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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fue destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría por el supuesto mal manejo de una crisis de basuras de la capital colombiana.
"La Comisión solicita al Gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego", señala la decisión de la CIDH publicada esta noche por medios colombianos.
El documento de la CIDH, con sede en Washington, agrega que la medida se toma para que Petro "pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá".
(Vea aquí el documento completo que favorece al alcalde de Bogotá Gustavo Petro)
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Petro fue elegido alcalde por voto popular el 30 de octubre de 2011 para el periodo 2012-2015. "La Comisión también solicita al Gobierno de Colombia que tenga a bien informar, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la siguiente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica", agrega el documento.
Según este organismo del Sistema Interamericano, "tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho" presentadas por los defensores del alcalde en diciembre pasado, la Comisión considera que "los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego (...) se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia".
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Las medidas cautelares de la CIDH se anuncian el mismo día en que el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo de Colombia, negara las últimas tutelas que buscaban suspender la destitución e inhabilitación que le impuso el pasado 9 de diciembre el procurador general, Alejandro Ordóñez.
Con ese fallo se agotaron las instancias legales de Petro contra esa sanción de la Procuraduría. Horas antes del fallo de la CIDH, Petro había depositado en la ese tribunal internacional su esperanza de evitar la destitución e inhabilitación mediante medidas cautelares.
"No sabemos si el sistema interamericano nos proteja o no. Si no lo hace, no nos quedará un centímetro cuadrado de justicia", dijo el alcalde de la capital colombiana.
La Procuraduría considera que Petro cometió faltas graves en diciembre de 2012 al cambiar el modelo de recolección de basuras de Bogotá de manos privadas a un modelo público, lo que ocasionó durante tres días una crisis en ese servicio en la ciudad.
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Según la Constitución colombiana, la Procuraduría General ejerce el Ministerio Público y el control disciplinario de los funcionarios del Estado, inclusive los de elección popular, y representa a la sociedad, sin competencia penal.
La situación del alcalde esta ahora en manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que debe decidir si acata la destitución ordenada por la Procuraduría o las medidas cautelares de la CIDH, sobre las cuales hay polémica en el país en el sentido de si son de obligatorio cumplimiento o no.
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