La resolución en la que el presidente Gustavo Petro designa al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz fue firmada este lunes, 14 de agosto de 2023.
En la resolución 244 de 2023 “se designa como gestor de paz a un exmiembro de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia y se dictan otras disposiciones”, señala el documento.
El Gobierno estableció que Salvatore Mancuso será gestor de paz para contribuir, “con su conocimiento y experiencia, al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo el territorio nacional, priorizando las zonas donde ejerció su actividad criminal”.
Para ello, el Gobierno nacional solicitará a las autoridades competentes la suspensión de las medidas judiciales vigentes contra Salvatore Mancuso Gómez, quien fue extraditado a Estados Unidos en el 2008.
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El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso deberá, según la resolución, firmar un acta ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz en la cual “se compromete a asistir personalmente a las diligencias en Colombia y a rendir informe sobre las actividades desarrolladas en calidad de gestor de paz”.
En caso de incumplir con los compromisos, señala el documento, a Salvatore Mancuso se le revocará la designación de gestor de paz y “se reactivarán las medidas penales ordinarias y las que existan en Justicia y Paz”.
#Atención El presidente Gustavo Petro firmó la resolución en la que designa a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, como gestor de paz y pide la suspensión de las medidas judiciales en su contra.
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 15, 2023
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Cuentas pendientes de Salvatore Mancuso con la justicia colombiana
Las cuentas pendientes de Salvatore Mancuso por miles de delitos de lesa humanidad en Colombia se dividen en cuatro capítulos. El primero, sus dos condenas por parte del tribunal de Justicia y Paz en 2014 a un máximo de 8 años por 1.500 delitos relacionados con masacres, homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y tortura.
El segundo capítulo de sus cuentas pendientes es ante la justicia ordinaria: la Fiscalía lo acusa de lavado de activos después de su desmovilización, en alianza con la empresaria del chance Enilce López, con parte de su familia y otros implicados. Según el ente investigador, la alianza superó los 200.000 millones de pesos. Si esto se comprueba, sería excluido de Justicia y Paz y sometido a condenas de hasta 40 años de prisión.
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El tercer capítulo tiene que ver con la puerta que tocó el mismo exjefe paramilitar ante la JEP, el otro sistema de justicia transicional creado tras los acuerdos con las FARC. Mancuso se ha presentado como tercero civil que financió la conformación de grupos armados ilegales, haciendo múltiples referencias al apoyo que brindó con las denominadas Convivir en los departamentos de Antioquia y Córdoba.
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El capítulo final es sobre el ventilador que el mismo Mancuso ha prendido en recientes declaraciones, por las cuales se abrirían nuevos procesos, ya sea ante Justicia y Paz o la justicia ordinaria. Mancuso ha hablado de financiación y apoyo a campañas presidenciales, una de ellas sería la del expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2002.
También dice tener información sobre un complot desde el gobierno Uribe contra la Corte Suprema de Justicia para desprestigiarla, en el que asegura le pidieron su participación.
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