"El diálogo ha sido suspendido, de aquí en adelante seguiremos (negociando) con los dirigentes cafeteros que están en la legalidad, con los dirigentes cafeteros que no están promocionando vías de hecho y que por tanto no están taponando las vías y las carreteras", dijo el ministro del Interior, Fernando Carrillo, en una declaración ante reporteros en la casa de gobierno y tras reunirse con Santos y otros miembros del gabinete.
La decisión fue tomada "porque ya se están presentando situaciones de emergencia" en algunas ciudades, dijo. "Es lamentable", agregó el ministro que no respondió preguntas.
La postura oficial frente a la aparente división entre los cultivadores en torno a los taponamientos dejó sin solución a corto plazo el conflicto de uno de los sectores más tradicionales de la agricultura colombiana y que no iba a un paro desde los años 90.
Sin embargo, las autoridades de la Federación Nacional de Cafeteros, la organización que agrupa al sector de 560 mil familias dedicadas al café, han dicho que las exportaciones del grano no han sido afectadas porque la cosecha terminó en enero, antes de la huelga, y hay suficiente grano recogido y almacenado.
Carrillo dijo que algunas ciudades, que no precisó, ya enfrentaban una "emergencia humanitaria" porque debido a los bloqueos en algunas localidades no entraban vehículos cargados de combustible, víveres o ambulancias y que además turistas peruanos y bolivianos, que incluía bebés, estaban varados en zonas del suroeste del país porque tampoco había transporte de buses hacia el vecino Ecuador.
Es muy importante que el país sepa, agregó Carrillo, que "se está precipitando una emergencia de ese carácter por cuenta de la intransigencia de quienes están taponando vías".
Pero voceros de los al menos 25 delegados en la mesa de negociación que se instaló en la sede del Ministerio del Trabajo, atribuyeron la responsabilidad al Gobierno, que primero dijo que no negociaría si se mantenían los bloqueos y luego el miércoles flexibilizó su postura y anunció las negociaciones pero sin aceptar las demandas del sector.
Algunos gobernadores y alcaldes de al menos 600 municipios que han tratado de mediar entre los bandos, e incluso participaban en los diálogos vienen presionado por una solución porque localidades como Popayán, capital del departamento de Cauca, al suroeste del país y uno de los epicentros de la huelga, comienza a sentir los rigores del paro porque no se permite el ingreso de los vehículos con productos, combustibles, entre otros, según sus autoridades.
"El Gobierno pues dice que está negociando con los cafeteros y los cafeteros dicen, por supuesto, que desbloquean cuando haya acuerdo", dijo en entrevista telefónica el gobernador de Cauca, Temístocles Ortega, quien también participó en las negociaciones debido a que su departamento existen cultivos del grano.
El gobernador agregó que ha estado hablando toda la semana con los dos lados "para pedirles que coloquen por encima de cualquier distanciamiento la situación humanitaria de la ciudad y de la gente".
Popayán ya sufre de desabastecimiento de combustible y la ciudad en previsión de desórdenes, implantará a partir de este viernes la "ley seca" o la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas de 6 de la tarde a la seis de la mañana, vigente hasta el lunes, indicó el gobernador.
Explicó que piden que los manifestantes dejen entrar al menos camiones de combustible, de víveres y ambulancias.
Los delegados cafeteros dijeron que regresaban a sus zonas desde Bogotá y que toda la situación la había provocado el gobierno, que no había divisiones, sino que ya era demasiada gente congregada e incluso algunos no eran caficultores y eran esos quienes promovían desórdenes y violentas protestas, mientras la Policía los agredía.
Los caficultores exigen elevar de al menos 500 mil a 800 mil pesos el precio mínimo de compra de la carga, equivalente a 125 kilos.
El gobierno dice que no tiene como garantizar ese precio mínimo para todos los cafeteros y que además otros gremios agrícolas podrían solicitar los mismo presionando las arcas estatales.
Entre los negociadores cafeteros es "bastante preocupante porque desafortunadamente están exigiendo (desde el Gobierno) una cuestión que ellos mismos la provocaron.
La gente, entre más tiempo (dura la protesta), más se va reuniendo y se va desbordando", dijo en diálogo telefónico Emilio Martinez, un caficultor de 70 años y quien fue delegado en la mesa por el departamento de Tolima, al oeste colombiano.
Los manifestantes y los taponamientos "claro" que se salió de las manos de los delegados.
"La gentes está en desbordamiento...y ¿quién controla eso?, por Dios", agregó al destacar que los que se sumaron a la protesta eran desde estudiantes hasta campesinos de otros sectores.
Dijo que regresaba ya a su población y que controlar a los manifestantes era complicado porque si el lunes eran 1.500 manifestantes a las afueras de Ibagué, ahora ya superaban los 8.000.
Guillermo Gaviria Osorno, caficultor de 51 años de la zona del departamento de Antioquia y representante a la mesa por aquella región aseguró que simplemente el Gobierno quería "montar un show" en un congreso cafetero previsto para el lunes en Bogotá.
"No sé qué va a pasar de aquí en adelante", dijo Gaviria en entrevista telefónica.
"Nos vamos con una tristeza muy profunda por nuestras comunidades...porque no hubo ninguna forma de negociar con el gobierno", insistió.
El precio de esa carga se calcula con base al precio internacional y la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar y según la Federación, la moneda colombiana se ha fortalecido 45% en los últimos cuatro años, mientras el precio del grano ha caído en el mercado internacional de unos tres dólares la libre hace unos tres años hasta 1,40 a 1,50 dólar por libre actualmente.
Agobiados por esa baja en los precios y con pesadas deudas, los caficultores dicen que producen a pérdida porque generar la carga de café les puede costar más de 700.000 pesos (unos 388 dólares), pero solo la venden en 500.000 o menos.
Updated: marzo 02, 2013 09:05 a. m.