Lo que comenzó como la desaparición de una joven administradora de un bar terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes de Bogotá. El 7 de enero de 2011, Sandra Viviana Ravelo, de 26 años, desapareció. Ocho días después, su cuerpo fue encontrado en una zona desolada de Ciudad Bolívar.La Fiscalía centró rápidamente la investigación en John Alexander Quintero, novio de la víctima y patrullero de la Policía. Todo apuntaba a una condena de hasta 60 años de prisión, hasta que una nueva revisión de las evidencias forenses cambió el rumbo del caso. El periodista Diego Guauque, de Séptimo Día, reconstruyó la investigación.El peso de la acusación: las pruebas de ADNDesde el inicio del proceso, la Fiscalía construyó su teoría del caso sobre dos pruebas biológicas que parecían irrefutables. En el cuerpo de la víctima se hallaron tres perfiles genéticos, uno de los cuales coincidía con el de su pareja. Además, debajo de las uñas de Sandra se encontró material biológico del uniformado, un hallazgo que los investigadores interpretaron como la prueba de que la víctima lo había arañado mientras intentaba defenderse del ataque.La presión social y mediática fue inmediata. En el ámbito carcelario, Quintero fue apodado con nombres como "Pikachu" o "el descuartizador". Al respecto, el patrullero relató el impacto de pasar de ser un servidor público a un reo señalado por la justicia: "Pasé de en la mañana ser un policía a en la noche ser el bandido más grande de todo Bogotá".Por su parte, la madre de la víctima, Claritza Murillo, expresó en su momento el dolor y el rechazo hacia el Policía: "Demasiada rabia sentía por él y decepción porque yo decía, pero fue algo alguien que yo tuve en mi casa".¿Qué demostró el análisis forense?El caso comenzó a desmoronarse en 2015, cuando el médico forense Aníbal Navarro y un equipo revisaron los folios y la necropsia. Una de las primeras conclusiones que permitió desvirtuar la sevicia fue la causa de las lesiones en el cadáver. Contrario a lo que se informó inicialmente sobre un desmembramiento y quemaduras intencionales, la ciencia determinó que el daño fue causado por agentes externos del entorno rural.El doctor Navarro explicó que los hallazgos en el cuerpo no correspondían a una acción criminal tras la muerte: "No está desmembrado. Son animales que han intervenido y han fragmentado el cuerpo. Y en este caso lo más probable son perros”.Asimismo, se descubrió que las supuestas quemaduras eran en realidad procesos naturales de descomposición mal interpretados debido a que la fotografía forense fue realizada por personal no experto. Según la investigación, quien tomó las imágenes era en realidad una auxiliar de enfermería sin la formación técnica necesaria.La prueba del ADN bajo las uñas, que la Fiscalía presentó como señal de una lucha desesperada, fue analizada bajo una nueva óptica por la genetista Luz Adriana Pérez Sepúlveda. Al observar detalladamente el estado de las manos de la víctima, la experta notó que la evidencia física no respaldaba la teoría del forcejeo: "Las uñas no están rotas. No hay ningún tipo de daño en las manos que sugiera esa lucha".La defensa argumentó que el material genético hallado era mínimo y compatible con la convivencia normal de una pareja, un fenómeno conocido en la ciencia forense como transferencia por contacto cotidiano.El propio Quintero explicó este punto en su defensa: "No era que hubiera arrancado piel... es ADN normal, como cuando tú te sientas en el computador de tu compañero y ya hay ADN tuyo". Esta interpretación cambió el sentido de la evidencia: la presencia de material genético de Quintero no demostraba su participación en el crimen, ya que los análisis concluyeron que dicho rastro provenía de una relación consentida anterior a la desaparición de Sandra.Testimonios que rectificaron la inocencia del policíaOtro factor determinante para la libertad del policía fue la desarticulación del móvil del crimen. La Fiscalía sostenía que Quintero era un hombre posesivo y extremadamente celoso, una percepción que la familia de la víctima compartía. No obstante, los testimonios de amigos cercanos y clientes habituales del bar que Sandra administraba en el barrio Bosa Piamonte desmintieron esa conducta violenta.Adicionalmente, se logró identificar a los hombres con los que Sandra fue vista por última vez. Testigos confirmaron que la joven abandonó el establecimiento comercial en un taxi acompañada por dos sujetos. Uno de ellos era Néstor Yesit Sánchez, quien posteriormente aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la justicia tras confirmarse que su ADN también estaba presente en la escena. Sánchez fue condenado, mientras que la identidad del tercer implicado nunca pudo ser establecida por las autoridades.La sentencia absolutoria y las secuelas del procesoTras pasar casi seis años privado de la libertad, entre cárceles como La Picota y detención domiciliaria, un magistrado dictó el fallo que declaró la inocencia de John Alexander Quintero. “Yo siempre tenía una Biblia. Ese día cuando el juez dijo esas palabras, yo me arrodillé y le di gracias a Dios”, aseguró Luz Nidia Giraldo, madre del patrullero. “Esa fue esa primer Navidad otra vez en casa. Fue ver otra vez a mi familia reunida, volver a estar con todos, ver que tenía el apoyo de mi familia”, recordó John Alexander Quintero, conmovido.A pesar de la decisión judicial, el estigma social persiste para Quintero, quien ha manifestado dificultades para reinsertarse en la vida laboral debido a sus antecedentes judiciales, llegando a ser rechazado en decenas de empresas. Por otro lado, la familia de Sandra Viviana Ravelo mantiene su postura de desconfianza frente al veredicto. Claritza Murillo reafirmó su convicción tras conocerse la libertad del expolicía: "No, que diga la verdad, que diga el por qué. ¿Para qué lo hizo con esas personas? Porque él sabe que él fue".El caso de Sandra Viviana Ravelo terminó convirtiéndose en mucho más que una investigación por feminicidio. También abrió un debate sobre el alcance de la evidencia forense, la interpretación de las pruebas científicas y las consecuencias que puede tener una investigación cuando los hallazgos son cuestionados años después. Mientras la familia de la víctima sigue reclamando justicia, John Alexander Quintero intenta reconstruir una vida marcada por un estigma que, asegura, aún no desaparece.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
El 7 de enero de 2011, la vida de Sandra Viviana Ravelo, una joven de 26 años y administradora de un bar en Bogotá, se apagó en circunstancias que estremecieron al país. Lo que inició como una búsqueda desesperada por parte de su hermano y su novio, ambos miembros de la Policía Nacional, terminó en un hallazgo macabro en una zona rural de Ciudad Bolívar. Sin embargo, el verdadero giro dramático ocurrió cuando la Fiscalía General de la Nación señaló al patrullero John Alexander Quintero, pareja de la víctima, como el principal responsable del crimen. Diego Guauque, periodista de Séptimo Día investigó el caso.El peso de una acusación de 60 añosLa Fiscalía no escatimó en calificativos ni en la severidad de la pena solicitada. Basándose en pruebas genéticas y testimonios familiares, el ente acusador pidió la máxima sanción permitida por el ordenamiento penal colombiano. Según los registros de las audiencias, se solicitó que la pena fuera de 500 meses de prisión, lo que equivale a más de 41 años, aunque en diversos escenarios se habló de una proyección de hasta 60 años debido a la gravedad de los delitos imputados: homicidio, violación y tortura.Para la familia de Sandra, la noticia fue un golpe devastador. Su madre, Claritza Murillo, recordó el momento en que la sospecha recayó sobre el hombre que frecuentaba su casa: "Demasiada rabia sentía por él y decepción porque yo decía, pero fue algo que alguien que yo tuve en mi casa". La presión mediática y la sevicia reportada en el levantamiento del cadáver, que incluía relatos de desmembramiento y quemaduras, convirtieron a Quintero en el enemigo público número uno, apodado en prisión con alias como "Pikachu" o "el descuartizador".Las pruebas "reinas" de la FiscalíaEl caso