“No se sabe de dónde vinieron las balas”: exjefes de las FARC hablan del crimen de Consuelo Araujo

Miembros del extinto Bloque Caribe se refirieron a su relación con empresarios y justificaron la práctica del secuestro: “Del cielo no iban a caer 5 centavos”.
Por primera vez desde que se reincorporaron a la vida civil en 2016, quince altos mandos del extinto Bloque Caribe de las FARC, incluidos dos miembros del secretariado, le dieron la cara a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Ocurrió el pasado 6 de diciembre en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Pondores, en La Guajira. Noticias Caracol conoció su declaración.
Uno a uno los excomandantes guerrilleros se presentaron ante el magistrado Roberto Vidal López de la JEP.
El objetivo de esta versión colectiva era documentar la práctica del secuestro en la zona norte de Colombia.
Inicialmente, la diligencia comenzó con críticas al gobierno por parte de Juan Hermilo Cabrera Díaz, exintegrante del secretariado de las antiguas FARC.
“Son quienes nos han mal gobernado quienes persisten en mantenernos en una horrible noche”, dijo.
Reclamos fueron y vinieron por los casi 200 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz.
Pero antes de que continuaran, el magistrado Vidal pidió entender que no era momento para discutir eso, sino que se buscaba esclarecer la verdad.
Entonces, arrancó la diligencia.
Abelardo Caicedo, otrora comandante del frente 19, explicó cómo esa guerrilla decantó el secuestro como política de guerra.
“Algunos dicen que eso es extorsión, pero nosotros les decíamos: no, es colaboración porque al fin y al cabo las personas también se vieron beneficiadas. Los ganaderos, con la presencia nuestra, se les impedía también el abigeato”, sostuvo.
Luis Alejandro Cuadros, excomandante del desaparecido frente 59 en La Guajira, añadió: “Esta es una zona donde está el vándalo, están los paramilitares, están los delincuentes, están todo ese tipo de malandros y, como había un respeto con las FARC, entonces esos empresarios también buscaron hablar con nosotros”.
Es decir, era preferible que les pagaran a ellos a cambio de una supuesta protección en esa zona Caribe.
En medio de tantas justificaciones, Uriel Antonio Oviedo, exintegrante del extinto frente 37, señaló que “para sostenernos teníamos que hacer retenciones económicas. Del cielo no iban a caer cinco centavos, nos tocaba rebuscarnos”.
El exministro Araujo
Tras expresar sus polémicas tesis, se analizaron dos casos concretos. El primero, el del exministro Fernando Araújo Perdomo, secuestrado el 4 de diciembre del año 2000 en Cartagena y quien estuvo seis años en poder de las FARC.
“Al señor Araújo Perdomo siempre se le dio un trato preferencial y excepcionalmente bueno. De igual manera, las fechas que fueran especiales para él -como lo eran cumpleaños, Navidad y Año Nuevo- se propendía por acceder a las solicitudes del retenido como comidas especiales, buñuelo, natilla, sancocho de gallina criolla”, afirmó Lida María Urrego Lascarro, exintegrante del extinto frente 35.
Además, añadió: “Si bien la selva no era un hotel cinco estrellas, siempre su dormida fue la mejor, su cobija bien limpia, su ropa lavada, su calzado, todos sus útiles de aseo, su radio transistor, su televisor”.
De acuerdo con este relato, la orden del plagio provino de Iván Márquez, hoy jefe de las disidencias de las FARC, y de Martín Caballero, abatido en octubre de 2007 por el Ejército.
Urrego Lascarro insistió en que están dispuestos a decir la verdad.
El crimen de ‘la Cacica’
El doloroso caso de Consuelo Araujo Noguera siguió en la lista. La exministra de Cultura cayó en un retén de las FARC en la vía que de Patillal conduce a Valledupar y posteriormente fue asesinada.
En la audiencia con la JEP, todos insistieron en que se trató de una equivocación. Según los exjefes de las FARC, solo iban a retener a sus escoltas porque estaban armados, pero ‘la Cacica’ se negó a dejarlos.
El objetivo de ese retén, insistieron, era mostrar que las FARC, a pesar de la arremetida paramilitar, seguían manteniendo el control de la región.
“Nunca la organización planeó retenerla y mucho menos atentar en contra de su humanidad. Cuando vimos por última vez a la señora Araújo Noguera se encontraba viva. Sin embargo, no podemos establecer las situaciones que rodearon su muerte, pudo haberse dado en virtud del fuego cruzado”, aseguró Samuel Galvis, exintegrante de la guerrilla.
El excombatiente Manuel Mendoza complementó: “Yo acepté el secuestro, pero no el homicidio porque yo no actué contra ella. Eso era una balacera que no se sabe de qué parte vinieron las balas”.
Una versión que riñe con las conclusiones de la justicia ordinaria, que condenó a las FARC como responsables del asesinato de Consuelo Araújo. Será la JEP la encargada de resolver esos vacíos.
El proceso es complejo y las víctimas ahora podrán evaluar esos relatos. No obstante, siguen rondando preguntas: ¿qué pasó con los 522 secuestrados que murieron en cautiverio, como documentó la Procuraduría?, ¿quiénes se beneficiaron del secuestro de empresarios y políticos? ¿qué tratos degradantes les dieron a sus víctimas?