Niños y jóvenes, víctimas silenciosas de otra violencia en Colombia

En menos de una semana la muerte de un joven de 14 años en un colegio público en Bogotá que presuntamente había sido presionado por compañeros mayores a consumir una mezcla alucinógena y el fallecimiento de una pequeña de dos tras ser abusada por su padrastro reabrieron el debate sobre la situación de los niños en el país. El estudiante muerto fue uno de los 22 intoxicados en una institución capitalina después de que al parecer inhalaran una mezcla preparada con polvo de un extintor y otra sustancia que aún no ha sido determinada por las autoridades. El caso ha puesto sobre el tapete la venta de estupefacientes en los colegios, pero además develó la posibilidad de que el acoso o matoneo escolar haya estado en el trasfondo de esta tragedia. "Allá venden droga e intimidan a los estudiantes para que compren", declaró el padre del estudiante fallecido, Jairo Sánchez, a medios locales, al denunciar que su hijo fue obligado a inhalar la mezcla. Un día después de ese hecho se conoció la muerte de una niña de escasos dos años que permanecía recluida desde el viernes pasado en un hospital de la ciudad de Bucaramanga (noreste) como consecuencia de un golpe que tenía en la cabeza y a quien los médicos le hallaron evidencia de haber sido víctima de violación. Las autoridades responsabilizaron al padrastro por este caso, ocurrido días después de que otro niño de dos años fuera ultrajado en una zona rural de la localidad Cota (centro), en un hecho que la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, calificó de "crimen atroz e inadmisible". Según el ICBF, la entidad encargada de la prevención y protección de los niños y adolescentes y el bienestar de las familias, en Colombia hay vigentes más de 19.000 procesos por violencia sexual, la mayoría de ellos en la modalidad de abuso. Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses citadas por el ICBF señalan que en 2014 se registraron 10.402 dictámenes por violencia contra niños, niñas y adolescentes. "Lo más preocupante es que el padre y la madre son los agresores más frecuentes", alertó la institución. Al margen del maltrato que se viven en el seno del núcleo familiar, la Defensoría del Pueblo puso al descubierto otra forma de violencia, la estatal, a raíz de irregularidades descubiertas en los programas de alimentación escolar en al menos doce municipios de tres departamentos del país. La Defensoría denunció problemas de insalubridad en la conservación, manipulación y producción de alimentos, así como en la contratación y la falta de garantías para los empleados y en las condiciones en las que se suministran los alimentos a los menores. Los niños y jóvenes tampoco han quedado al margen del conflicto armado que Colombia padece hace más de cinco décadas y durante el cual han sido reclutados miles de menores. El tema ha sido abordado en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las FARC, y derivó, en febrero pasado, en un anuncio de la guerrilla en el sentido de no incluir en sus filas a menores de 17 años aunque el equipo oficial exigió extender la medida a los que actualmente integran ese grupo rebelde. En respuesta las autoridades han implementado campañas para erradicar el maltrato infantil o han adoptado medidas para prevenir los delitos cometidos por menores, como la que entró en vigor este viernes en la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, que prohibió a los jóvenes salir a las calles después de las diez de la noche. La iniciativa de Soacha, una de las ciudades cercanas a Bogotá con mayores índices de violencia, bien puede extenderse a otros lugares del país con el fin de proteger a una niñez cada vez más asediada por la delincuencia, la intolerancia y el descuido en el seno familiar.