contra el patrullero se cimentó sobre dos hallazgos biológicos que parecían irrefutables. El primero fue la presencia de su material genético en el cuerpo de Sandra. El segundo, y quizás más condenatorio para los jueces iniciales, fue el hallazgo de restos biológicos bajo las uñas de la víctima, lo que se interpretó como una señal de defensa.Al respecto, la madre de la víctima señaló en su momento: "En las uñas de mi hija habían encontrado a la piel de él, de John Alexander". Esta narrativa sugería que Sandra había forcejeado con su agresor antes de morir. Quintero, por su parte, se vio atrapado en una pesadilla jurídica: "Pasé de en la mañana ser un policía a en la noche ser un el bandido más grande de todo Bogotá".La ciencia forense que desmontó la teoría del "monstruo"El enigma comenzó a resolverse cuando el médico forense Aníbal Navarro y su equipo interdisciplinario revisaron los folios del caso en 2015. El primer hallazgo fue que el cuerpo de Sandra nunca fue desmembrado por manos humanas ni quemado con intención criminal. Navarro explicó que los daños en el cadáver fueron causados por el entorno: "No está son animales que han intervenido y han fragmentado el cuerpo... en este caso, por el contexto... lo más probable son perros".Además, se descubrió que las supuestas quemaduras eran, en realidad, procesos naturales de descomposición mal interpretados por personal técnico sin la formación adecuada en fotografía forense. Sobre la prueba del ADN bajo las uñas, la genetista Luz Adriana Pérez Sepúlveda aportó una visión distinta a la de la Fiscalía. Al analizar la evidencia, notó que no había señales de lucha física: "Las uñas no están rotas. No hay ningún tipo de daño en las manos que sugiera esa lucha". Según la experta, el ADN encontrado era mínimo y compatible con el contacto cotidiano de una pareja. Quintero mismo explicó este punto: "No era que hubiera arrancado piel... es ADN normal, como cuando tú te sientas en el computador de tu compañero y ya hay ADN tuyo".El camino hacia la libertad y el estigma persistenteLa defensa también logró desvirtuar el móvil del crimen. Mientras la Fiscalía lo pintaba como un hombre posesivo y celoso, los testimonios de amigos y clientes del bar de Sandra indicaron lo contrario. Finalmente, se comprobó que el ADN de Quintero en el cuerpo de la joven correspondía a una relación consentida previa a su desaparición, mientras que los otros rastros hallados sí pertenecían a una agresión violenta en una zona remota donde el patrullero no tuvo presencia.Tras casi seis años de detención, un magistrado dictó el fallo que cambió su destino. Quintero recordó el impacto de ese momento: "Yo siempre yo tenía una Biblia ese día cuando el juez dijo esas palabras, yo me arrodillé y le di gracias a Dios". A pesar de ser declarado inocente, el estigma social le ha impedido retomar una vida normal y conseguir un empleo estable.Por su parte, la familia de Sandra sigue sin encontrar paz, manteniendo su convicción sobre la culpabilidad del expolicía. Claritza Murillo fue enfática al ser consultada tras el veredicto: "No, que diga la verdad, que diga el por qué. ¿Para qué lo hizo con esas personas? Porque él sabe que él fue".
En el departamento del Meta, una población de aproximadamente 180 cocodrilos del Orinoco, conocidos como caimanes llaneros, atraviesa una emergencia de supervivencia sin precedentes en la historia de la conservación. Estos animales, que son los depredadores más grandes de América, llevan nueve meses sin recibir alimento debido a que las instituciones responsables no han definido quién debe asumir los costos de su manutención. El conflicto involucra a la Universidad Nacional, el Ministerio de Ambiente y corporaciones ambientales como Cormacarena.Lo que está pasando con los cocodrilos en el MetaAunque los cocodrilos tienen un metabolismo que les permite pasar varios meses sin comer, el tiempo transcurrido en el Meta ha superado cualquier límite natural. El profesor Carlos Moreno, quien lleva 23 años dedicado al programa de conservación de esta especie, advirtió sobre la gravedad del asunto en Los Informantes: "Someter una población de 180 cocodrilos, todos simultáneamente a inanición hará que finalmente hagan canibalismo".La falta de alimento prolongada está destruyendo el organismo de los reptiles. Al no recibir nutrientes externos, los animales comienzan a consumir sus propias reservas de grasa y, posteriormente, sus tejidos musculares. Este proceso genera sustancias tóxicas que dañan los órganos internos. Moreno explica que el desecho metabólico, como el ácido úrico, afecta gravemente el funcionamiento del cuerpo: "esas sustancias que se llaman metabolitos, que son los desechos de las rutas biológicas que son tóxicas. Así que esos desechos como ácido úrico, por ejemplo, afectan el riñón. Técnicamente se llaman nefrotóxicas, pero también afectan el hígado". Según el investigador, el daño en muchos ejemplares podría ser ya irreversible.Una "reserva de vida" en peligroPara entender la magnitud de la tragedia, es necesario comprender que estos animales no son ejemplares comunes, sino que forman lo que los científicos llaman un "banco genético". En términos sencillos, se trata de una selección de los mejores individuos de la especie, elegidos mediante estudios de ADN para asegurar que el caimán llanero no se extinga.En el año 2020, una investigación liderada por la bióloga Ana María Saldarriaga identificó a 140 cocodrilos que eran "prioritarios" debido a su alta diversidad genética. Esto significa que su descendencia será más fuerte y saludable para repoblar los ríos. Estos animales fueron trasladados al Parque Agroecológico Merecure para que vivieran en condiciones de semicautiverio, donde aprendieron a cazar peces vivos y ganaron masa muscular antes de su liberación definitiva. Sin embargo, ese proyecto de vida hoy es una trampa mortal. Saldarriaga, reconocida como una de las conservacionistas más brillantes del mundo, lamenta la situación. "No puede ser que un animal que lleva 6 millones de años en la Tierra... y ahorita su mayor riesgo es el programa de conservación. Eso solo pasa en Colombia", señalan los expertos.El origen del enredo administrativo de los cocodrilosEl problema actual se deriva del vencimiento de acuerdos legales. En agosto de 2025, el convenio con el parque Merecure llegó a su fin, y en septiembre la comida dejó de llegar a los estanques porque no hubo un plan de transición. Actualmente, existe un vacío de responsabilidad: la Universidad Nacional afirma que no puede invertir dinero público en un predio privado sin un convenio vigente, mientras que el Ministerio de Ambiente señala que la custodia de los animales sigue siendo responsabilidad de la universidad.Además, el marco legal que rige la protección de esta especie parece estar desactualizado. Andrés Felipe Aponte, director de la estación de biología tropical Roberto Franco, explica que no hay una guía clara de acciones: "El programa vigente como tal con un documento normativo formal no existe actualmente. Ese programa se creó entre el 2002 y 2012. Posterior al 2012 pues no se generó como una evaluación formal". Esta incertidumbre normativa permite que cada institución evada sus obligaciones mientras los animales agonizan.Hacinamiento de los cocodrilos en VillavicencioMientras los ejemplares de Merecure mueren de hambre, los que se encuentran en la sede urbana de la Universidad Nacional en Villavicencio sufren por la falta de espacio. Los estanques, diseñados para albergar a 10 cocodrilos, hoy contienen hasta 30 de ellos. El reporte de la propia universidad es alarmante: el hacinamiento ha provocado peleas territoriales que han dejado ejemplares mutilados y al menos 18 individuos completamente ciegos.El cocodrilo del Orinoco es una especie que puede medir hasta 7 metros y pesar media tonelada. Solo habita en Colombia y Venezuela y se encuentra en la "lista roja" de peligro crítico de extinción, el mismo nivel de riesgo que enfrenta el gorila de montaña. A pesar de ser un tesoro nacional que mejora la pesca en los ríos donde es liberado, su futuro depende hoy de que una oficina estatal firme el presupuesto para su comida.
