El anuncio fue hecho luego de una reunión con los alcaldes de los municipios afectados y el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, quien indicó que la cita fue con los ministros y no con el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, como se había dicho inicialmente.
"Hemos decidido enviar una comisión de alto nivel del Gobierno Nacional. Se va a desplazar a la región del Catatumbo para dar inicio (a conversaciones) con las comunidades campesinas, y no con actores ajenos" a la manifestación, dijo el ministro.
A su turno, el gobernador Díaz dijo que esa delegación en Tibú la integrarían desde delegados del Ministerio de Agricultura, del Trabajo, del Interior, de Defensa, entre otros.
"Se acordó hacer la mesa de diálogo allá en Tibú siempre y cuando existan las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? (que) se acepta la marcha, lo que no se acepta es lo que está ocurriendo, que son las vías de hecho, y el Gobierno dice que mientras existan las vías de hecho las mesas no se reinician", dijo el gobernador.
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Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación de Campesinos de Catatumbo, que encabeza la protesta en el Catatumbo, dijo el lunes que la fuerza pública se ha excedido y que en los enfrentamientos murieron el sábado en Ocaña dos hombres.
Aseguró que los dos hombres murieron por heridas de bala y en choques con la fuerza pública, que intentaba evitar que se acercaran y se tomaran en pequeño aeropuerto de Ocaña.
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Dijo que el número de manifestantes, entre campesinos, pequeños comerciantes, criadores de ganado y cultivadores de coca, materia prima de la cocaína, ha crecido y ahora son unos 10.000 en Ocaña y otros 4.000 en Tibú.
Al inicio de su protesta el 11 de junio eran al menos 8.000 pobladores del Catatumbo --que integran siete municipios de Norte de Santander-- los que comenzaron a bloquear con piedras y palos, así como ubicándose sobre las carreteras, las vías de acceso de Tibú y de Ocaña.
Sus reclamos principales, explicó Quintero, es que se suspendan los planes de erradicación de coca, se financien programas de cultivos alternativos y además que el Gobierno de Santos apruebe que los 346.000 hectáreas de los siete municipios del Catatumbo se conviertan en una "zona de reserva campesina", una figura legal de 1994 y por la cual los campesinos reciben sus títulos de propiedad de la tierra, en general producen de forma cooperativa y el Estado garantiza financiamiento para carreteras hasta salud y educación.
"Necesitamos que el Gobierno se meta la mano en el bolsillo" y sacar los recursos para apoyar a aquellos campesinos, indicó antes de la reunión el oficialista senador Juan Fernando Cristo, de Norte de Santander.
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El general Rodolfo Palomino, director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, indicó que aunque investigan las causas de la muerte de los dos hombres, "no estamos seguros que están asociados a la protesta campesina".
En el Norte de Santander existen al menos 3.490 hectáreas sembradas de coca, los quintos más grandes del país, según el informe de 2011 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El total de esos cultivos en el país era en 2011 de 64.000 hectáreas, según las Naciones Unidas.
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