Iglesia denuncia que personas ajenas al territorio han llegado al Chocó a sembrar cultivos ilícitos

Para la Iglesia católica lo que está sucediendo en el Urabá, a lo largo de la costa Pacífica, tiene nombre: grupos de narcotraficantes estarían detrás de las amenazas a la población y el crecimiento exponencial de cultivos ilícitos.

“Es una situación muy compleja, esto se viene presentando ya desde hace varios años y se seguirá presentando a lo largo de todo el territorio, porque son muchas las personas extrañas al territorio que han llegado a hacer esa siembra de cultivos ilícitos”, aseguró monseñor Hugo Alberto Torres, obispo de la diócesis de Apartadó, Chocó.

Anotó que también “hay otras fuerzas y otros agentes que patrocinan, defienden a los que están haciendo esta clase de cosechas de cultivos ilícitos”.

“Los intereses son de parte y parte. Mientras los intereses de unos y otros quieran prevalecer sobre la norma nacional, el problema se incrementará mucho más”, sostuvo.

Incluso, el prelado revela que líderes de la región le han confesado que en los últimos meses ha habido flujo de plata dentro de los campesinos que nunca antes se había visto.

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“Nos pidieron que, como Iglesia, hiciéramos presencia con ayudas humanitarias y yo dije no se mueve una mano mientras el tema sea lo ilícito. Y algún líder de allá me decía que la gente compraba sus mercados con comidas carísimas, luego no era una pobreza ni una necesidad sentida, sino que era algo ya preparado y detrás había todo un plan camuflado”, afirmó.

Como una forma de enfrentar la situación en esta región, la Iglesia católica le pide al Gobierno que replantee su propuesta de usar el glifosato y que recurra a la implementación de proyectos productivos, para evitar que más actores armados lleguen a este territorio generando confinamientos y desplazamientos en la población.

“Pensaría que la erradicación manual, más de acuerdo con el medio ambiente, sería lo ideal y que fueron los mismos campesinos los que hicieran la erradicación de sus propios cultivos, en la medida que el Estado genere proyectos productivos, porque todo sabemos el mal que el glifosato hace al ambiente y las situaciones de salud que implica en la población el uso de este elemento”, dijo.

El obispo de Apartadó le hizo un llamado a la fuerza pública para que tome acciones contundentes y evite que los resguardos indígenas sigan siendo víctimas de las minas antipersona, que usan los grupos ilegales en la zona.

Finalmente, alertó al Gobierno que si no se toman acciones urgentes se podría presentar una de las mayores crisis humanitarias en la región, pues, según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación del Chocó, 4.741 personas se encuentran entre confinadas y desplazadas.

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Anotó que también “hay otras fuerzas y otros agentes que patrocinan, defienden a los que están haciendo esta clase de cosechas de cultivos ilícitos”.

“Los intereses son de parte y parte. Mientras los intereses de unos y otros quieran prevalecer sobre la norma nacional, el problema se incrementará mucho más”, sostuvo.