Los indígenas denuncian que la explotación afecta la seguridad alimentaria de la etnia en la parte alta de los municipios de La Paz, Becerril y Codazzi.
De acuerdo con los yukpa, más de 10 mil hectáreas de sus territorios fueron entregados por el Estado a la minería.
“La pérdida de la pesca, de la alimentación, porque a raíz de esto nos han desviado todos los ríos, en el caso del río Maracas, el río Sicarare, que también lo han desviado, ya hoy nosotros no podemos hacer prácticas culturales”, dijo Esneda Saavedra, gobernadora del cabildo.
Tras la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar, los indígenas se desplazaron hasta Valledupar para socializar el fallo que frena la adjudicación de nuevos títulos mineros en la serranía del Perijá.
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“Se suspenden de ahora en adelante todos los procesos de títulos mineros de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, se suspende la sustracción de la zona de reserva natural del Magdalena y de la Serranía de los Motilones y se suspende un proyecto en particular que se llama El Palomo, que es el botadero de Prodeco en territorio ancestral Yukpa”, explicó Eduar Álvarez, abogado de los yukpa.
Prodeco, como responsable del proyecto El Palomo, vecino del resguardo Sokorpa, en Becerril, no se ha pronunciado frente al fallo.
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Actualmente, son alrededor de 300 los títulos mineros los que están vigentes en territorio yukpa.