El 8 de mayo de 2025, David Esteban Nocua, un adolescente de 14 años con sueños de emprender en el diseño de camisetas, salió de su casa en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, para encontrase con su exnovia. Según el relato de su padre, Diego Armando Nocua, el joven recibió un mensaje de la joven, de 15 años, para verse esa tarde. "Yo lo vi tan feliz que me dijo: 'Papá ya vengo'. Y se iba a encontrar con ella", recordó en Séptimo Día sobre los últimos momentos con vida de su hijo.La cita, sin embargo, era el inicio de una dolorosa odisea. Cámaras de seguridad del sector captaron a David caminando junto a la adolescente y otro compañero de clase hacia una zona apartada a orillas del río Tunjuelo. El engaño consistió en invitarlo a conocer una supuesta casa abandonada. Al llegar al punto desolado, la joven le pidió que cerrara los ojos para entregarle una sorpresaDiego Nocua relató el momento exacto de la agresión según las pruebas judiciales: "Ella le dice al muchacho con que iban: 'Tápele los ojos que le voy a dar un regalo'. El regalo era tremenda apuñalada en el abdomen".Los hallazgos clave en el casoLa investigación penal permitió descubrir que el ataque no fue un hecho fortuito, sino una represalia por un suceso ocurrido antes. En aquel entonces, David Esteban intervino en una situación crítica en su colegio para proteger la integridad de la misma joven que terminaría siendo su victimaria. Su madre, Juliana Monroy, explicó el trasfondo de esta relación: "Él impide que ella se tire del segundo piso del colegio; él la detiene para que no lo haga".A raíz de este intento, las directivas escolares y las autoridades de infancia tomaron medidas de protección para la menor. Yanire Arcos, profesora de los adolescentes, señaló que "la idea es tratar de no revictimizar a los muchachos; entonces el manejo que se le dan es enviarlo al Instituto de Bienestar Familiar". Sin embargo, lo que para las autoridades era una medida de restablecimiento de derechos, para la joven fue un agravio personal del cual culpó directamente a David.Tras permanecer un mes bajo custodia en un hogar de paso del ICBF, la adolescente logró evadirse del sistema. Su único objetivo al recuperar la libertad de forma irregular era buscar al joven. "Ella se llenó de rabia; su único plan después de salir de allí era que Esteban pagara el encierro que ella tuvo", dijo la madre de la víctima.Captura y fallas en el sistema de custodiaEl cuerpo de David fue hallado dos días después de su desaparición con múltiples heridas en el rostro, extremidades y abdomen. Tras el hallazgo, "ella se pone muy nerviosa y dice: 'Sí eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó'", narró Diego Nocua.Aunque la Fiscalía logró la aprehensión de la joven y su cómplice, el proceso judicial dejó un sentimiento de insatisfacción en los familiares. Ambos menores aceptaron su responsabilidad en el delito de homicidio agravado; ella recibió una sanción de siete años, mientras que al otro implicado se le redujo la pena a cinco años. La indignación creció cuando, en enero de 2026, solo nueve meses después del crimen, la joven volvió a burlar la seguridad del Estado.La joven se escapó del centro de atención especializada del ICBF donde estaba cumpliendo su sanción, denunciaron los padres, quienes alertaron que la menor fue vista nuevamente en su barrio antes de ser aprehender por segunda vez. Este caso, junto al asesinato de la cuidadora Karely Merlano en Barrancabermeja, ha intensificado el debate sobre la necesidad de reformar el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Colombia.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
Murió el general (r) Víctor Delgado, director de la Policía Nacional cuando ocurrió la toma y retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.El oficial retirado tenía 96 años y la institución expresó su pésame por su fallecimiento este sábado 15 de noviembre, 40 años después de un hecho que marcó la historia de Colombia.Según la Policía Nacional, el legado de Víctor Delgado “marcó un hito en la evolución y modernización de nuestra institución. Su liderazgo visionario impulsó la creación del Servicio Aéreo Policial y promovió avances fundamentales que fortalecieron a esta institución centenaria y al servicio que prestamos a los colombianos”.Lo que dijo el general (r) Víctor Delgado sobre la toma y retoma del Palacio de JusticiaEl oficial retirado comandó el operativo con el que se tomó el cuarto piso del palacio, donde fueron hallados los cuerpos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.Según él, en una entrevista que rindió ante el Consejo Superior de la Judicatura en el año 2000, “el señor Presidente de la República (Belisario Betancur) dijo de manera clara y empática que él asumía la responsabilidad del operativo realizado en el Palacio de Justicia”. Subrayó que “quienes llegaron con propósitos criminales para asesinar fueron los guerrilleros (del M-19) que se tomaron el palacio”.Sobre el operativo adelantado, dijo que “en ningún momento me enteré de la orden de suspensión de las operaciones militares en el Palacio de Justicia y tampoco tuve información de que esa orden hubiera sido dada por el Presidente de la República o por otros manos”.El entonces juez Uriel Alberto Amaya pidió investigar al hoy fallecido general (r) Víctor Delgado. Dijo que hace 40 años “hubo un desmedido uso de la fuerza, hubo desapariciones de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, alguna de ellas reconocidas, incluyendo magistrados de las altas cortes, a través de los videos que fueron transportados a la Casa del Florero y después desaparecieron; dos guerrilleras que también salieron con vida. Una de ellas logró escapar y terminó en México, la otra desapareció; personal de la cafetería que seguramente fue tomado como si fueran auxiliares de la guerrilla y que también desaparecieron, más el propio proceso militar de la retoma, que con base en las pruebas técnicas que en ese momento se adelantaron dictámenes periciales de peritos forenses, expertos en balística, etcétera, se determinó que varias de estas muertes al interior del palacio, incluso de los propios rehenes, se debió al propio fuego de la institucionalidad pública a través de las Fuerzas Militares”.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOLsmsorian@caracoltv.com.co
El coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería en la operación para recuperar el Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985. Desde Estados Unidos, en donde vive, reconoció que la inteligencia militar hizo cosas indebidas.Según su declaración, “en el tema del Palacio de Justicia la actuación del Ejército es un caracol blanco con una pequeña manchita, que son los errores cometidos por la inteligencia militar. Creo que los miembros de la inteligencia militar hicieron cosas indebidas, me parece que lo que se está diciendo y lo que hay en las sanciones que hay contra algunos miembros de la inteligencia militar establece que ellos no obraron como debieron obrar”.Y sostuvo que “el primero de los errores cometidos por la inteligencia militar y nacional es no haber descubierto a tiempo el asalto que venía en camino”.Según él, la toma fue planeada por “Pablo Escobar con los miembros del M-19. (…) Decidieron acabar el Palacio de Justicia porque sencillamente querían acabar con la extradición” y “el día 6 de noviembre se iba a decidir la exequibilidad del tratado de extradición firmado por Colombia y los EE. UU.”. (Lea también: Habla el juez que llamó a juicio a la cúpula del M-19 por la toma del Palacio de Justicia)“Los bandidos en los planes para el asalto al Palacio de Justicia les pusieron el nombre de Rehenes Fundamentales a esos cuatro magistrados de la Sala Constitucional”, añadió, recalcando que “el señor Pablo Escobar le ofreció al M-19, dos millones de dólares para apoyar económicamente el asalto al Palacio de Justicia” y prometió dar un millón más si quemaban los expedientes del narcotráfico.Apoyo de Estados Unidos en operativo para recuperar el Palacio de JusticiaPlazas Vega detalló que “contamos con el apoyo militar de los EE. UU. de América, nos apoyó con explosivos, los envío desde Fort Clayton, donde estaba el Comando Sur, en un avión militar nos mandó los explosivos”.“Cuando ya estaba en la Plaza de Bolívar le comuniqué a mi general Arias que el dispositivo estaba tomado y él dijo que esperara un momento, esperamos unos minutos, parece que fueron 20 minutos, a mí me parecieron tres horas y dijo ‘la orden del Gobierno nacional es intervenir el Palacio de Justicia, así que procedan’. Ingresamos con los vehículos al Palacio de Justicia, permitimos que las tropas de a pie pudieran ingresar e inició una batalla que duró 28 horas, en la cual, como estaba dada la orden del Gobierno nacional dada al comandante del Ejército, la tarea era recuperar el Palacio de Justicia”, describió.Plazas Vega aseguró que rescataron “por lo menos 260 personas con vida de las manos de los terroristas y se mantuvo el Estado de derecho” y resaltó que “nosotros no teníamos capacidad de negociación, los militares no tienen por qué. (…) En ese consejo de ministros se pidió la intervención, no se pidió nunca negociar”. (Lea también: Holocausto Palacio de Justicia: documento exclusivo narra el fallido intento de diálogo con el M-19)NOTICIAS CARACOL
