El Ministerio de Educación Nacional anunció este viernes que el Gobierno Nacional amplió de manera temporal las funciones del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para que pueda intervenir infraestructura de instituciones de educación superior públicas que haya resultado afectada por el terremoto de 7,4 que ocurrió en San José del Palmar, Chocó, el pasado 10 de agosto.
La medida quedó establecida en el Decreto 1421 del 17 de septiembre de 2026, expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional. La norma modifica temporalmente el alcance de las funciones del fondo para permitirle "viabilizar, financiar, estructurar y ejecutar proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación, rehabilitación y dotación de infraestructura física de instituciones de educación superior públicas ubicadas en los municipios comprendidos en la emergencia económica, social y ecológica".
De acuerdo con las consideraciones de la norma, el Ministerio de Educación recibió, hasta el 27 de agosto, 410 reportes de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, mediante un instrumento creado para recopilar información sobre daños, afectaciones y necesidades ocasionadas por el sismo. Ese proceso permitió identificar 72 sedes de instituciones de educación superior públicas con afectaciones dentro del territorio cobijado por la declaratoria de emergencia. El decreto también señala que los daños en algunas de estas sedes afectan las condiciones necesarias para su funcionamiento. Por esta razón, "deberán contar con verificación y valoración técnica de las afectaciones".
¿Qué podrá hacer el FFIE en las universidades públicas?
El Decreto 1421 adicionó un parágrafo transitorio al artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, modificado posteriormente por la Ley 1955 de 2019. La modificación permite que, mientras se atiende la emergencia derivada del terremoto, el objeto del FFIE también comprenda proyectos relacionados con infraestructura de instituciones de educación superior públicas. Entre las intervenciones contempladas están:
- Construcción de infraestructura educativa.
- Mejoramiento de instalaciones.
- Adecuación de espacios.
- Ampliación de sedes.
- Rehabilitación de infraestructura.
- Dotación de infraestructura física.
- Estudios y diseños necesarios para las obras.
- Interventorías.
- Consultorías y otros contratos asociados con la ejecución de los proyectos.
La medida podrá aplicarse tanto a instituciones ubicadas en zonas urbanas como rurales, siempre que se encuentren dentro del territorio cobijado por la emergencia.
¿Qué universidades públicas podrán acceder a estos recursos?
El Decreto 1421 incluye una relación de las 72 sedes de instituciones de educación superior públicas que, según la información recopilada por el Ministerio de Educación y depurada con datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentaban afectaciones dentro del territorio de la emergencia. La distribución registrada en el decreto comprende sedes ubicadas en departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
Entre los municipios con sedes reportadas aparecen Medellín, Envigado, Bello, Marinilla y Rionegro; Manizales y Pensilvania; Popayán, Santander de Quilichao y Suárez; Quibdó; Girardot, Facatativá, Zipaquirá y Soacha; Neiva; Pasto; Armenia y La Tebaida; Pereira y Dosquebradas; además de distintos municipios del Valle del Cauca, entre ellos Cali, Roldanillo, Tuluá, Buenaventura, Palmira, Buga, Yumbo, Cartago, Sevilla, Caicedonia y Zarzal.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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