El procurador general, Alejandro Ordóñez, recibirá el próximo 4 de junio al expresidente Álvaro Uribe para que explique la denuncia sobre supuesta financiación ilegal de la campaña electoral del presidente Juan Manuel Santos en 2010.
La diligencia se hará en la Procuraduría debido a queUribe alegó falta de garantías para declarar ante la Fiscalía General
por esta denuncia que ha calentado la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo.
Ordóñez anunció en Bogotá que se tomarán testimonios del caso, no solo a Uribe, sino a otras personas clave en este proceso disciplinario, entre ellos el presidente Santos.
El funcionario dijo que a Santos se le enviará un oficio "porque en su condición de aforado tiene unos trámites procesales diferentes, y al señor expresidente Alvaro Uribe Vélez, se le fijó la fecha del 4 de junio en las horas de la tarde" para su declaración.
Agregó que la investigación busca establecer si Germán Chica, exasesor de asuntos políticos del presidente, cometió irregularidades al intermediar junto con el publicista venezolano J.J. Rendón, hasta la semana pasada estratega de propaganda de la campaña de Santos, en un intento de entrega de un grupo de narcotraficantes, supuestamente a cambio de dinero.
El narcotraficante Javier Antonio Calle Serna, alias "Comba", actualmente preso en Estados Unidos, dijo a la Fiscalía que en 2011 con tres socios suyos pagó 12 millones de dólares por esa intermediación.
Según Uribe, existe la "hipótesis" de que Rendón haya aportado dos millones de dólares para pagar deudas de la campaña de Santos en 2010 y sugirió que ese dinero podría ser producto del pago de los narcotraficantes, pero sin aportar prueba alguna.
"Por ello hemos decretado la recepción de testimonios de la exfiscal general Vivian Morales, del exdirector de la Policía, Óscar Naranjo, del narcotraficante alias 'Comba' y el testimonio del señor J.J. Rendón", agregó el procurador.
El jefe del Ministerio Público dijo además que no tiene conocimiento sobre el contenido que podría entregar Uribe en este proceso, pero aclaró que según la ley habrá reserva en determinados espacios.
"Esa reserva no es opción de los funcionarios públicos ni judiciales; guardar esa reserva es una obligación de carácter legal, incluso, se incurriría en delitos si se filtra esa información en los momentos procesales donde no es permitido", afirmó.
Updated: diciembre 26, 2014 08:00 p. m.