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La Corte Constitucional determinó que cuando una mujer está embarazada, la ley debe protegerla al punto que sus empleadores no pueden despedirla a ella ni a su pareja. Esto, mientras permanezca en estado de gestación o de lactancia.
El despido solo procederá, según la sentencia del Tribunal constitucional, a través de un permiso expreso del Ministerio de Trabajo. Igual restricción y requisito incluye a parejas del mismo sexo.
El concepto fue emitido tras el estudio de una demanda presentada contra el Código del Trabajo, en la que se argumentó que la norma era discriminatoria contra las parejas de la gestante.
La votación final fue de 5 magistrados a favor y 4 en contra, se consideró por la mayoría que en el caso abordado hubo una comisión legislativa frente a la figura del padre y por eso se procedió a amparar tanto a la madre como a su pareja, incluso si se trata de uniones del mismo sexo.
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