Hace 40 años, hacia el medio día, terminaba la polémica retoma del Ejército al Palacio de Justicia, luego del asalto a sangre y fuego de un comando del M-19. Este viernes, los magistrados de las Altas Cortes, otros representantes de la justicia, así como las víctimas y sus allegados, encabezaron la conmemoración de este oscuro capitulo de nuestra historia, que sigue generando controversias y preguntas sin resolver.Durante los actos de homenaje a quienes murieron y de quienes su paradero aun se desconoce, se escucharon voces pidiendo la verdad, justicia y reparación. Además, en la Catedral Primada de Colombia, los arzobispos también invitaron a la reflexión tras los hechos ocurridos hace cuatro décadas. Los mensajes durante conmemoración del holocausto del Palacio de JusticiaCardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá: “De la curiosidad, rápidamente podemos pasar a la indiferencia y al olvido, mientras que de la compasión, podemos avanzar desde la memoria responsable a la cercanía, al diálogo, al encuentro. (...) La mirada de Jesús, compasiva, llega también a la conciencia del victimario, porque Jesús sabe mirar el corazón de todos”. Gabriel Andrade, quien es hijo de un magistrado auxiliar del Palacio de Justicia asesinado, sufrió una realidad de algunas de las víctimas: que le estragaran a su familia los restos de un cuerpo que no correspondían a su ser querido. En el homenaje este viernes, aseguró: "Su desaparición no fue un accidente, sino el desenlace silenciado que siguió la irrupción violenta y el subsecuente manejo inadecuado, cuando menos, de la crisis. El acto miserable y cobarde de la guerrilla del M-19 fue la condición sine qua non para que la vida del magistrado auxiliar y toda las vidas que se perdieron y desaparecieron allí se esfumaran en el vacío de la impunidad".Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro: “Es un acto de reconocimiento al martirio mismo, al sufrimiento, al dolor, por todo lo que tuvieron que sufrir en nombre de la justicia, de la patria, la democracia, y de todas y todos nosotros. Ellos se sacrificaron para que nosotros estemos hoy aquí. Para que podamos dialogar".Jorge Enrique Ibañez, Presidente de la Corte Constitucional: “El pacto del silencio en unos casos, y el silencio resultante de las leyes que autorizaron a otros indultos, o regularon las cesaciones de procedimiento, han impedido conocer toda la verdad de lo que aquí terminó aconteciendo. Ha privado a la sociedad colombiana de conocer la verdad judicial".Mauricio Fernando Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial: “No podemos hablar de verdadera justicia sin reparación, sin reconocer a los seres humanos detrás de las injusticias, y detrás de las tragedias, y ello aplica para todos los campos del derecho".Jorge Enrique Vallejo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura: “Aquella horrible noche no ha cesado. Y su penumbra apenas rota por el fuego que incineraba vidas, procesos, y civilidad, aún campean nuestra patria mientras esperamos los primeros rayos de un nuevo día cuando la verdad florezca".Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado: “Es inaceptable que se exalte el heroísmo de este hecho doloroso porque eso ofende a las víctimas y humilla la memoria de nuestros muertos".LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Cuarenta años después del holocausto del Palacio de Justicia ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, Noticias Caracol obtuvo en exclusiva un documento del entonces senador Luis Carlos Galán Sarmiento, quien para ese entonces ya aspiraba a la Presidencia de la República. En la misiva, narra lo que pasó en el Palacio, el intento fallido de negociación con el M-19 por parte de las autoridades y sus conversaciones con el entonces presidente Belisario Betancur.Galán entregó el escrito al Tribunal Especial de Instrucción Criminal en mayo de 1986. En este documento de ocho páginas, que se creyó perdido entre anaqueles e indultos, el senador del Nuevo Liberalismo detalla los esfuerzos del gobierno para establecer una negociación, según el relato que le hizo el ministro de Justicia, Enrique Parejo, en la madrugada del 7 de noviembre. Fue el general Víctor Delgado Mallarino, director de la Policía, quien ofreció que se le propusiera al comando guerrillero terminar el asalto a cambio de garantizarles la vida y un juicio imparcial adelantado por jueces civiles. El gobierno, en pleno, aceptó la propuesta, y se designó a Parejo para concretar el diálogo con Andrés Almarales, jefe del M-19 a quien conocía. Sin embargo, en el instante decisivo, el diálogo se acabó. Parejo le contó a Galán que "el general Delgado Mallarino había ingresado al lugar donde se hallaba el ministro para decir que la Policía ya se había tomado el cuarto piso y no había encontrado nada".El ministro Parejo protestó, señalando que la acción de la fuerza pública al ingresar al cuarto piso había impedido el diálogo con Almarales. Ante la protesta de Parejo, el presidente Betancur se acercó para pedirle que se calmara, argumentando "que había demasiada atención y era mejor no agravar la situación".Según el relato consignado por Galán, a partir de ese momento, la posibilidad de un diálogo humanitario desapareció, y el desenlace fatal se precipitó. Al final del 7 de noviembre, Galán conoció el "terrible balance de la tragedia", en la que murieron al menos 100 personas y actualmente ocho siguen desaparecidas. La conversación entre Luis Carlos Galán y Belisario BetancurGalán se encontraba en la Comisión Tercera del Senado cuando se enteró de la toma, hacia las 11:40 de la mañana del 6 de noviembre. Observó de cerca la confusión militar que rodeaba la Plaza de Bolívar. "Allí vi algo más de 80 soldados del batallón Guardia Presidencial que después de rendir honores a un embajador rompían filas y tomaban posiciones acostados a lo largo de los prados y las esquinas de los patios que separan el Palacio del Capitolio", indicó. Aunque Galán intentó comunicarse con el presidente Betancur en varias ocasiones para ofrecer su apoyo y solidaridad, su llamada solo fue atendida a las 4:15 de la tarde. El mandatario de ese entonces le informó que había consultado con los expresidentes Pastrana Borrero y Turbay Ayala, junto con otros líderes políticos, y que todos coincidían en que el gobierno no podía negociar con el M-19.El Presidente le explicó a Galán que la fuerza pública ya controlaba la mayor parte del Palacio y que los guerrilleros y los principales rehenes estaban reducidos a una zona específica. En ese momento todo dependía de la decisión de tumbar o no la puerta, pues una vez esto sucediera las autoridades lograrían someterlos. Dada esta explicación, Betancur, según narró la declaración, procedió a preguntarle su opinión al entonces senador Galán, a lo que este respondió: "Le contesté que era muy difícil opinar con los elementos de juicio a mi alcance y le pregunté entonces cuál era el criterio del presidente de la Corte Suprema (Alfonso Reyes Echandía)", quien murió en el holocausto. Galán añadió que escuchó por radio "el llamamiento al cese del fuego" por parte del magistrado. Betancur "guardó silencio". Galán, insistiendo en la importancia de la voz del magistrado, narró en su declaración que le dijo al mandatario que, si bien el presidente de la Corte "no era en ese momento un hombre libre, su punto de vista debería ser considerado porque en todo caso el doctor Reyes Echandía tenía una apreciación de las circunstancias que debía tenerse en cuenta". NOTICIAS CARACOL DIGITAL
