diligencia y se reanudaría el próximo lunes 21 de abril. Allí el juez definirá si avala la formulación de los cargos. Mientras tanto, el exalcalde reiteró su inconformidad con la diligencia argumentando que se trata de una persecución política.
"El intento de acusación de la Fiscalía en Medellín no tuvo pies ni cabeza y por eso está en veremos. El enredo que presentaron no pasa un examen jurídico elemental. Confunde términos, presenta hechos inconexos, es oscuro e incomprensible", afirmó el exalcalde en su cuenta de X.
Y añadió: "No tiene la claridad que una acción penal en un estado de derecho debe respetar. Se suponía que la nueva Fiscalía sería un espacio de garantías que dejara de lado para siempre su instrumentalización como arma política. Hoy no es así y por eso este Colombia clama por un cambio urgente en la justicia".
Quintero, además, indicó que “la presentación de la Fiscal ha sido una vergüenza. Quedó en evidencia que esto es una persecución política para sacarme de la Presidencia. No podrán”.
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