Juez que llevó a juicio a la cúpula del M-19 por toma del Palacio de Justicia rompe el silencio

Uriel Amaya también ordenó investigar militares por la recuperación del edificio. Habla de las irregularidades que las fuerzas armadas cometieron.

El paso de los años no es un impedimento para recodar detalle a detalle los motivos que lo llevaron a enfrentarse judicialmente a quienes provocaron uno de los hechos luctuosos que marcaron la historia del país.

"Entre quienes se encontraban, entre otros, que eran más de 40, Navarro Wolff, Vera Grabe, Ever Bustamante, entre otras personas que hacían parte de esa cúpula militar. Gustavo Petro, que también era miembro de la cúpula militar a nivel directivo, fueron llamados a juicio todos ellos, por efectos de delitos políticos conexos con delitos comunes, pero también bajo la circunstancia que habían producido delitos atroces que no podían caber en el contexto del delito político por parte de ellos", recuerda el exfuncionario.

En esa época, Uriel Amaya era el juez 30 de instrucción criminal, y no le tembló la mano para anunciarle al país que los militares también tenían responsabilidad en estos hechos: "tanto la institucionalidad del Estado como el grupo irregular en modo alguno en una situación de conflicto armado buscaron proteger, excluir del conflicto a los civiles indefensos. El proceso de toma militar, tanto por parte de la guerrilla como la retoma por parte del Ejército, tuvieron exclusivos propósitos de recuperación y de sometimiento militar del enemigo, sin contar, sin preservar, sin interesarse por la vida de los rehenes indefensos, incluyendo los miembros de las altas cortes, los señores magistrados".

Su histórico fallo lo profirió el 31 de enero de 1989, y parte de sus líneas se fundaron en las actas del consejo de ministros que revelaban los excesos de la fuerza pública de los que se dejaron constancia. Esos documentos, ya revelados por noticias caracol, dice dan cuenta de instrucciones que no fueron acatadas.

Documentos inéditos revelan los secretos para recuperar el Palacio de Justicia tras la toma del M-19 "La investigación detectó que en las actas del consejo de ministros se dieron instrucciones que no fueron acatadas por la Policía Nacional y que la propia Policía Nacional suministró información que no correspondía. Se asumieron decisiones que eran más propias, del Ejército y la Policía, que no contaron con la aprobación del gobierno; en algunos casos, el gobierno simplemente accedió a avalar esas decisiones militares que fueron las que pusieron en riesgo, en el caso del cuarto piso, con el operativo militar de la Policía, pusieron en riesgo y posiblemente generaron la muerte de los magistrados que se encontraban allí, entre otros Alfonso Reyes, a pesar de que hubo, entre otras, advertencias y constancias valerosas, entre otras del exministro Enrique Parejo, que se opuso al operativo militar del cuarto piso, y que dejó constancia de que el Ejército no había acatado las órdenes del gobierno y que el gobierno estaba actuando más por el interés militar, que por la protección de los rehenes que allí se encontraban", revela Amaya.

Esa constancia que dejó el entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo, dice el exjuez, la describieron dos abogados que sobrevivieron al horror de la toma que duró dos días: “Cuando fueron liberados, le narraron en el testimonio al juzgado que salieron con el convencimiento de que en Colombia ya no había un gobierno civil, que los militares habían derrocado al Gobierno Nacional porque no de otra manera ellos podían entender lo que había ocurrido. Un ataque militar que, por encima de las instituciones, que por encima de la Rama Judicial, que por encima de los funcionarios que representaban la justicia en Colombia, que por encima de los civiles, personas indefensas que se encontraban allí, lo más importante era arrasar militarmente y destruir al enemigo a cualquier precio, como efectivamente ocurrió".

"El derecho fue sometido, el Estado de Derecho fue sometido. El operativo militar estuvo por encima del Derecho, por encima de las personas y el gobierno actuó en esa línea", agrega el exfuncionario.

Al presidente Betancur también le reprochó la orden de limpiar el palacio, y que surge de las propias actas del cónclave ministerial: “Se limpió por completo el Palacio de Justicia, se lavó literalmente con agua, con jabón, se recogieron todos los restos, se mezclaron, se llevaron a la basura, todos los restos que se generaron por el propio incendio, al punto que cuando se entró el escenario al cual se enfrentó, era un Palacio, un edificio vacío, pero que no tenía muestras distintas de las manchas en las paredes del incendio que había ocurrido; no tenía señas de destrucción alguna precisamente por esa operación limpieza que se llevó, claramente con un propósito de evitar que se diera una reconstrucción probatoria para determinar cuáles fueron las causas de los crímenes que se cometieron y de los hechos irregulares que allí se cometieron, precisamente por la ausencia pruebas que fueron borradas por el estamento militar y claramente con un avalamiento por parte del gobierno".

Del rosario de irregularidades que rodearon la operación de recuperación, revela, hizo parte un civil a quien dice se le dieron armas y autoridad para entrar al edificio: “un señor Sarria, que participó activamente siendo un civil en el operativo y que después huyó del país por efecto de amenazas que se dieron en contra de su vida, que fue un testigo excepcional de los hechos, que incluso liberó rehenes y que obtuvo reconocimientos escritos por esos actos que se dieron en relación con ciertas personas".

Uriel Alberto Amaya habla de deudas históricas que el país se rehúsa a saldar: "Históricamente esos hechos, por los propios actores, que aún están vivos, no han asumido ninguna responsabilidad histórica, y la memoria del país nos lo recuerda. Hay una especie de alzhéimer histórico que nos impide ver ese pasado con ningún propósito distinto de reclamar responsabilidades y que esos hechos luctuosos del Palacio de Justicia y todos los hechos que han marcado la simbología de la violencia contemporánea de nuestro país no se repitan, y que el país asuma causes distintos desde el punto de vista de la institucionalidad, desde el punto de vista político y, por supuesto, desde el punto de vista del tejido social".

Las actas del consejo de ministro, asegura, lo llevaron a la convicción de que era necesario compulsar copias para determinar responsabilidades políticas al presidente Betancur, pero el Congreso no le dio luz verde al proceso y su intención se frustró.