Uriel Alberto Amaya es el juez que hace 36 años llamó por primera vez a juicio a la cúpula del M-19 por la toma del Palacio de Justicia. Su histórico fallo, proferido el 31 de enero de 1989, señaló múltiples irregularidades y de delitos atroces que no se podían calificar como delitos políticos.Amaya, que en ese momento era el juez 30 de instrucción criminal, explicó que para la época se delegaron a unos ocho juzgados, “que hacían una labor similar a la que hace la Fiscalía en el sistema acusatorio”, y recogieron las pruebas del holocausto del 6 y 7 de noviembre de 1985, en el que no solo se analizó el actuar de los guerrilleros que se tomaron el Palacio de Justicia, sino también el de los militares que recuperaron el edificio. (Lea también: Un recorrido por el Palacio de Justicia en medio del holocausto: reconstrucción virtual)Presuntas irregularidades cometidas por Ejército en retoma del Palacio de Justicia“Lo que se detectó desde el punto de vista del análisis judicial fue que lo único que interesaba allí era el proceso militar de recuperación del Palacio de Justicia y de sometimiento a la guerrilla que había tomado el palacio y a los rehenes. En esa medida hubo un desmedido uso de la fuerza, hubo desapariciones de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, alguna de ellas reconocidas, incluyendo magistrados de las altas cortes, a través de los videos que fueron transportados a la Casa del Florero y después desaparecieron; dos guerrilleras que también salieron con vida. Una de ellas logró escapar y terminó en México, la otra desapareció; personal de la cafetería que seguramente fue tomado como si fueran auxiliares de la guerrilla y que también desaparecieron, más el propio proceso militar de la retoma, que con base en las pruebas técnicas que en ese momento se adelantaron dictámenes periciales de peritos forenses, expertos en balística, etcétera, se determinó que varias de estas muertes al interior del palacio, incluso de los propios rehenes, se debió al propio fuego de la institucionalidad pública a través de las Fuerzas Militares”, dijo el exjuez Amaya.Los delitos que cometieron los guerrilleros del M-19El exfuncionario habló de los “graves delitos que cometieron asociados al supuesto actuar político por parte del M-19, incluida la toma de los rehenes y la puesta de ellos como mecanismos de protección, varios de ellos fallecieron en manos de la propia guerrilla de las escuadras que se distribuyeron en los distintos pisos, lo cual, por supuesto, generó un riesgo que finalmente tuvo la consecuencia de la muerte de muchos de ellos”.Sobre cómo procedieron los criminales, el exjuez dijo que se basaron en los “expertos técnicos de todo tipo y por la propia reconstrucción de los testigos que lograron sobrevivir a dicha tragedia”, con lo que “fue posible determinar cómo se adelantó el operativo táctico por parte de la guerrilla en los diferentes escenarios y pisos del palacio, y allí se detectó que varios de ellos, además de las muertes que causaron cuando ingresaron al propio establecimiento, incluido de policías que estaban prestando servicio de vigilancia, celadores, personas ajenas que estaban simplemente de visita, fueron asesinados por ellos para efectos de inmediatamente acceder a esa al edificio”.“En varios de los casos se determinó que, estando los rehenes protegidos, entre comillas, por la guerrilla, fueron expuestos para efectos de protegerse ellos mismos y esa exposición al combate generó sus muertes y algunos sobrevivieron milagrosamente”, añadió, precisando que hubo “una clara violación del derecho internacional humanitario, del derecho a la guerra, que era un régimen normativo vinculante para el actuar de la fuerza pública y por supuesto en un escenario político, entre comillas, por la propia guerrilla que estaba actuando a nombre de esos supuestos ideales en esa en esa toma del palacio”. (Lea también: La historia de Orlando Arrechea, quien sobrevivió dos veces al holocausto del Palacio de Justicia)Aclaró que “como jueces lo que hicimos fue determinar responsabilidades penales en cabeza, tanto de las autoridades públicas que actuaron allí en condición de militares como de la guerrilla”, por lo que llamó “a juicio, tanto a los autores materiales de la guerrilla, ellos fallecieron, como los autores intelectuales de la organización guerrillera, que eran todos aquellos actores que promovieron, facilitaron, idearon el plan de la toma”.Pero que fue el “gobierno de turno, con el fin de facilitar un supuesto proceso político de paz con la guerrilla del M-19, (el que) promovió mecanismos que generaron la amnistía y el indulto de esta cúpula, de estos actores guerrilleros por los delitos que se cometieron en el pasado para efectos de facilitar ese proceso de paz. Es decir, que el tema de la amnistía y el indulto fue una decisión política totalmente ajena a las decisiones que tomamos como jueces, en las cuales establecimos, probamos, demostramos la existencia de graves delitos”.Lamentó que “los rehenes, las víctimas civiles, la alta cúpula de la rama judicial del poder público, los jueces y todas las distintas personas que quedaron en ese fuego cruzado no tuvieron ningún valor desde el punto de vista de su condición humana frente al actuar de la guerrilla absolutamente criminal y la reacción que tuvo el ejército”. (Lea también: Toma y retoma del Palacio de Justicia: la petición de los seres queridos de los desaparecidos)“No ha sido compensado históricamente, tanto porque las responsabilidades que se determinaron allí al final del día no tuvieron ningún efecto, como por el nulo esclarecimiento de muchas de esas desapariciones que se dieron allí, que hasta la fecha los familiares interesados no tienen respuesta alguna”, agregó.NOTICIAS CARACOL
Cuarenta años han transcurrido desde que el Palacio de Justicia fue tomado a sangre y fuego, bombardeado, incendiado y arrasado durante 28 horas, en lo que se ha denominado el holocausto de esa sede del poder judicial. Después de 14.600 días y el paso de ocho presidentes, la impunidad sigue siendo una llaga lacerante que ha impedido la cicatrización en Colombia. La toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, dejó un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y 11 desaparecidos.La Comisión de la Verdad fue concluyente en su diagnóstico de este capítulo de la historia colombiana, afirmando que todos fueron responsables. El caso evidenció un abismo de orillas en disputa donde la política se impuso sobre la justicia. Entre las responsabilidades señaladas se encuentran la del M-19 por convertir a civiles en rehenes en una "irracional toma armada". Para algunos, lo que hizo la guerrilla fue el antecedente que permitió la acción posterior del Ejército. También responsabilidad del presidente de entonces, Belisario Betancur, por caer en el silencio frente al tema: su Gobierno por nunca saber explicar tantas indecisiones.Responsabilidad también de las fuerzas armadas por un exceso de fuerza que sigue causando estupor. Para algunas víctimas, la tragedia se tomó como una venganza del Ejército y los agentes del Estado contra el M-19 por burlas anteriores, como el robo de armas del cantón o la espada de Bolívar. Dicen que las ganas de acabar con el grupo subversivo y la necesidad de un triunfo llevaron a que se "pasara por encima de todo el mundo".También están la política y sus partidos de ese entonces, que no permitieron un debate razonado de responsabilidades, y el periodismo, que en el momento crucial de la batalla optó por callar.A pesar de que las autoridades sabían de los planes del M-19 desde el 18 de octubre de 1985 —19 días antes de la toma guerrillera— y así lo reportaron varios periódicos, el Palacio de Justicia estaba desprotegido el 6 de noviembre, sin un solo miembro de la fuerza pública resguardando a los jueces. El Estado fue condenado internacionalmente años después por la barbarie de las torturas y desapariciones.La impunidad se ha ido tragando el holocausto a destiempos. Sin embargo, la memoria se mantiene viva a través de la resistencia de los familiares de las víctimas.Alejandra Rodríguez Cabrera, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería del Palacio, ha dedicado cuatro décadas a la búsqueda de la verdad de su padre, quien fue víctima de desaparición forzada a los 29 años.Alejandra tenía 35 días de nacida cuando ocurrieron los hechos. Ella ha logrado determinar, con base en testimonios de dos militares, que su padre fue llevado a las caballerizas del cantón norte, fue torturado y murió durante dichas torturas. No obstante, a la fecha, no se tienen los restos óseos de él para alcanzar esta certeza. Carlos Augusto, nacido en Bogotá el 26 de julio de 1956, era el menor de tres hermanos y había asumido la administración de la cafetería tan solo cuatro meses antes del holocausto.De igual manera, María del Pilar Navarre Urrea rememora la ausencia de su esposo, Héctor Jaime Beltrán Fuentes ("Jimmy", como le decía de carió), quien trabajaba en la cafetería y fue desaparecido. Aunque sus restos mortales fueron hallados por las autoridades hace 8 años, Pilar insiste en que Colombia no debe olvidar lo ocurrido.Los familiares han mantenido esta fe y resistencia, no para fomentar el odio ni los rencores, sino para recordarle al país que esta tragedia no se puede repetir. Las víctimas del Palacio no renuncian a la verdad y a la justicia, a pesar de que son conscientes de que cada año que pasa se sepultan un poco más las esperanzas de alcanzarlas plenamente.NOTICIAS CARACOL
