La Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia inadmitió a tres irlandeses relacionados con la guerrilla de las FARC, al determinar que las obligaciones con el Sistema Integral para la Paz fueron desconocidas de "manera grave" por parte de los comparecientes, informó este jueves, 23 de mayo de 2024, el alto tribunal.
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La JEP otorgó en 2020 libertad condicional a tres ciudadanos irlandeses que en 2001 fueron condenados por la justicia colombiana por los delitos de falsedad en documento público y entrenamiento para actividades ilícitas para la guerrilla de las FARC.
Con la decisión de la JEP conocida este jueves, la magistratura revocó la amnistía de iure (por derecho) y la libertad condicionada que habían sido concedidas a Martin John McCauley, Niall Terrence Connolly y Séamus O'Muineacháin, por las conductas de falsedad personal y entrenamiento para actividades ilícitas.
Ahora el proceso de los tres irlandeses pasa a la justicia ordinaria. Sin embargo, la defensa interpuso un recurso de apelación.
La audiencia en la que se les comunicó a los irlandeses la decisión se realizó el jueves pasado y en ella el magistrado Juan José Cantillo explicó la importancia que la jurisdicción le da al aporte a la verdad de quienes quieran acceder y permanecer en el Sistema.
Igualmente, enfatizó en que los postulados deben cumplir todos los compromisos con el Sistema Integral para la Paz para mantener los beneficios del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC en 2016.
Los tres irlandeses fueron arrestados en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá en agosto de 2001 con documentos falsos, cuando se preparaban para viajar a París.
Los extranjeros regresaban de visitar la zona desmilitarizada de San Vicente del Caguán, en la selva del suroeste colombiano, para las fallidas negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC.
Tras su detención, estuvieron presos hasta 2004, cuando un juez los dejó en libertad provisional.
No obstante, un tribunal los condenó en segunda instancia a 17 años de prisión cada uno por enseñar a elaborar bombas a insurgentes de las FARC, pero para entonces ya habían salido de Colombia.
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