Tras un año en el que las protestas tomaron durante meses las calles de Colombia y dejaron 84 muertos, de los cuales 25 fueron por la acción policial, Human Rights Watch (HRW) cuestionó en su informe anual que el Gobierno "aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial".
“Estamos hablando de abusos que son parte de un sistema sistemático, no son incidentes aislados, lo vimos en 2019, 2020, 2021, y te diría que esto tiene que ver en parte con el hecho de que Colombia es el único país de la región donde la Policía depende del Ministerio de Defensa”, aseguró Tamara Taraciuk, directora (e) para las Américas del organismo.
En las protestas que comenzaron el 28 de abril y se extendieron hasta junio, donde decenas de miles de personas mostraron su malestar social en las ciudades del país, los "oficiales de Policía repetidamente y arbitrariamente dispersaron las manifestaciones pacíficas y usaron una fuerza excesiva y a menudo brutal, incluyendo munición real y violencia de género", señala el informe publicado este 13 de enero de 2022.
Además, se produjeron arrestos arbitrarios, varios casos de violaciones, decenas de lesiones oculares y reportes de torturas y malos tratos, dice el informe, en hechos que tanto HRW como organismos internacionales vienen denunciando desde hace meses.
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Tras las protestas, el Gobierno anunció una reforma de la Policía, algo que la oposición tildó de cosmético.
HRW asegura ahora que, más de medio año después de las protestas, el Gobierno "aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial".
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Tampoco hay, afirma, "un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos".
Líderes sociales siguen desprotegidos, recalca HRW
En el informe, HRW asegura que, a pesar de la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, "la violencia relacionada con el conflicto ha tomado nuevas formas y los abusos de grupos armados, incluidos asesinatos, masacres y desplazamiento forzado masivo, se han incrementado en áreas remotas de Colombia en 2021".
Según cifras de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, 2020 fue el año con más masacres (76) desde 2014, y entre enero y septiembre de 2021 se habían producido 82, aunque, según Indepaz, la cifra llegó a 92 el año pasado.
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La ONU señala que más de 500 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016 y al menos 290 firmantes del acuerdo también han perdido la vida.
"El Gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos", considera la organización de derechos humanos.
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"(La guerrilla del) ELN en 2021 ha seguido cometiendo crímenes de guerra y otros abusos contra civiles", así como las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, quienes son responsables de muchos de estos asesinatos, desplazamientos y masacres.
HRW también recoge denuncias de amenazas a la independencia de la justicia, sobre todo en el caso del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), ya que "el presidente Iván Duque y otros líderes del partido (gobernante) Centro Democrático han hecho declaraciones que aparentemente tratan de difamar o intimidar a la corte y minar la legitimidad de su decisión".
No obstante, en el informe se alaba los progresos realizados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
la justicia transicional surgida del acuerdo de paz, para investigar los crímenes de guerra del conflicto y sus primeras decisiones que imputan a antiguos altos cargos de las FARC por delitos de secuestro y a exmilitares por ejecuciones extrajudiciales.
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