Este jueves, hace exactamente cuarenta años, Colombia vivió uno de los episodios más traumáticos de su historia: la toma y retoma del Palacio de Justicia en pleno corazón de la democracia, la Plaza de Bolívar en Bogotá. Basados en decenas de videos y fotos, el departamento de graficación de Noticias Caracol levantó un set virtual que reconstruye lo que era el interior del palacio de justicia el día del holocausto.El asalto del M-19La operación del M-19 inició en medio de una mañana lluviosa, con un grupo inicial de siete guerrilleros, entre ellos el comandante y abogado Alfonso Jacquin e Irma Franco, que ingresaron al edificio de la Corte Suprema de Justicia. A las 11:40 a.m., el asalto escaló. Dos camiones, dirigidos por el comandante militar Andrés Almarales, irrumpieron violentamente por la entrada de los parqueaderos, aseinando a los primeros vigilantes. La misión central del grupo insurgente era clara: presionar al presidente Belisario Betancur a través de un "juicio popular" en el que se le juzgaría por el incumplimiento de los acuerdos de paz.El objetivo clave estaba en el cuarto piso, donde la Sala Constitucional, presidida por el magistrado Manuel Gaona Cruz, discutía la ponencia sobre la inconstitucionalidad del Tratado de Extradición de colombianos a Estados Unidos. Al mediodía, el M-19 tenía como rehenes a cerca de 350 personas, incluidos los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, empleados y visitantes.La respuesta militarLa respuesta del Estado no tardó en llegar. Policía, F-2 y el Batallón Guardia Presidencial se desplegaron rápidamente, mientras helicópteros sobrevolaban el área. A las 2:00 de la tarde, la retoma militar se hizo oficial. Un tanque del Ejército irrumpió en la puerta principal del Palacio. Bajo el mando del general Jesús Armando Arias Cabrales y con el coronel Alfonso Plazas Vega al frente de las unidades blindadas, los tanques Cascabel y Urutú avanzaron.El coronel Plazas Vega, en una declaración a la prensa que pasó a la historia, aseguró haber entrado con los carros por orden directa, defendiendo la efectividad de los vehículos bajo fuego cruzado. "Recibí fuego de todas partes, pero los vehículos son buenos”, dijo.A las 3 de la tarde, el Palacio estaba cercado por tierra y por aire. Las explosiones y el fuego se extendían en su interior. Se temía por la vida de los rehenes y los magistrados que quedaban en grave peligro. Decenas de personas salían en fila y con las manos en alto, otros eran sacados en camilla heridos y conducidos a la Casa del Florero, convertida en central de mando de la retoma."Por favor, que cese el fuego"En un acto desesperado por la vida de sus compañeros, la voz del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, se escuchó en la radio nacional, en un dramático mensaje que clamaba al Presidente Betancur detener el operativo: "Por favor, que cese el fuego. La situación es dramática, estamos aquí rodeados de personal del M-19... es de vida o muerte."El llamado fue ignorado. El General Arias Cabrales tomó el mando total de la operación, y a pesar de la salida de decenas de rehenes, el combate se intensificó. Al caer la noche, una explosión sacudió el Palacio, y un incendio de grandes proporciones se apoderó de la edificación, consumiendo gran parte de los archivos judiciales. El fuego, que se extendió hasta la mañana siguiente, no solo destruyó el edificio, sino que también calcinó evidencia clave. Incluso, después de la retoma y en horas de la mañana del jueves, se registraron ejecuciones, como la del magistrado Manuel Gaona Cruz. El coronel Plazas Vega declaró que la situación estaba "perfectamente controlada" y que la mayoría de los rehenes vivos habían sido rescatados. "Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado casi la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos”, dijo en su momento.Sin embargo, el "rastrillo militar" posterior reveló el horror: cuerpos carbonizados y restos que evidenciaban torturas y ejecuciones. Al amanecer del jueves 7 de noviembre, el Palacio era un esqueleto humeante y en ruinas. Más de un centenar de muertos fue el saldo, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema. Además, actualmente ocho personas continúan desaparecidas. NOTICIAS CARACOL DIGITAL
Mauricio Gaona, otro de los huérfanos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, 40 años después habló con Noticias Caracol sobre lo que fueron los últimos meses de vida de su padre, el magistrado Manuel Gaona Cruz, quien para ese entonces exponía su ponencia dándole luz verde al tratado de extradición, clave en la investigación del holocausto.En una entrevista exclusiva, Gaona, abogado constitucionalista y Oppenheimer Scholar, reveló que por más de 30 años ha investigado lo ocurrido en la toma y la retoma, y recientemente lanzó un proyecto multimedia llamado ManuelGaonacruz.org, debido a que para él hay "una especie de silencio para que no se supiera lo ocurrido dentro de Palacio"."Ninguno asumió realmente lo que hizo, sino al contrario comenzaron a manipular la historia, pero nos dimos cuenta principalmente que los grandes responsables del crimen de Manuel Gaona Cruz, particularmente los ex miembros del M-19, lo explotaron hasta el máximo y lo siguen haciendo de una forma tal que, no solo negaron la inhumanidad del crimen atroz, sino que han tratado de convertirlo en parte de su propaganda, entonces el país perdió su memoria histórica", sentenció.Para él, hay "dos grandes culpables": la guerrilla del M-19, que cometió "un acto de terrorismo" al disparar a civiles y "ejecutar a jueces de la suprema Corte"; y el mando operativo del Ejército, que "inició disparando con tanques de guerra hacia una institución en donde habían más de 400 civiles".Las amenazas de Pablo Escobar al magistrado asesinado Manuel Gaona Cruz Manuel Gaona Cruz se enfrentó, a sus 43 años y con una hija de 10 meses, al "mayor Criminal que tenía, no solo Colombia y el mundo en 1985, que era Pablo Escobar, sino también contra la organización más rica y poderosa en ese año, que era el cartel de Medellín".El legado de su padre, según Mauricio Gaona, es "la convicción de obrar correctamente en la vida, la decisión de no negociar sus principios, bajo ninguna circunstancia aún las más difíciles, aún en contra de su propia seguridad". La amenaza era tan inminente que, según relata Gaona, en el sobre de la última misiva enviada por Escobar antes de la toma solo iba "una carta en blanco y un escapulario, no había nada más". Ante la inminencia de la tragedia, el magistrado optó por sentarse en su máquina de escribir.La noche previa al asalto, Gaona Cruz explicó a su familia que lo iban a obligar a hacer algo incorrecto que él no haría. Les dejó una frase que jamás olvidará: "Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque nadie lo va a hacer". Llevaba bajo el brazo su ponencia de extradición, la cual declaraba la figura de extradición de los criminales como "plenamente constitucional". ¿Qué se sabe del asesinato del magistrado?Manuel Gaona Cruz fue asesinado alrededor de la 1:00 de la tarde del jueves 7 de noviembre. En ese momento, "la guerrilla no tenía ninguna opción, simplemente estaba cumpliendo una orden, un compromiso". Su hijo detalló que su padre fue el último magistrado de la Sala Constitucional en quedar vivo. Tras su ejecución, se realizó un estudio pericial que demostró la trayectoria de las balas a 32 cm de distancia, disparadas por dos tiradores.El experto refuta las versiones que intentaron manipular la historia negando el uso de armas cortas por la guerrilla del M-19. "En el caso de Manuel Gaona, las balas serán de 9 mm y de pistola", aseguró. Además, seis testigos declararon haber visto esas pistolas y cómo fueron usadas.Mauricio Gaona concluyó que los testimonios de los testigos presenciales fueron acallados, y se instaló "una ley de manipulación completa de la historia", donde los responsables comenzaron a culparse mutuamente "como si las víctimas hubieran fallecido, pero nadie las hubiera asesinado".NOTICIAS CARACOL DIGITAL
