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Las llamas que destruyeron el Palacio de Justicia en Tuluá tienen a la Rama Judicial en medio de la impotencia frente a la acción de delincuentes aún no identificados.
El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) reveló que las sedes judiciales de Buga, Cartago y Cali, también en el Valle, fueron objeto de amenazas.
“Amenazas a la sede judicial, amenazas contra las sedes judiciales, que les van a atacar, así como pasó con Tuluá, es preocupante. El Consejo Seccional del Valle solicitó medidas, (…) desde que empezaron estos ataques”, dijo Gloria Stella López, presidenta del CSJ.
La magistrada explicó que aún no hay un inventario de pérdidas, ni de expedientes destruidos, pues solo se ingresara a la sede cuando las autoridades descarten la presencia de explosivos en el complejo judicial, considerado como una joya arquitectónica, donde operaban juzgados penales y civiles.
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La judicatura plantea que podría existir interés de grupos armados de ir por los expedientes abiertos en contra de ellos por diferentes delitos.
“Sí sabemos que en Tuluá, Palmira y Cali hay grupos armados al margen de la ley; hay procesos de extorsiones, secuestros, en los juzgados también especializados, pero la Fiscalía tiene la respuesta”, agregó.
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Para diferentes juristas este es un ataque de personas que no hacen parte de las protestas por la crisis social.
“Es lamentable porque era patrimonio histórico de esa ciudad y de los colombianos y no hay razón para estos desmanes en estas protestas por parte de vándalos que se infiltran en ellas y que tienen unos propósitos muy diferentes a la protesta pacífica; esperamos que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables”, indicó Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
La presidenta de la Judicatura, visiblemente afectada por los hechos, hizo un clamor ante esta situación.
“Es un sentimiento de tristeza, como impotencia, yo no sabría expresarlo, pero todos estamos en una tristeza frente a todos estos hechos y al ataque, no solamente de la Rama Judicial, sino de todas las instituciones. Hay que cesar ya, es lo único que podemos pedir”, manifestó la magistrada.
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Y es que la situación para la justicia es crítica, pues, por la vandalización de los complejos judiciales en todo el país, las pérdidas ascienden a 1’800.000.000 de pesos.
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