La acción fue presentada por Luis Eduardo Hincapié, quien alegó que la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda habían vulnerado el debido proceso y el acceso a la administración de justicia al programar la subasta sin el fallo del Consejo de Estado.
La juez consideró que Hincapié no podía imponer ninguna acción o recurso pues no era parte del proceso. También argumentó que no probó adecuadamente los derechos vulnerados y que debió haber presentado primero una demanda de nulidad ante el contencioso administrativo.
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