La toma y retoma a sangre y fuego del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 marcó la vida de centenares de funcionarios del poder judicial. Cuarenta años después, las cicatrices dejadas por las balas de quienes interrumpieron y atacaron el Palacio parecen no sanar. Uno de los sobrevivientes es Orlando Arrechea Ocoró, quien en ese entonces se desempeñaba como Oficial Mayor de la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Arrechea no solo sufrió el secuestro a manos del M-19 y vio morir asesinados a varios de sus compañeros de trabajo, sino que sobrevivió a una tragedia posterior aún más horrible: fue torturado a manos de militares.Orlando Arrechea, originario del Cauca, contó en Noticias Caracol con orgullo el trabajo que realizaba en el Palacio de Justicia y recordó que era amigo incluso de los periodistas que pasaban los días frente a su oficina. Previo a la toma y retoma, comentó que era un "secreto a voces" que la Corte iba a ser atacada. "Todo el mundo lo sabía, en la cafetería todo el mundo hablaba de eso", afirmó, aunque aseguró que nunca imaginaron las dimensiones que tendría la tragedia.El miércoles 6 de noviembre de 1985, Arrechea salió a la cafetería, una costumbre diaria. De repente, se escucharon explosiones. En un momento, el administrador Orlando Bayo empezó a correr, y Arrechea, aunque le gritó, lo vio morir asesinado. El Ejército ingresó brevemente y usó escaleras para rescatar a la esposa del entonces ministro de Gobierno, Jaime Castro, y al hermano del presidente Belisario Betancur, prometiendo regresar por los demás, aunque nunca lo hicieron. Arrechea fue sacado del Palacio a las 4 p.m., junto a otros rehenes, caminando en fila y pegados a la pared.La alegría por la libertad duró poco. Al salir, Arrechea y otros fueron llevados a la Casa del Florero. Le contó a Noticias Caracol que allí, a manos de los militares, padeció "la más horrible tragedia que un inocente pueda soportar, la tortura". Arrechea se encontraba indocumentado. Los militares interrogaban a cada rescatado, con la sospecha de que los guerrilleros intentarían salir haciéndose pasar por empleados. Alrededor de las 6 o 7 p.m., los más jóvenes fueron llevados al segundo piso, donde se realizaban los interrogatorios a cargo de la Inteligencia Militar.Allí comenzaron las acusaciones y el "ablandamiento". Arrechea fue golpeado con "trompadas, patadas". Se le dijo directamente que era guerrillero, y lo acusaron de haber estado en la toma de Corinto, algo que él negó rotundamente. El Ejército, posteriormente, lo reportó como sospechoso en un oficio, incluyéndolo en una lista de seis personas detenidas en las inmediaciones del Palacio para establecer sus identidades.El temor de Arrechea se intensificó cuando supo que lo llevarían a la Escuela de Caballería en Usaquén. Arrechea ideó una estrategia de supervivencia: escribir su nombre en papelitos y lanzarlos a los periodistas que lo conocían. Quería que supieran que no estaba ni en su oficina ni en el Palacio, y que no había desaparecido.En Usaquén, el sufrimiento continuó. Fue enviado a las caballerizas y sometido a torturas, posiblemente "más fuertes" que las anteriores, siendo llamado "delincuente". Una persona lo reconoció al ingresar a la guarnición militar y avisó a su familia. Este relato coincide con el documental "Huellas de Desaparición", realizado por Forensic Architecture y la Comisión de la Verdad.Arrechea aseguró que lo ocurrido a un exguerrillero llamado William Almonacid —quien aparece en una imagen junto a él en una camioneta, y que luego apareció muerto con un "tiro de gracia" después de haber estado en Usaquén— era lo que intentarían hacer con él, y que solo "Dios me salvó". Un familiar logró identificarlo al día siguiente al pedir un certificado de sueldo en el Ministerio de Hacienda.Pese a haber demandado a la Nación por todo lo vivido, su caso en el Consejo de Estado está paralizado. Arrechea lamentó que se haya "inventado la prescripción", alegando que debieron haber denunciado en los dos años siguientes. Después de cuarenta años esperando, Orlando Arrechea, quien sobrevivió dos veces al Holocausto del Palacio de Justicia, confía solo en la justicia divina.NOTICIAS CARACOL
El expresidente Álvaro Uribe anunció este miércoles que pedirá a la bancada de su partido, el Centro Democrático, buscar una coalición política en el Congreso para indultar a los militares que participaron hace 40 años en la retoma del Palacio de Justicia, "condenados o todavía en investigación o juicio"."Pediré a la bancada del Congreso del Centro Democrático buscar en coalición una ley o un Acto Legislativo que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria", expresó el exmandatario en X en vísperas de la conmemoración de la toma y retoma de la sede judicial.Uribe añadió que la medida debe "tener efecto sobre los fallecidos" para "buscar un texto que no afecte el honor militar" y sostuvo que, aunque "es de justicia", lamenta que "sea tarde".La toma del Palacio de Justicia, situado en el centro de Bogotá, fue perpetrado el 6 y 7 de noviembre de 1985 por el grupo guerrillero M-19, y la posterior retoam del edificio por el Ejército Nacional dejó un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y un número no establecido de desaparecidos.En las últimas décadas, varios altos mandos militares han sido condenados por desapariciones forzadas y homicidios relacionados con los hechos, entre ellos el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, inicialmente sentenciado y luego absuelto por la Corte Suprema, y el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por la desaparición de once personas.Los responsables de la toma y retoma del Palacio de Justicia, miembros del M-19 como los cabecillas Andrés Almarales y Luis Otero no fueron procesados judicialmente en su mayoría porque murieron durante la operación militar de recuperación de la sede judicial.En 1990, los integrantes del M-19 que sobrevivieron al conflicto armado se desmovilizaron tras firmar un acuerdo de paz con el Gobierno, que les concedió amnistía por los delitos políticos relacionados con su actividad insurgente.EFE
El delantero Julián Quiñones se convirtió este martes, con tres goles anotados en el Mundial 2026, en el quinto goleador mexicano en los Mundiales.La lista la encabezan con cuatro dianas Luis Hernández y Javier 'Chicharito' Hernández. Quiñones igualó con los tres que ha firmado a Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, quien en la actualidad es ayudante del seleccionador Javier Aguirre.Aunque nacido en Colombia hace 29 años, 'Kingñones', como es llamado cariñosamente en el ámbito del Tri, se nacionalizó mexicano en octubre de 2023.El máximo goleador de la liga saudí con el Al Qasdiah marcó el primer gol del Mundial en la victoria con debut por 2-0 sobre Sudáfrica y añadió otro en la goleada por 3-0 a República Checa. Este martes hizo el primero del triunfo por 2-0 en el estadio Azteca que eliminó a Ecuador y clasificó a los locales a los octavos de final.Trabajo, unión y familia, son las razones del éxito de México, según dijo el goleador al término del partido.Frente a las críticas iniciales por carecer México de jugadores en clubes de Europa, dijo que la plantilla de Aguirre ha nivelado todo con trabajo."Aunque no estemos jugando en Europa, no quiere decir que no trabajamos al ciento por ciento para la selección. El trabajo, la unión y la familia son las principales razones del éxito", destacó.Y consultado sobre las suspicacias que despertó su nacionalización y posterior llegada al Tri, quitó hierro al enfatizar que su interés es trabajar y sacrificarse por el equipo."Yo no callo bocas. Si cuando criticaban no dije nada, ahora no voy a decirlo", puntualizó.
México avanzó a los octavos de final del Mundial Norteamérica 2026 tras derrotar 2-0 a Ecuador en su estadio Azteca.Es el primer triunfo del Tri en un choque de eliminación directa en 40 años, desde que avanzó a cuartos de final en la justa de 1986, en la que también fue anfitrión.El próximo rival en el Mundial, organizado por México junto a Estados Unidos y Canadá, saldrá del vencedor en el partido entre Inglaterra y RD Congo, que se disputa el miércoles.Ese choque se celebra también en el Azteca, donde México se mantiene invicto en los Mundiales, que ha organizado en tres oportunidades.Julián Quiñones abrió el marcador a los 22 minutos y Raúl Jiménez selló el triunfo nueve minutos después (31'), dos goles que hicieron que la tribuna se viniera abajo y que volara cerveza.México siempre fue superior y presionó desde el inicio con el apoyo de unos 80.000 espectadores que alentaron con vigor y abuchearon desde el himno hasta cada toque de bola de Ecuador."¡Dale, dale México!", coreó. Cantó, gritó 'ole' a los pases del Tri, bailó macarena... nunca bajó el ánimo. Los jugadores pedían"¡México (pam, pam, pam), México!", "Y si sí, y si sí"... otra consigna viral.También cayó otra vez desde las gradas el ya sancionado grito de "puto" en los saques de portería rivales.Ambos fueron golazos. En el primero, Ecuador adelantó la marca para tratar de recuperar el balón sin éxito y quedó expuesto. El delantero Roberto Alvarado recuperó el balón para Quiñones que salió disparado al área para rematar un misil de derecha.Luego, en otro error defensivo, Joel Ordóñez cortó y dejó el balón en los pies de Jiménez, que hizo pared con Quiñones para ampliar el marcador con un bombazo de derecha al ángulo.El partido inició con una hora de atraso por una tormenta eléctrica en Ciudad de México.En medio de la impotencia de verse eliminado, Ecuador perdió por expulsión a Piero Hincapie. Tras el pitazo final, en el azteca se coreó "El rey" para sellar la celebración.
