La medida exime a Marilú Ramírez Baquero de la condena a 27 años de cárcel por los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio y lesiones personales.
En la decisión, el tribunal le quitó la calidad de víctimas a la escuela y a los 14 militares heridos reconociendo como tales solo a los civiles, pues consideró que es un ataque militar válido conforme al Derecho Internacional Humanitario.
“Nosotros no teníamos la capacidad de defendernos, fue un ataque con carro bomba”, dijo uno de los afectados en el atentado del 19 de octubre de 2006.
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En este hecho, 23 personas terminaron afectadas por la camioneta Ford Explorer que explotó en la Escuela Superior de Guerra.
La persona clave para cometer ese atentado fue Marilú Ramírez Baquero, quien se infiltró como estudiante para hacer labores de inteligencia. Hoy está libre y sin condena.
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La medida se tomó el pasado 12 de febrero y, según esta, los militares no tienen derecho a reparación. La decisión se fundamenta en que el atentado se acogió al Derecho Internacional Humanitario y que las FARC respetaron los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.
Para Sebastián Moreno, abogado de la organización Mil víctimas del conflicto, esto “deja un antecedente muy malo porque no reconoce que un ataque con carro bomba configure una violación al DIH”.
Frente a la decisión de la JEP, los militares afectados piden que se reverse y que no se le dé la amnistía a Ramírez Baquero para que pueda aportar verdad y reparación a las víctimas.
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