El médico británico Foster Martinson señalado del asesinato de Natalia Villalba en Bogotá será imputado en las próximas horas por la Fiscalía General de la Nación tras ser recibido por la justicia colombiana y legalizar su detención el pasado 29 de junio.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Así llegó Foster Martinson a BogotáCon la mirada fija en el piso, el ciudadano inglés llegó a Colombia y será imputado por el delito de feminicidio agravado de Natalia Villalba, joven cucuteña, quien fue encontrada sin vida al interior de una maleta en el baño de un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.El sospechoso fue capturado en Ecuador, en el aeropuerto de Quito, cuando, según las autoridades, pretendía abordar un vuelo hacia el Reino Unido para evadir la justicia colombiana.Para vincularlo con el asesinato de Natalia Villalba, los investigadores reconstruyeron paso a paso sus movimientos en el edificio. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso al apartamento alquilado por Natalia y luego lo registraron recorriendo los pasillos. Los investigadores también hallaron tres objetos contundentes en el apartamento con huellas del británico.Habla mamá de Natalia VillalbaEl crimen ocurrió el 18 de junio y desde entonces la madre de Natalia pide justicia. “Natalia no se merecía esto. Era mi hija mayor y era muy, muy buena conmigo. Nos amábamos demasiado”.Además del delito de feminicidio agravado, a Foster Martinson las autoridades le imputarán ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
La historia de Melisa Gaona es un registro de años de búsqueda de respuestas frente a una condición que a menudo se suele minimizar. Diagnosticada con endometriosis profunda, Melisa describe esta enfermedad como un “cáncer blanco”, término utilizado por su comportamiento invasivo, similar a una metástasis, que se extiende a órganos como el hígado, los pulmones, los riñones o el corazón. (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)En una entrevista con la periodista María Elvira Arango, en el programa En Aguas Profundas, abrió su corazón para explicar que aunque no avanza con la rapidez de otros cánceres, produce un sufrimiento prolongado.Para Melisa, el contacto con los hospitales comenzó a los 18 meses de vida debido a una peritonitis por apéndice explotado. Sin embargo, el punto de quiebre fue su primer periodo menstrual. Describe dolores de nivel 10 sobre 10 las 24 horas del día, acompañados de vómitos, desmayos e incapacidad para caminar. Ante estos síntomas, la respuesta recurrente de su entorno y de los profesionales de la salud era: “Es normal, a todas nos duele”.Este proceso de normalización del dolor la llevó a consultar médicos que calificaron su situación como un "show" o la tildaron de hipocondríaca. Melisa relató episodios de deshumanización clínica, como el de una doctora que, ante su confesión de no querer vivir más por el dolor, le respondió: “Mátese”. Lea también: El "hombre encantador" que estafó a mujer colombiana: así era su táctica de seducción En otra instancia, un médico internista le dijo: “Si se quiere matar, mátese, deje de hacer show”. Incluso reporta maltrato físico y comentarios inapropiados por parte del personal de enfermería durante sus hospitalizaciones.El agotamiento físico y emocional, sumado a la falta de un diagnóstico efectivo, llevó a la joven a solicitar la eutanasia en Colombia. Su intención no era terminar con su vida por falta de aprecio a la misma, sino por la imposibilidad de habitar un cuerpo con dolor constante. “Uno no es que no quiera vivir porque es que la vida es hermosa lo que uno no quiere es sentir dolor porque es que no te permite vivir la vida”, explicó. Tras una intervención quirúrgica en Colombia en la que le indicaron que tenía el útero, el intestino y la vejiga pegados, su estado de salud empeoró. El dolor al caminar se volvió similar a recibir estocadas con un cuchillo en la ingle. La solución definitiva no llegó en su país, sino en Mumbai, India, de la mano de su pareja, Mateo, quien la cargó durante todo el trayecto ante su incapacidad de movimiento.En la India, los médicos calificaron la cirugía previa realizada en Colombia como “rudimentaria” y “hecha a las patadas”, según consta en su historia clínica. Los especialistas encontraron restos de órganos mal intervenidos que generaban infecciones. En Mumbai, Melisa se sometió a una cirugía compleja y a una ablación de nervios para bloquear las señales de dolor.Actualmente, Melisa reporta un nivel de dolor de 3 sobre 5, lo que considera un cambio radical que le permite recuperar su funcionalidad. A pesar de que la endometriosis es una enfermedad crónica y progresiva sin cura definitiva, su objetivo es la pedagogía. Denuncia que la Ley 2338 en Colombia, aunque existe en el papel, no se traduce en centros de atención pública integral para las mujeres con este diagnóstico.Melisa, quien está próxima a casarse con Mateo, concluye que su dolor ahora tiene un significado: evitar que otras niñas y mujeres pasen por lo mismo bajo lapremisa de que el dolor menstrual es normal. “No es normal que una mujer tenga dolor, no es normal que una niña tenga dolor”, sostiene, abogando por diagnósticos tempranos y tratamientos integrales.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México derrotó sin problemas por 2-0 a Ecuador este martes y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, fase a la que regresa luego de una eliminación temprana en Catar 2022 y en la que aguarda por Inglaterra o República Democrática del Congo.Quiñones y Jiménez convirtieron por el Tri que mantuvo el control del partido, aun cuando los ecuatorianos tuvieron momentos de lucidez, aunque reincidieron en su mayor carencia: la falta de puntería en el área.Impulsados por más de 80.000 hinchas, los mexicanos dominaron en los primeros 10 minutos en los que se acercaron al área de manera peligrosa en tres ocasiones, una de ellas con un remate de cabeza de Raúl Jiménez, a punto de abrir el marcador.Ecuador se recuperó y de a poco rompió el cerrojo de cuatro defensas mexicano. En el minuto 17 llegó al área con un remate de zurda de John Yeboah que pegó en el travesaño.A los 22 minutos, México celebró. Quiñones aceptó un balón de Roberto Alvarado, se escapó sin marca por la banda derecha y, paciente, hizo una pausa antes de rematar de derecha al ángulo para poner el 1-0 en el marcador.Ecuador se reorganizó, pero en el 31 recibió un segundo golpe. Jiménez le puso una pared a Quiñones, quien puso una asistencia para que el jugador del West Ham hiciera el 2-0 con un disparo al ángulo.Provocadores, los hinchas mexicanos insistieron en el grito homofóbico que suelen repetir y que en mayo pasado habían entonado ante el presidente de FIFA, Gianni Infantino, quien hoy volvió a escuchar la ofensa sin inmutarse.En la segunda parte, México se echó atrás en espera de un contragolpe y Ecuador atacó aunque sin precisión.México hizo una descolgada sin éxito por banda derecha con Brian Gutiérrez, quien había sustituido a Gilberto Mora, convertido esta noche en el segundo jugador más joven en ser titular en la historia de los Mundiales con 17 años y 259 días, 20 días más que Pelé cuando enfrentó a Gales en Suecia 1958.Ecuador estuvo cerca de descontar en el 74. Kevin Rodríguez le ganó la carrera a César Montes y remató con el guardameta Raúl Rangel vencido, pero disparó desviado.La mala noche de Ecuador se confirmó en el 90+5 con la expulsión a Piero Hincapié, quien se tapó la boca para, presuntamente, ofender a un rival.En la ronda de los 16 mejores, México se enfrentará el 5 de julio al ganador del partido entre Inglaterra y RDC.